Cárcel por 18 meses para Abel Nazario
Juez enfocó en lo malo que es que un alcalde use fondos públicos para engrandecer su imagen como si el dinero fuera de él y no del público.
El juez federal Joseph Laplante sentenció hoy al exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Abel Nazario Quiñones a 18 meses de cárcel, tras ser encontrado culpable hace un año de cargos de mentir al gobierno en el manejo de fondos del Departamento del Trabajo federal.
Nazario Quiñones se dirigió al tribunal a través de un intérprete y, como la vista se realizó por sistema remoto, no se escucharon sus expresiones originales antes de que el traductor las presentara en inglés para el récord. En su alocución, no mostró arrepentimiento ni abordó directamente los hechos del caso. Dijo al juez que "acepto la decisión del jurado y la suya sobre la sentencia que va a imponer" así como que "tengo la conciencia clara" y pidió "la oportunidad de pasar tiempo con mi padre (de 97 años) en sus últimos días de vida".
Además, sus abogados presentaron argumentos para pedir una sentencia que no incluyera tiempo de cárcel o para evitar que se le aplicaran agravantes. El convicto también descansó en la notable cantidad de cartas que se dirigieron al juez para pedir su clemencia y resaltar los elementos buenos del carácter del también exalcalde de Yauco.
El juez Laplante, quien atiende el caso desde el distrito judicial de New Hampshire, fue meticuloso en explicar su proceso mental para atender los argumentos técnicos de la sentencia así como la imposición final. Por un lado, le aceptó a la defensa que no aplicarían los agravantes de fraude y de obstrucción a la justicia, pero por el otro le resaltó a Nazario Quiñones que no podía compaginar cómo en la alocución decía tener la "conciencia clara" y reveló que la imagen que más le impresionó en el desfile de prueba fue la del entonces alcalde repartiendo personalmente cheques de un programa federal a sus empleados para engrandecer su figura como político.
"Algo me decía que eso no es buen gobierno", anotó el juez sobre esa imagen. "No era su dinero el que estaba dándole (a los empleados), esos son empleados públicos y son fondos públicos", añadió. "Yo sí veo esto como un crimen serio... tiene que haber disuasión y respeto por la ley" subrayó al plantear que, de no cumplir cárcel, se estaría enviando el mensaje de que hay un doble estándar para los que tienen poder y para los que no.
Antes, Laplante había expuesto su razonamiento sobre si imponer un agravante de obstrucción a la justicia debido a que el convicto se sentó en la silla de los testigos a defenderse. "Obstruyó la justicia y mintió en el banquillo de los testigos, pero estoy obligado a encontrar que esa mentira fue a sabiendas", dijo. "Estuve un buen tiempo en el juicio tratando de cerciorarme de cuáles serían sus motivos (para mentir)... lo que vi no fue una persona avara o que trataba de enriquecerse, vi una persona ejerciendo un juicio muy pobre y diciendo falsedades inaceptables al gobierno para alcanzar sus metas", amplió al especificar que esas metas serían o la benigna de atender problemas financieros del municipio de Yauco o la más malévola de "engrandecer su status político... engrandecer la percepción de su competencia y eficiencia".
La sentencia total de Laplante fue cárcel por 18 meses (en un rango que podía ser de entre 15 a 21 meses), dos años de libertad supervisada, $7,500 de multa, que el total de la restitución estará sujeta a un acuerdo posterior entre las partes y que Nazario Quiñones debe entregarse en o antes el próximo 19 de mayo para cumplir, probablemente en las instituciones carcelarias federales de Miami o Tallahassee. La defensa, encabezada por la exfiscal federal María Domínguez, dijo que no se había tomado la decisión sobre si apelarán el veredicto y la sentencia, de hacerlo, podría pedir quedar en libertad pendiente a apelación.
En marzo de 2020 un jurado encontró a Nazario Quiñones, de 50 años, culpable de mentirle al Departamento del Trabajo federal sobre la compensación a unos empleados municipales pagados con fondos federales y de fraude relacionado con transacciones electrónicas. El exfuncionario enfrenta un segundo caso, que fiscalía federal le presentó en septiembre de 2018, con imputaciones de usar empleados municipales para su campaña al Senado. En una vista de status esta semana sobre ese caso, la defensa de Nazario Quiñones dijo que estaría esperando el resultado de la sentencia de hoy para decirle al juez si piden juicio por tribunal de derecho o siguen en juicio por jurado. De ocho acusados en ese caso, cuatro notificaron que se declararían culpables o que están evaluando esa alternativa.
En su solicitud de sentencia probatoria, Domínguez repitió argumentos que se habían presentado por escrito sobre que no considera a Nazario Quiñones un político típico, la necesidad que tiene de cuidar a su padre anciano y la magnitud de las cartas de clemencia sometidas, citando la del expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, entre otras. Pero el fiscal Scott Anderson ripostó que las buenas obras que recogen las cartas se hicieron porque ese era el trabajo de Nazario Quiñones, servir a su pueblo como alcalde y que una sentencia de probatoria enviaría el mensaje de que mentirle al gobierno federal no tiene consecuencias. "Lo que le ha pasado al acusado fue por sus propias acciones, nadie lo obligó", anotó.
El juez reconoció el gran número de cartas y leyó para el récord el nombre de cada persona que pidió clemencia, pero redujo el efecto de las mismas sobre su sentencia porque las consideró el efecto natural de que el acusado es una figura pública, un político que puede tener personas que quieran tenerlo de buenas o, el otro lado de la moneda, que no quieran ser objeto de su enojo.
Vea:
Un abanico político y social pide clemencia en la sentencia de Abel Nazario