La mujer tenía una orden de arresto por desacato emitida en su contra por incumplir con plazos para someter datos que tenía como la presidenta de las empresas que manejan la carrera del artista.

La orden de arresto por desacato contra Mireddys González Castellanos quedó sin efecto, tras asegurar que cumplió con la entrega de información sobre las corporaciones a través de las cuales se desarrolla la carrera de su esposo, el artista de reguetón Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como “Daddy Yankee”.

La pareja está en proceso de divorcio después de casi 30 años de relación, durante los que tuvieron tres hijos y, además, explotó la trayectoria de “Daddy Yankee” como uno de los exponentes originales del reguetón. En un caso separado, Ayala Rodríguez demandó a su esposa y su cuñada, Ayeicha, para obtener control e información de dos empresas, El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., que atienden la imagen, regalías, contrataciones y otros aspectos de su carrera profesional.

En una vista judicial el 20 de diciembre, las partes llegaron al acuerdo de que para el 26 de este mes las demandadas renunciarían a sus posiciones en las corporaciones, Mireddys era presidenta y Ayeicha secretaria y tesorera, y entregarían la información financiera y operacional necesaria para que Ayala Rodríguez tuviera el control de las compañías. Ese control se limita al manejo diario porque su esposa y él son accionistas por partes iguales en las entidades, por lo que el control final como accionistas lo ejercen los dos y será materia de la división de bienes en el caso de divorcio.

Pasado el 26 de diciembre, los abogados de Ayala Rodríguez recurrieron al tribunal para pedir el desacato porque González Castellanos no se había presentado a la reunión ni su representación legal había entregado la información acordada. Tras unos trámites adicionales, el juez Anthony Cuevas Ramos emitió orden de arresto e ingreso por desacato civil contra González Castellanos. La orden quedó en suspenso ese mismo día después de que los abogados indicaran que habían llegado a acuerdos adicionales para la entrega de información tanto digital como física.

González Castellanos, quien había adelantado que tenía un viaje programado para el 2 de enero, recurrió al tribunal para asegurar que cumplió con todas las peticiones y para pedir que se deje sin efecto la orden de arresto, aunque no objetan que el juez retenga jurisdicción en el caso por el tiempo necesario para confirmar que se ha cumplido con toda la entrega. El mismo 2 de enero, Cuevas Ramos la dejó sin efecto, aunque retuvo jurisdicción del caso hasta que los abogados de Ayala Rodríguez confirmen que tienen toda la información.

La abogada de la mujer, Pilar Pérez Rojas, detalló en una moción que, tras una reunión el 31 de diciembre en la mañana, se habían entregado al mediodía 66 cajas de archivos tamaño carta y tres computadoras al tercero custodio designado por el cantante. Por su parte, los abogados de Ayala Rodríguez admitieron al tribunal que recibieron información y pidieron que se les concediera hasta el viernes, 3 de enero, para cotejar si, en efecto, con eso se cumplen sus peticiones.

La abogada de la mujer, Pilar Pérez Rojas, desglosó al tribunal que ya su clienta y su hermana renunciaron a sus posiciones en las empresas y que, desde al menos el 19 de diciembre, han entregado información de distinto tipo. Por ejemplo, sobre las cuentas de las empresas en First Bank y Oriental Bank; inversiones; seguros; contratos (firmados por el propio Ayala Rodríguez); tarjetas de crédito; planillas contributivas desde 2016; distribución de regalías mediante ASCAP y SoundExchange; y acuerdos con Universal Music Group y Sony.

En su demanda para obtener control de las corporaciones, Ayala Rodríguez indicó que se habían hecho transferencias no autorizadas por $100 millones, que luego en la vista en el tribunal se precisó que correspondía a un aparente pago de dividendos. También, arrojaron sombras sobre la venta de su catálogo musical en octubre pasado por $217 millones mencionando que pudo haber sido una cantidad subvalorada.

Al asegurar el cumplimiento de la entrega, González Castellanos dijo que toda información sobre “ventas” estaba bajo el control del bufete Singh, Singh & Trauben, LLP y que los expedientes de los decretos contributivos que las empresas tienen con el Gobierno de Puerto Rico está bajo el control del licenciado Edwin Prado Galarza.

La información que Ayala Rodríguez pidió y que tiene que ver con “mi nombre, mis letras, música, arreglos o cualquier otro derecho derivado de mi esfuerzo y creación”, incluyen contratos que firmó personalmente, subrayó González Castellanos en la moción de sus abogados.

*Nota actualizada con decisión de juez sobre orden de arresto.

Vea:

En el divorcio corporativo, Daddy Yankee retoma control de sus empresas

Daddy Yankee debe tener control de sus corporaciones para Año Nuevo, ordenó juez