Voto de confinados es producto de violencia, refleja pliego federal
La ganga de presos desarticulada por las autoridades federales obligaba a votar a favor de Jenniffer González Colón, supo NotiCel.
El Grupo de los 31, una ganga de presos que está registrada en el Departamento de Estado como una entidad sin fines de lucro y que también se conoce en el sistema correccional como “Los Tiburones”, cabildeaba con políticos, se aprovechaba de la corrupción en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para contrabandear narcóticos y obligaba a sus miembros a votar por candidatos específicos en las elecciones, según un pliego acusatorio federal revelado ayer.
NotiCel supo que, para las elecciones de noviembre pasado, el liderato de la ganga ordenó votar a favor de la gobernadora electa del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón.
En el récord público consta que en el 2010, las distintas gangas le pidieron al entonces gobernador Luis Fortuño Burset que le ordenara al secretario de Corrección ejecutar los acuerdos del PNP con las población correccional. También, para las elecciones de 2012, surgió que “Los Tiburones” favorecían al Partido Popular Democrático (PPD) y que el entonces presidente del Senado, reelecto para 2025, Thomas Rivera Schatz, se carteaba con su entonces líder, José Gastón Ponce. Esto, como parte de una serie de visitas y gestiones que el senador realizó con esta población a través de la Oficina de Servicios Interagenciales.
Una encuesta que hizo el DCR en 2019 arrojó que el Grupo de los 31 tenía el 3% de la población penal, por lo que es una de varias gangas minoritarias que se mueven en un sistema correccional dominado por los Ñeta, que en esa encuesta tenían 49% de los reos. Además del Grupo de los 31, incorporado como entidad jurídica en 1988, y los Ñeta, operan también el Grupo de los 25, el Grupo de los 27 y el Grupo Cobra.
El pliego federal presenta cargos de narcotráfico contra 34 personas por actos que ocurrieron desde 2020 hasta ahora, que causaron al menos cuatro muertes por sobredosis y que implica lavado de dinero y trasiego de fentanilo, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética. Entre las formas de contrabando estaba usar aeronaves no tripuladas, o “drones”, y consolas PlayStation, que a los miembros de la ganga les dejaban tener dentro de los penales como privilegios, igual que televisores de pantalla grande y visitas a horas “especiales”.
No todos los acusados son confinados y el documento no detalla el rol de cada uno, aunque se aclara que hay personas en la libre comunidad que los ayudaban con el contrabando y con transacciones financieras de la organización. Entre los acusados no hay ni funcionarios electos ni oficiales correccionales, pero la descripción de cómo opera la ganga y de las actividades ilícitas que realizan no deja duda de que tanto funcionarios como oficiales son parte de la forma en que el grupo se maneja y ejercen control.
“Los miembros del Grupo de los 31 se beneficiaron de un patrón de corrupción oficial y/o indiferencia por parte de empleados que estaban a cargo de os confinados”, afirma el documento al añadir que esto incluía que oficiales llegaron a participar en la introducción y distribución de narcóticos en los penales; avisarle a los miembros cuando había personal de ley y orden en una institución; proveerles “inteligencia favorable”; dejar de reportar incidentes que se supone reportaran; dejar de marcar como evidencia material incautado; y permitir que el grupo ejecutara su propio sistema disciplinario.
Era a través de las drogas y de este sistema de disciplina que la ganga imponía su estrategia eleccionaria.
“El Grupo de los 31, como le permite la Constitución de Puerto Rico, participaba activamente en las elecciones. El liderato instruía a los miembros del Grupo de los 31 sobre por cuáles candidatos votar durante las elecciones. Los individuos que no votaban por los candidatos que el Grupo de los 31 apoyaba estaban sujetos a represalias, incluyendo que se les restringían las sustancias ilegales”, explica el pliego, sin mencionar cómo era que los líderes de la ganga podían conocer por cuáles candidatos habían votado sus miembros si se supone que el ejercicio del voto, aún en los penales, es individual y confidencial.
En sus documentos de incorporación, se indica que “Los Tiburones” se dedicarían a establecer comunicación con el DCR, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para “buscar mejores oportunidades para que cada confinado mejore su calidad de vida”. Pero, explica el pliego, a pesar de estos propósitos formales, las prácticas de grupo “involucran actividad criminal significativa” que resulta en muerte dentro de los penales y abarca “establecer enlaces gubernamentales con el propósito de reducir sentencias, mandatar la afiliación política de sus miembros y dictarles por quién votar en elecciones generales y primarias, obtener trato preferencial de los oficiales correccionales, y contrabandear con teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.
Después de que en conferencia de prensa el jefe de fiscales W. Stephen Muldrow, explicara el caso que deja expuesto el sistema correccional como una coladera facilitada por la corrupción pública, la todavía jefa del mismo, la secretaria Ana Escobar Pabón, se mostró orgullosa en que su agencia cooperó con el operativo. Confirmó que no hay un solo integrante de su agencia que enfrente procesamiento disciplinario todavía por estos hechos. “Eso está bajo proceso de investigación y todavía esa etapa no ha culminado”, dijo.
La funcionaria, que también fue la encargada de movilización en la campaña primarista del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, aseguró que “bajo mi administración ningún funcionario electo ha hecho una reunión con un miembro de la población correccional”. Argumentó, además, que lo que describe el pliego “es una actividad interna de la propia población correccional” y no implica a funcionarios externos.
En el periodo que estuvo activa la investigación, la ganga acusada ejercía control en la institución Guerrero (Aguadilla), Las Cucharas (Ponce), la 501 de Bayamón y en Guayama Máxima.
Los acusados enfrentan sentencia de hasta vida en cárcel y son: Juan Carlos “Flaco” Ortiz-Vázquez, Cristina Guevara Casellas, Elías “Viejo-Coli” Martínez Rivera, José Luis “Wichy/Negre/Doble V-W/Dobleta” Audain Rodríguez, Christopher “Guayna” Sánchez Asencio, Moisés “Moi” Mojica Torres, Ernesto “Ponce” Malavé Santiago, Steve “Bocillo” Vergeli Negrón, Jim “Jim Ball” Almodóvar Quirindongo, Ángel Abdiel Archilla Montalvo, Efraín “El Señor De Los Cielos/Junito” González Serrano, Ernesto “Golo” Vargas Rodríguez, Eddiber “Coamo” Pérez Burgos, Abraham “Bebe” Rodríguez-Cruz, Alexander “Bala” Alvarado Alméstica, Jensen Medina Cardona, Edgardo “Cuco” Santiago Colón, Edwin “Tocayo” Sánchez Rijos, Félix “Coba” Serrano Román, Harry “La H” Acevedo Méndez, Heriberto “Eri” Romero Corchado, James “Pilin” Santana González, Julio “Julio Gatillo” Vargas Jiménez, Kervin “Beethoven/Gordo/Gemelo” López Torres, Kevin “Pesadilla” Hernández-Ruiz, Miguel “Omy Barber/Omy Gallina” González Concepción, Luis “Luisito Humacao” Meléndez García, Aníbal “Nibby/Aníbal Martínez-Alicea” Ramírez-Alicea, Benny Rodríguez Mercado, Christian “Garbanzo” Candelaria Feliciano, Donato Cortés Matos, Wesley Correa López, Milagros Jeanette “Janet” Rivera González, y Minerva Román Domínguez.
El símbolo del grupo es una aleta de tiburón, ilustra la acusación.
Para leer el pliego acusatorio, pulse aquí.
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