La defensa de Áurea Vázquez Rijos, compuesta por Lydia Lizarríbar y Francisco Adams, radicó una moción para que el juez Daniel Domínguez declare un juicio nulo despues amparándose en que una pregunta del magistrado relacionada a las capitulaciones prematrimoniales y la muerte del canadiense daban la impresión al jurado de tratarse de un hecho.

'Estamos radicando una moción de juicio nulo basado en la pregunta que la corte ha hecho esta mañana', dijo Lizarríbar.

La abogada objetó una pregunta del Juez poco despues de que interrogara a Roberto Cacho, entonces socio del difunto, sobre el dinero que Anhang había puesto como parte de la sociedad. El testigo respondió que no había aportado un solo centavo, que todo el dinero era de el. En ese momento, Domínguez intervino para preguntar y Cacho le respondió que Vázquez Rijos no había invertido en el negocio y que solo recibiría algún dinero en caso de que muriera su esposo.

La defensa alegó que la corte había dicho que 'ella no recibe ningún dinero a menos que el muera', algo que podía haber sido tomado por el jurado como un 'hecho'.

'Yo no dije que era por asesinato. Pudiera ser una muerte accidental… Radique su moción y la corte lo verá', ripostó el Juez.

'Esto es un caso de asesinato por encargo. Se acusa a mi cliente de haber contratado a alguien', respondió Lizarríbar.

Domínguez le respondió que así estaba estipulado en el acuerdo prenupcial, a lo que la licenciada increpó que no era la única manera en que recibía dinero porque tambien podía recibirlo si se divorciaba. Según el documento, Vázquez Rijos recibiría un tercio de los $24 millones en que su esposo valoró la compañía ($8 millones) si fallecía.

'Es que esa no era la única forma que ella cobraría porque tambien recibía dinero si había un divorcio', respondió Lizarríbar en relación a la tabla que se estableció en el acuerdo prenupcial donde detalló que de ocurrir un divorcio antes de los 12 meses de la fecha de la boda, a Vázquez Rijos le correspondía un estipendio mensual de $3,500 por 36 meses o hasta que se casara nuevamente, lo primero que ocurriese.

En ese momento, la fiscal Jennifer Hernández intervino para poner en contexto que el detalle de los $8 millones ya había sido mencionado en corte antes de que el juez hiciera sus preguntas.