Ética está en desacato y enfrenta cárcel o multa si no entrega expediente
La agencia fiscalizadora incumplió una orden del tribunal para proveer a la Cámara de Representantes copia del expediente de una investigación cerrada contra un exsecretario del DRNA.
El juez superior Alfonso Martínez Piovanetti declaró el martes que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) está en desacato por no entregar a la Cámara de Representantes el expediente de una investigación y estableció el 10 de mayo como un último plazo antes de emitir orden de arresto contra el director ejecutivo de la entidad o imponer multa indefinida.
Ya el juez había ordenado la entrega del expediente sobre la investigación, cerrada sin querella, contra el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado. Si la OEG tenía objeción de entregar algún documento particular dentro del expediente, se supone que lo detallara en una bitácora para elevarlo a la atención del juez.
La vista del martes era para verificar el cumplimiento con la orden. Pero, en vez de entregar el expediente, Ética sometió una declaración jurada horas antes de la vista. El subdirector auxiliar del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo, Nino Francisco Rivera Hernández, expuso en la misma que el expediente tiene 12 categorías de documentos y procedió a plantear por qué la agencia no tiene que entregar ningún documento agrupado en esas categorías.
“La declaración jurada no cumple… la (OEG) en este momento está en desacato de las órdenes del tribunal”, concluyó Martínez Piovanetti tras examinar el documento y escuchar los argumentos de las partes.
Nimia Salabarría Belardo, abogada de Ética, aseguró que “estamos haciendo esto con las manos limpias” y que no tenían la intención de desacatar sino de discutir con el tribunal sus objeciones. Pero el juez observó que ya esa etapa había pasado y que la opción que tenían era preparar la bitácora que no prepararon.
“Si se nos informara que no se produjo el expediente en ese término (10 de mayo), el tribunal emitiría una orden de arresto (contra el director ejecutivo Luis Pérez Vargas) o una multa indefinida… quiero que entiendan ese particular”, subrayó el juez.
El tribunal descartó argumentos de la OEG, como que el expediente está fuera del alcance de la resolución que autorizó a la Comisión Anti-Corrupción e Integridad Pública a investigar a agencias como la OEG, o que la ley orgánica de la oficina dice que los expedientes investigativos son confidenciales. Martínez Piovanetti recordó que, desde que el Tribunal Supremo estableció en 1982 la presunción de publicidad de la información en poder del gobierno, nunca se ha determinado que una agencia puede retener información de manera absoluta, sin límite de tiempo y sin criterios sobre esa confidencialidad.
A preguntas del juez sobre hasta dónde llegaba la prohibición de divulgación que había en la ley de la OEG, Salabarría Belardo contestó que “es una confidencialidad categórica y no cabe hablar de transparencia o información pública porque la información que contiene (el expediente) no es pública… la ley (orgánica) no tiene un término”.
El abogado de la Cámara, Jorge Martínez Luciano, comentó al tribunal que en los años que lleva litigando requerimientos de información “es la primera vez que no dan ni un papel… que dicen que todo el expediente es confidencial”. Señaló en varias ocasiones que no se trata de una investigación abierta y en curso, sino cerrada, donde se determinó no presentar una querella contra Machargo Maldonado.
El caso surgió cuando el presidente de la comisión cameral, Héctor Ferrer Santiago, hizo el referido de investigación contra Machargo Maldonado a la OEG porque en una vista éste había admitido que se reunió con el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, en su residencia privada y que discutieron una querella que el DRNA tenía pendiente en contra del ejecutivo municipal. Cuatro días después de que Ética le notificara al legislador que su referido había sido investigado y que se decidió no presentar una querella, el legislador pidió copia del expediente.
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