El gobernador Pedro Pierluisi confirmó la semana pasada que la delegada congresional le pidió flexibilizar el indulto que disfruta su pareja, quien también mantiene casos civiles activos contra Alexandra Lúgaro y Manuel Natal.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia criminal contra Edwin Domínguez Torres por maltrato de menores en un caso en el que la víctima es la hija de la excandidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro Aponte, y que es objeto de cabildeo por parte de la pareja del hombre, la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez, para que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia flexibilice aún más las condiciones de un indulto que le concedió la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

La determinación del panel de jueces apelativos tomó en cuenta que el propio Domínguez Torres aceptó los hechos al oficial de la Policía que investigó el caso. La resolución unánime tiene fecha del 18 de mayo, dos días después de que Torres Rodríguez resultara la candidata a la Delegación Congresional electa con más cantidad de votos y un mes antes de que la delegada se reuniera en La Fortaleza con el gobernador para pedirle la modificación del indulto.

La revelación de la solicitud de la delegada al Gobernador ocurre como parte de una controversia que sigue viva en la que Torres Rodríguez acusa a Pierluisi Urrutia de corrupción y alega que la Delegación Congresional es un “espejismo”, lo que le mereció un referido al Departamento de Justicia que podría culminar en su destitución del cargo.

En cuanto a Domínguez Torres, en el juicio el 22 de enero de 2020, Lúgaro Aponte estableció un patrón de parte de su expareja de violar la orden de protección que tenía en su contra y que fue emitida a favor de la hija de la excandidata. La menor no es hija biológica de Domínguez Torres, quien es fotógrafo.

El testimonio creído por el tribunal, y sostenido por Apelaciones, incluye que Torres Rodríguez ayudó a que el hombre cometiera los actos violatorios de la orden, específicamente con la colocación de pasquines con la imagen de la menor a lo largo de una vía por la que Lúgaro Aponte transitaba con su hija.

Inicialmente, la orden fue expedida contra Domínguez Torres por una foto que publicó en redes en la que la menor aparece vendada en los ojos y amarrada de manos dentro de una botella. Poco antes de que pasara el primer mes de los ocho de vigencia de la orden, el hombre publicó un video en redes sociales con otra imagen de la menor.

Esto generó la presentación del cargo criminal grave que le mereció sentencia de cinco años de cárcel por maltrato bajo la Ley 264 consecutivos con una pena de tres años y un día que se le impuso bajo la Ley 54 sobre Violencia Doméstica por violar otra orden que tenía y que le prohibía acercarse al colegio donde estudia la menor.

Al denunciar llorosa el indulto del 31 de diciembre de 2020 como un “golpe político” en su contra, Lúgaro Aponte detalló también que el hombre había intentado arrollar con su vehículo, a ella y a su hija, así como que en una ocasión se había rehusado a entregarle la niña y que en otra se acercó a la residencia de ambas teniendo ya puesto un grillete electrónico como parte de una orden de alejamiento.

Con su indulto, Vázquez Garced redujo esos ocho años y un día a cuatro años fuera de la cárcel, pero puso como condición, entre otras, que los primeros dos años fueran en arresto domiciliario, así como que le prohíbe comunicarse o relacionarse directa o indirectamente por ningún medio con Lúgaro Aponte, su hija o sus familiares. Los dos años de arresto domiciliario concluyen al final del 2022, por lo que una intervención del Gobernador sería para dejarlo en libertad cuando todavía le queda más de la mitad del periodo de arresto domiciliario. El Mandatario podría también alterar la prohibición de comunicación con la víctima y sus familiares y además rebajarle aún más los cuatro años de sentencia.

NotiCel conoció del contenido de la resolución por fuentes ya que la Oficina de Administración de Tribunales se rehusó a entregarle por ser un caso bajo la Ley de Maltrato de Menores.

Además de estos procesos criminales, Domínguez Torres es promotor de una demanda civil contra Lúgaro Aponte por incumplimiento de contrato y otra contra la pareja actual de esta, y Coodinador General del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo por difamación.

El pleito contra Lúgaro Aponte está mezclado con el proceso de separación de la pareja ya que versa sobre disposiciones del divorcio en la que se indicaba que ella le pagaría $10,000 a su expareja para ayudarlo a independizarse y que cubriría los pagos de su vehículo Ford Raptor F-150.

El 29 de junio pasado, un panel de jueces apelativos resolvió que la controversia debería seguir encausada en el marco de una demanda por incumplimiento de contrato, en vez de dentro del caso de divorcio. Como consecuencia, el 13 de septiembre Lúgaro Aponte contrademandó a su expareja exigiéndole un pago de $50,000 por los daños que le causó al divulgar detalles del divorcio y la relación de pareja en violación a una cláusula de la sentencia de divorcio en la que ambos se obligaban a la confidencialidad, y otros $85,000 por un “patrón de maltrato emocional y violencia psicológica (que) es continuo, reiterado y sistemático”, y por el que la excandidata ha requerido ayuda profesional.

En el pleito contra Natal Albelo, el 20 de septiembre una jueza superior emitió resolución dictando no ha lugar a una solicitud del también exrepresentante para desestimar la acción, por lo que la demanda sigue su curso. La reclamación versa sobre un intercambio que ambos tuvieron en redes sociales alrededor de la publicación, por parte de Natal Albelo, de una foto en la que aparece en la playa junto a la hija de Lúgaro Aponte y que causó controversia por la pose que la niña tenía en la foto.

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