Tribunal sostiene la colegiación compulsoria de los dentistas
Ese colegio responde al “interés apremiante” del Estado de proteger la salud, concluyó el tribunal.
El Tribunal Superior decretó esta semana que la colegiación compulsoria de los dentistas es constitucional por lo que desestimó una demanda que un grupo de esos profesionales presentó contra el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR).
El pleito es uno de varios que se desataron contra colegios profesionales después de que el Tribunal Supremo dictara en mayo de 2019 que toda colegiación que tiene carácter de compulsorio se considera inconstitucional por violentar el derecho a la libre asociación. El Alto Foro proveyó también el balance que se podría tener en cuenta y es que se pueda demostrar cómo la colegiación compulsoria de cada profesión responde y protege algún “interés apremiante” del Estado.
De esta manera, la pista quedó abierta para que cualquier profesional sujeto a una colegiación compulsoria pueda pedir que su colegiación se declare inconstitucional y cada colegio profesional estaría obligado a convencer a los tribunales de que su existencia responde a un “interés apremiante”.
La Cámara de Representantes dejó pendiente este cuatrienio múltiples proyectos sobre colegiación compulsoria en distintas profesiones.
Desde verano de este año está pendiente una demanda que busca declarar la inconstitucionalidad de los contadores públicos autorizados y en septiembre pasado una jueza superior sostuvo la constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los médicos y cirujanos.
En el caso de los dentistas, su colegio fue creado por ley en 1941 y pagan $275 anuales. El Departamento de Justicia había comparecido en el pleito para defender la colegiación de estos profesionales.
“Este Tribunal concluye que existe un interés apremiante del Estado por regular la profesión de la odontología en pro de la salud del pueblo puertorriqueño. La existencia de ese interés apremiante del Estado motivó y justificó la aprobación de todo un esquema regulatorio en la práctica de la odontología, incluyendo un componente de licenciamiento y regulación en la Junta Dental y otro componente de vigilancia de los pares delegado al CCDPR. La Legislatura creó la Junta Examinadora Dental para que se encargara de los requisitos de admisión, licenciamiento y destitución de los dentistas en Puerto Rico, mientras estableció el CCDPR como brazo operacional de la Junta para aprobar un código de ética para sus miembros y velar por el cumplimiento de este, manteniendo los más altos estándares en el ejercicio de la profesión”, expuso el juez superior Arnaldo Castro Callejo en su sentencia del miércoles pasado.
El juez enumeró aportaciones que ha hecho el CCDPR a favor de la salud, incluyendo promover legislación, ofrecer servicios gratuitos a poblaciones en riesgo y labores de representación de toda su clase en periodos como el actual de la pandemia. Por esta, y otras razones, fundamentó que el Colegio responde al “interés apremiante” del Estado de proteger la salud de la ciudadanía.
Al argumento de los demandantes de que la Junta Dental podría llevar a cabo las funciones del Colegio sin que la colegiación sea compulsoria, Castro Callejo distinguió que no porque la “Junta Dental es un organismo del Estado, sus miembros son designados por el Gobernador y confirmados por el Senado y, por lo tanto, es una fuerza pública, no un colectivo profesional”, por lo que no es el organismo más propicio para funciones del Colegio, como la regulación ética de la profesión.
“Entendemos que las contribuciones del CCDPR a la sociedad puertorriqueña son significativas y cualquier trastoque al esquema diseñado por el poder legislativo, necesariamente repercutiría en la salud del pueblo”, apuntó.
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Vea:
Supremo dice que toda colegiación compulsoria es inconstitucional