El cuadro que pintó la Iglesia Católica al Tribunal Supremo federal para pedir la paralización de la orden de pago en su contra incluía que, de tener que pagar, se interferiría con la fe de los católicos puertorriqueños, pero el Supremo no le creyó.

Ahora, tras recibir via libre del máximo foro en el sistema legal estadounidense, los abogados de los maestros demandantes que buscan que la Iglesia pague sus pensiones aseguran que esperan no tener que llegar al embargo de bienes pero, de tener que hacerlo, la Iglesia tiene suficientes bienes para responder sin atentar contra su 'función eclesiástica'.

'Siempre esperamos que no tengamos que embargar... pero si no se cumple daría paso a un embargo', reiteró Germán Brau quien, junto a Antonio Bauzá, representó a unos 60 maestros retirados que tienen una deuda acumulada de al menos $4.7 millones.

Una consecuencia de la determinación del Supremo federal ayer puede ser que el grupo de reclamantes aumente porque, aunque en el pleito figuran como parte 60 maestros, hay hasta 1,000 empleados retirados de colegios católicos que con este precedente podrían reclamar sus pagos tambien.

En su solicitud al Supremo federal, la Iglesia argumentó que dar paso al embargo de bienes implicaría que 'todos los puertorriqueños sufrirían si, por razón de la orden de embargo, la Iglesia Católica se queda incapacitada de responder a desastres naturales'.

Interferencia con los 'ritos básicos de la fe', monjas y curas sin techo, y dificultad para cumplir con el 'llamado de propagar la fe' si se incautan las estaciones de radio y televisión de la institución fueron algunas de las consecuencias que la Iglesia usó para intentar, en vano, persuadir al Supremo federal.

'Nosotros vamos a respetar lo más posible la función eclesiástica de la Iglesia. La Iglesia tiene una función eclesiástica pero tambien son un patrono, pagan nómina, tienen cuentas bancarias, emiten cheques, tienen activos', argumentó el licenciado.

'Son de los terratenientes más ricos de Puerto Rico, tienen más propiedades inmuebles que posiblemente cualquier otra persona en Puerto Rico, estamos seguros de que ellos tienen bienes para cumplir', añadió.

'No queremos perjudicar a la institución por el mal juicio de algunas personas que están en posiciones importantes. No tenemos una pelea con la Iglesia Católica, tenemos una gran diferencia de criterio por la enorme crueldad con la que se trató a estos empleados', concluyó Brau.

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