El juez Anthony Cuevas adelanta su intención de proteger las facultades de la representante Lisie Burgos ante orden del presidente cameral, que no le permite estar en el hemiciclo sin mascarilla.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos podría decidir la semana que viene si convierte en permanente su orden contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, para que permita a la representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñoz, participar de la sesión legislativa aunque no cumpla con el mandato de usar mascarilla por supuesto aumento de contagio de enfermedades respiratorias.

“Ella está en carácter representativo de todo un pueblo y tiene facultad para participar en el proceso legislativo como ella entienda”, dijo el juez de entrada durante la vista judicial de ayer. Comparó que el Poder Judicial pudo seguir con sus trabajos aún durante la pandemia. “Todos nos adaptamos”, resumió en referencia a lo tajante de la orden prohibiendo la entrada de personal al hemiciclo sin mascarilla.

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La decisión del juez sería antes de que expire una orden que emitió Hernández Montañez para suspender las sesiones hasta el 4 de marzo. Esa suspensión, a su vez, fue una respuesta del líder legislativo al interdicto provisional que emitió el juez el 12 de febrero para que se permitiera la entrada de Burgos Muñiz al hemiciclo en lo que se ventila el caso. La orden provisional expira el 22 de febrero, pero el juez dijo que la extendería lo que fuera necesario en lo que emite su sentencia.

Aunque son casos totalmente separados, el contexto de la vista de ayer en la controversia sobre el uso de mascarilla en el hemiciclo es de tirantez entre Hernández Montañez y Cuevas Ramos desde que este emitió la sentencia que viabiliza que entre en vigor el aumento de salario de los jueces que el presidente cameral se había rehusado a aprobar.

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El licenciado Jorge Martínez Luciano, representante de Hernández Montañez en ambos casos, defendió la facultad del presidente cameral para administrar los trabajos de ese cuerpo legislativo y que la orden de usar mascarilla en el hemiciclo no estaba dirigida solo a la representante Burgos Muñiz sino que era general a todos los legisladores y personal del cuerpo.

“La no asistencia de la representante Burgos obedece a su decisión de no usar mascarilla”, dijo al divulgar que estaba autorizado a informar que el presidente cameral no se opone a que la legisladora use un método alterno para participar en la sesión, como el programa de conferencia virtual Zoom. Añadió que no sabe qué ocurrirá el 4 de marzo cuando venza la suspensión de los trabajos y que dependerá de “las condiciones”.

“¿No está sujeto a lo que yo resuelva en este caso?”, lanzó el juez en tono sorpresivo. No quedó claro si la sentencia del juez abordará esa orden de suspensión porque, por un lado, reconoció que lo que debe decidir es cómo a la representante se le garantiza el ejercicio de sus facultades legislativas, pero también le dijo al abogado de la representante, Juan Frontera Suau, que podía abordarlo en un escrito que someterá la semana que viene.

Cuevas Ramos dijo que tenía la intención de no hacer expresiones sobre la orden de suspensión, pero la insistencia de Martínez Luciano en los poderes constitucionales que tiene el presidente para emitir órdenes para regular los trabajos lo llevaron a expresarse porque parecería justificar “permitirle al presidente de la Cámara a paralizar todo un país al dejar obsoleto e inútil un cuerpo legislativo, uno de los poderes constitucionales”.

Añadió que, aunque el Senado siga trabajando, va a ser poco lo que puede lograr si la Cámara permanece sin sesionar, por lo que, en efecto, se paraliza uno de los poderes constitucionales. Frontera Suau puntualizó que la suspensión fue sin consultar mediante votación a los representantes y sin obtener el aval, como lo requiere la Constitución, del Senado. “Fue una orden del presidente del cuerpo”, dijo el juez para puntualizar.

Tras la orden provisional de Cuevas Ramos para que se permitiera la entrada de la representante, Hernández Montañez lo criticó.

“Tengo que considerar, y esto es una opinión mía, personal, que la decisión del juez fue una represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes de la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la que el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes de hacer su planteamiento”, dijo en una conferencia de prensa esta semana.

“Voy a ser sincero en esto, no considero que fue prudente lo que hizo el juez Cuevas en adjudicar el interdicto preliminar sin darle la oportunidad a la Cámara a expresarse”, añadió.