El ministerio público se apresta a sentar al convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández Perez y a la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, como parte de los testigos en el juicio en contra del exadministrador de Servicios Generales (ASG), Luis Castro Agis.

El juicio está señalado para comenzar el 2 de mayo pendiente a resolverse una moción de desestimación de los casos radicada por la defensa del exfuncionario de la administración de Alejandro García Padilla.

Aunque las partes llevaban meses negociando para lograr un acuerdo, los fiscales especiales informaron este lunes a la defensa que determinaron dar por terminadas las conversaciones e iniciar el juicio en su fondo.

Hernández será el primer testigo junto a su socio Hector Vargas en el caso contra Castro Agis quien enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, violaciones a la ley de etica y perjurio por alegadamente favorecer a las empresas de Hernández Perez para contratos públicos a cambio de beneficios y regalos.

Entre los testigos de la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (PFEI), se encuentra Vila Biaggi, quien será determinante para probar el caso, supo este diario porque presuntamente ordenó la cancelación del contrato en ASG con la empresa 3Comm Global.

Luego de la orden de la exsecretaria de la Gobernación, Castro Agis y el empresario se pusieron de acuerdo y se firmó otro contrato para ofrecer los mismos servicios en ASG pero con otra de las empresas de Hernández Perez, Eko Technologies, dijo a NotiCel la fiscal especial Zulma Fuster Troche.

Además de Vila Biaggi, el ministerio público cuenta con el testimonio de Rafael García, un exempleado de ASG que cuestionó el contrato con la empresa del exrecaudador del PPD, Jose Rodríguez, quien fungía como empleado de Eko Technologies y Juan Baez, oficial de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Según el ministerio público, la defensa de Castro Agis pretendía sentar a Michelle Angleró, directora de la División Legal de ASG, pero no está claro si finalmente presentarán su testimonio debido a los señalamientos de la reciente auditoría realizada por la Oficina del Contralor en la que se encontró irregularidades al otorgar contratos para funciones que se supone realizaran empleados regulares de la agencia. La auditoría atribuyó las fallas a Angleró por obviar las disposiciones legales y reglamentarias.

Sin embargo la defensa del exfuncionario aclaró que no se ha descartado presentar la testigo.

'Yo no he renunciado a presentar a Angleró como testigo. Es el testimonio de Angleró el que abre la puerta a nuestra moción de desestimación', expresó el licenciado Francisco Reyes, abogado del exfuncionario.

La defensa de Castro Agis radicó una moción solicitando que se desestime el caso porque alegadamente el ministerio público le ocultó parte de la evidencia.

'A pesar de que aquí no se solicitó el descubrimiento de prueba, el PFEI tenía la obligación de entregar los documentos. Nunca lo hicieron. Entendemos que hay prueba exculpatoria', dijo Reyes.

Esta versión fue rechazada por los fiscales especiales que plantearon que la defensa de Castro Agis cometió un error procesal al no solicitar el descubrimiento de prueba.

'Quienes trabajan en lo oculto son los corruptos y la corrupción, no los fiscales del PFEI', aseguró el fiscal especial Ramón Mendoza. La moción será atendida por la jueza Gisela Alfonso, que someterá por escrito su decisión.

Castro Agis fue acusado por cargos de corrupción gubernamental vinculados a contratos otorgados al convicto exrecaudador del PPD, Hernández Perez, durante la pasada administración. Tras reclamar que es inocente de los cargos que se le imputan, el exjefe de ASG había asegurado que se encuentra tranquilo con el proceso judicial.

'Siempre, porque no he hecho nada. Se vio en la vista preliminar. Cuando se tumbaron cinco casos de nueve… y el juez que vio la vista preliminar dice que lo bregará otro, ahí tú ves las intenciones', acotó Castro Agis, quien renunció en septiembre de 2016 a la jefatura de la ASG tras vincularse su nombre con el de Hernández y su caso de corrupción a nivel federal. Desde entonces dirigió su empresa de contabilidad Agis Pluguez CPA.

Tambien es recordado por el escándalo de la compra de cuatro helicópteros para la Policía, una iniciativa del entonces gobernador García Padilla, con un prestamo de la banca privada por $34 millones. Tras reclamar que es inocente de los cargos que se le imputan, el exjefe de ASG aseguró que se encuentra tranquilo con el proceso judicial.

Hernández Perez se declaró culpable en el tribunal federal en el 2016 por 14 cargos de soborno, extorsión y corrupción pública por esquemas para obtener contratos y beneficios mediante influencias y pagos indebidos en varias agencias gubernamentales.