La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, salió airosa de su cita en el tribunal, luego de que la jueza Yazdel Ramos Colón no encontrara causa para ordenar su arresto por delitos imputados por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Vázquez Garced enfrentaba dos imputaciones por violentar el artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental y una infracción al artículo 252 del Código Penal, cargos que circundan el uso de los deberes y las facultades de un cargo --ni la propiedad o los fondos públicos-- para obtener, directa o indirectamente, para el o para una persona privada o negocio, un beneficio ilícito.

'Le doy gracias a Dios y a la Virgen, porque este proceso tortuoso y atropellante para mí y para mi familia acabó hoy. Yo le dije al pueblo de Puerto Rico que esta investigación era amañada, que esta investigación estaba torcida y hoy hemos visto cómo la Honorable Juez le dijo al pueblo de Puerto Rico que examinó varias veces las declaraciones juradas aquí no había prueba alguna de que esta Secretaria había cometido delito alguno', expresó Vázquez Garced al salir de sala.

Durante el proceso, la jueza Ramos Colón indicó a la prensa y al público presente, entre ellos varios abogados, que revisó con detenimiento las 14 declaraciones juradas y otros documentos sometidos por la OPFEI, pero no había encontrado validez en los argumentos del Ministerio Público respecto a una intervención indebida por parte de Vázquez Garced.

Se alegaba que la funcionaria utilizó su poder como Secretaria de Justicia para influenciar el caso de Tyrone Torres Betancourt, quien se declaró culpable de escalar y robar en la vivienda en que se encontraban la hija y el yerno de Vázquez Garced.

'Cuando no se pueden atacar a las personas, se ataca a la familia', continuó la Secretaria, quien subrayó que el proceso en su contra estaba viciado. Sin embargo, en esta ocasión no señaló a los autores de estos ataques.

En instancias pasadas, la tambien licenciada nombró a la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives, como la cabeza de las acciones en su contra, motivada por la cancelación de un contrato gubernamental.

Vázquez Garced había sido relevada de sus funciones el 27 de noviembre, pero fue reinstalada a su cargo de manera inmediata por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien emitió declaraciones escritas mientras la Secretaria realizaba declaraciones a la prensa.

Los fiscales en este caso, equipo compuesto por Ramón Mendoza Rosario, Iris Melendez Vega y Guillermo Garau Díaz, no emitieron comentarios tras la vista, pero se supo que evaluarán solicitarle al tribunal una revisión del decreto e ir en alzada, acto cobijado por ley.

Lo que dijo el fiscal

Por espacio de cinco horas un viernes en la tarde, Vázquez Garced se convirtió en la primera Secretaria de Justicia en funciones en enfrentar imputaciones de esta índole.

La funcionaria estuvo representada por cuatro reconocidos abogados criminalistas, liderados por Jose Andreu Fuentes, seguido del exsecretario de Justicia, Hector Rivera Cruz, y Eduardo De Jesús García.

Datos previos apuntaban a que el exfiscal Cesar López Cintrón y Edgar Vega Pabón formarían parte del conjunto. Sin embargo, el primero se encontraba en el banquillo del público, mientras que el segundo fue quien quedó salpicado en el intento del juez Jorge Díaz Reverón --esposo de Vázquez Garced-- en conseguir un testigo de cargo.

Durante su argumentación, turno que tomó una hora, el fiscal Mendoza Rosario destacó la cero tolerancia a la corrupción contenida en el Plan para Puerto Rico de la administración Rosselló Nevares, seguido por el derecho a la dignidad del ser humano y el deber de los funcionarios públicos.

'El primer derecho básico que recoge nuestra constitución es la dignidad del ser humano, de esa dignidad es que trata este caso. No es la de Tyrone Torres, ni de las madres de Puerto Rico, es más que eso. Porque todos tenemos aquí, todos hemos vivido aquí el amor y sentimiento de una madre. Nos debemos al país primero. Si ocupa un cargo público usted se debe a ese país primero. Se trata de la obligación de la primera abogada del país', apuntó el fiscal.

En su alocución, el fiscal descartó que su agencia no siguiera los procedimientos de ley adecuados para investigar a Vázquez Garced, pues documentos demuestran que la funcionaria tenía conocimiento de la pesquisa en su contra.

Del mismo modo, el fiscal aludió al contenido de gran parte de las 14 declaraciones juradas sometidas como prueba, entre ellas la de la jefa de los Fiscales y actual secretaria interina de Justicia, Olga Castellón Miranda, quien organizó una reunión con los fiscales del caso de Torres Betancourt.

El expediente del caso sometido por la OPFEI contiene las declaraciones juradas del exadministrador de La Fortaleza, Raymond Cruz Hernández; el asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia; el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos y el ayudante Michael López Saldaña.

Asimismo, redondean el grupo las declaraciones de Rosalba Matos Cruz; Olga Bernardo Rodríguez, quien es esposa de Torres Betancourt; las licenciadas Yanira Liceaga Sánchez, Samari Benítez Santiago y Sharon González Maldonado; los fiscales Melissa Vázquez Sandoval, Luis Navas de León y Nestor Acevedo Rivera; y la madre del acusado del escalamiento, Nayda Betancourt Colón.

Según Mendoza Rosario, la Jefa de los Fiscales testificó bajo juramento que la Secretaria ordenó sostener el cónclave en su oficina, pese a que Castellón Miranda ya la había convocado para otro lugar. Otros fiscales, tambien bajo las declaraciones juradas, afirmaron que Vázquez Garced quería conocer la prueba del caso.

'¿Que madre en Puerto Rico tiene la oportunidad de sentarse con los fiscales y ver toda la prueba del caso?', cuestionó el fiscal.

De los fiscales entrevistados por la OPFEI, de acuerdo a Mendoza Rosario, se desprende que la Secretaria afirmó que no habría acuerdo para Torres Betancourt cuando supo que este entró a la habitación de su hija y yerno. El fiscal incluso aseguró que en esa reunión se discutió la estrategia de convencer al coacusado, Francisco Soto Velilla, para testificar contra el hoy convicto a 15 años de prisión por el delito.

'Hay otras intervenciones probadas mediante declaración jurada y otras documentaciones que establecen, por ejemplo, que se libera al fiscal de no hacer más nada para bregar solo con ese caso, de cómo consigue que un tecnico de asistencia a víctimas que no le tocaba en turno fuera asignada específicamente a este caso', abundó Mendoza Rosario.

Por otra parte, el fiscal especial señaló que cuando Vázquez Garced anunció los referidos de varios funcionarios de Gobierno por el controvertible 'chat' de WhatsApp, esta aseguró que la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, trató de intimidarla. Empero, esas alegaciones fueron desmentidas en la pesquisa de la OPFEI y dieron paso a una 'investigación colateral' contra la Secretaria de Justicia.

El caso de Whatsapp resultó en la radicación de 19 cargos criminales contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y exjuez Rafael Ramos Sáenz.

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Lo que dijo la defensa

Por la parte de la defensa, el turno principal quien fuera fiscal en el histórico caso del Cerro Maravilla, Hector Rivera Cruz. En 15 minutos, Rivera Cruz explicó la razón de ser de la Ley de la OPFEI y estableció que ese estatuto no hablaba sobre investigaciones colaterales.

Tambien, sostuvo que la OPFEI no realizó la investigación como corresponde por, entre otras razones, no juramentar la querella inicial de Betancourt Colón, quien entendía que Vázquez Garced había intervenido indebidamente en el caso, por lo que acudió a La Fortaleza el 11 de abril. Este día, su hijo se declaró culpable.

'Lo primero que el FEI tiene que hacer es establecer su jurisdicción en el caso. ¿Quien es el querellante? ¿Lo juramentó? ¿Le dio jurisdicción al FEI?', cuestionó Rivera Cruz.

Luego tomó la palabra el licenciado Andreu Fuentes, quien aseguró que no fue ilícito que la Secretaria de Justicia viera el expediente de los delitos cometidos en la casa en que se encontraba su hija.

'¿Que ley que el fiscal le haya dictado aquí dice que la Secretaria no puede ver los delitos? No la hay. Es falsa, es demagogia', exclamó en un alto tono de voz el abogado de defensa.

En su tiempo argumentativo, Andreu Fuentes atribuyó las acciones de la Secretaria de reunirse con los fiscales, discutir la prueba y los pormenores del caso como normales debido a sus funciones estatutarias. Incluso, añadió que es deber de la Secretaria de Justicia conocer a cabalidad los actos sufridos en contra de su hija porque es tambien su deber determinar si los delitos surgen como una manera de revancha hacia su gestión como abogada del pueblo.

Mientras, Andreu Fuentes refutó las imputaciones de la OPFEI de que Vázquez Garced utilizó su poder para obtener un beneficio personal mediante el desmembramiento del artículo 252 del Código Penal y la definición dada por la jurisprudencia de un 'beneficio'.

'No comprende beneficios de carácter abstracto, es decir beneficios de carácter emocional, mental, psíquico o de similar clase. Lo que el termino beneficio sí comprende es aquello que de alguna forma puede concebirse como un valor monetario', explicó el licenciado, cuya voz retumbaba en las paredes de la Sala 904.

Asimismo, Andreu Fuentes expresó serias dudas sobre la credibilidad de la madre del convicto en cuestión y sus motivaciones para llegar hasta La Fortaleza a quejarse por la labor de Vázquez Garced.

Mira el video de la reacción de Wanda Vázquez