La jefa interina de la Oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, defendió a su hermana Mirtza Rodríguez Velez, de las imputaciones hechas en una demanda federal de presuntamente vender armas a sobreprecio en contratos municipales a traves de la distribuidora de armas de fuego A.E. Rodríguez, Inc.

Las denuncias constan en una declaración jurada como parte de una demanda radicada en el Tribunal Federal por la empresa A.E. Rodríguez, Inc. para reclamar que la manufacturera de armas Glock restableciera el acuerdo de distribución exclusiva de armas que le quitó al permitir entrar en el negocio a la empresa ArmChar.

A.E. Rodríguez es una compañía que pertenecía al padre de la jefa de fiscales federales y que, mediante herencia, cayó en manos de la funcionaria federal y de su hermana. Sin embargo, Rodríguez Velez dijo que cedió sus acciones a su hermana en 1996 y que no tiene participación en el negocio.

En sus expresiones ayer, la máxima funcionaria del gobierno federal en Puerto Rico dijo molesta que la discusión sobre el negocio de armas de su hermana se trataba de un 'inuendo bien, bien feo' que 'tiene que parar'. La información, sin embargo, surge completamente del expediente judicial que inició la propia hermana de Rodríguez Velez como presidenta de A.E. Rodríguez al radicar la demanda.

Aunque el pleito judicial culminó la pasada semana con un acuerdo de transacción de las partes, el caso destapó supuestas irregularidades, entre ellas que A.E. Rodríguez, Inc. supuestamente infló los precios en contratos públicos, según una declaración jurada. Sucede que Mirtza había imputado a su competidor un posible conflicto de interes al tener como representante de ventas a Luis Bonnet Vázquez, un comandante auxiliar e instructor de tiro de la Policía quien, a su vez, fue la persona que suscribió la declaración con la imputación de venta de armas a sobreprecio.

Para la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico no hay nada que investigar ya que la transacción cierra el asunto.

'¿Que vamos a investigar? ¿Dónde está el delito ahí? Esas son alegaciones de una demanda. Ya la demanda se transó. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿que vamos a investigar?', dijo Rodríguez cuando este diario digital le preguntó si la fiscalía federal investigaría las alegaciones hechas bajo juramento en la demanda federal.

Bajo las leyes penales federales sobre comercio interestatal y transacciones financieras electrónicas, la fiscalía federal tendría jurisdicción sobre esta imputación que se hace bajo juramento.

'Por ejemplo, el precio recomendado por Glock para sus distribuidores vender pistolas Glock a agencias de ley y orden era $358 para miras de plásticos, $383 para miras de metal y $409 para miras nocturnas. Rodríguez había vendido pistolas con miras de plástico al precio extremadamente inflado de $644, $286 más que el precio recomendado', dijo Bonnet Vázquez en su declaración que forma parte del expediente del caso.

Aunque la jefa de los fiscales insistió en que no ve ninguna ilegalidad en las denuncias dijo que, en todo caso, le correspondería tomar la decisión de investigar al segundo en mando en su oficina.

'Primero, que yo me recusaría. Con toda la honra que me da esta posición, yo no podría nunca intervenir en algo en que mi hermana alguna vez tuvo algo que ver. Yo no veo cuál es la ilegalidad y no voy a entrar en contestarle eso. Pero le agradezco porque es un inuendo bien, bien feo y esto tiene que parar', insistió.

La jefa de los fiscales dijo que su hermana lleva muchos años distribuyendo armas para que los policías hagan su labor, tanto policías municipales como estatales. Reiteró que su hermana no es parte de la demanda ni se encuentra en el negocio de venta de armas a la Policía desde marzo de este año.

'Eso es una barbaridad lo que han sacado. Mi hermana vendió la distribución desde marzo 2018 para ser exacta. Mi hermana no tiene nada que ver con esa armería. Ya no es una armería, es la distribución que es muy diferente a armería. Lo que ella estaba distribuyendo eran armas a la policía, armas legales. No tiene nada que ver con ilegalidad. No tiene nada que ver con nada malo. Y lo que quieren es lanzar un inuendo a mi persona. Mira y yo preferiría que, si tienen inuendos, lo usen los inuendos que tengan sobre mí. No de mi familia. Me parece que eso es bien infame', sostuvo.

A pesar de estas declaraciones, Mirtza comparece en el caso firmando un documento en calidad de presidenta de la empresa hace menos de un mes, el 28 de agosto de 2018.

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