El empresario Juan Bravo y el ex senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Hector Martínez, salieron victoriosos de su más reciente apelación ante el Circuito de Apelaciones en Boston.

En una opinión emitida por el juez Juan R. Torruella, se expone que el Gobierno no pudo satisfacer mas allá de duda razonable que Martínez se benefició de algún regalo de Bravo.

'Concluimos que el Gobierno no logró establecer un elemento esencial del crimen para acusar a los acusados. No necesitamos ir más lejos y por la presente revertimos las condenas de Bravo y Martínez. Le notificamos al Tribunal de Distrito emitir una sentencia de absolución de ambos cargos', concluye la opinión del Circuito.

Esta apelación del segundo juicio, donde el empresario y el exsenador fueron sentenciados a cumplir tiempo en cárcel, luego de ser hallados culpables por un juez federal.

'La opinión emitida por el Tribunal de Apelaciones constituye el tracto final de un proceso criminal arduo y complejo en donde, tanto el señor Bravo como el señor Martínez sostuvieron su inocencia. Confiamos en que, ante las expresiones contundentes del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, la revocación de estas convicciones, por segunda ocasión, ponga fin a este caso para todos los fines pertinentes', expresó el licenciado Carlos Sagardía en declaraciones escritas, uno de los abogados del caso.

En ese segundo juicio el juez Francisco Besosa le había impuesto a Bravo, fundador y expresidente de la compañía de seguridad Ranger American, una sentencia de cuatro años de cárcel y tres años de libertad supervisada. Por su parte Martínez tambien recibió una sentencia de 4 años de cárcel y 3 de libertad supervisada, más una pena de $15,000 que tendrá que pagar durante el periodo de probatoria.

A Bravo tambien se le impuso una multa de $15,000, sin embargo, el juez Besosa indicó que no tendría que emitir ese pago si ya pagó una multa igual o más alta para su convicción previa, tambien por los mismos cargos.

Los hechos del caso se remontan al 2005 cuando Bravo invitó a Martínez, en ese entonces un senador novoprogresista, a un viaje a Las Vegas para ver la última pelea del púgil Felix 'Tito' Trinidad - viaje al cual tambien asistió el convicto exrepresentante Jorge De Castro Font. La teoría de Fiscalía consistió en que durante ese viaje Bravo, De Castro Font y Martínez discutieron la aprobación de dos proyectos de ley relacionados a los servicios de seguridad que favorecerían al empresario.

Según los testimonios ofrecidos en corte, uno de esos proyectos - el Proyecto del Senado 471 - hubiese tenido el efecto inmediato de eliminar la competencia de Ranger American, que en la decada de los 2000 consistía de las empresas Loomis Fargo y Brinks. Esto mediante la imposición de una regulación que obligaría a los jefes ejecutivos de estas compañías a cumplir con 1,000 horas de entrenamiento para obtener una licencia de detective privado y el requisito de ser residente de Puerto Rico.

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