La licenciada Mayra López Mulero dijo no se hace justicia a las víctimas escondiendo evidencia como se alega en una demanda federal sobre un caso liderado por la entonces fiscal federal Denise Longo.

La licenciada Mayra López Mulero cuestionó el rol que está asumiendo la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones en contra de los proyectos que buscan dar retroactividad a la nueva regla constitucional de unanimidad de veredictos en casos criminales graves, esto, a la luz de documentos presentados en el Tribunal Federal que indican que, como fiscal, la actual secretaria pudo haber cometido conducta antiética que provocó la desestimación de una acusación por narcotráfico.

NotiCel publicó ayer la orden del juez federal de Maine, John A. Woodcock, Jr., en la que dicta que seguirá adelante hacia juicio una demanda que sometió la fiscal federal Carmen Márquez Marín en la que alega haber sido víctima de represalias y ambiente de trabajo hostil en la fiscalía federal.

Una de las instancias que el juez relató, y que presentó como evidencia que debe decidir un jurado en su día en vez de decidirlo el juez mediante desestimar la demanda, involucra un caso que Márquez Marín trabajó a nivel de apelación y que Longo Quiñones, la actual secretaria, trabajó como fiscal.

El caso de narcotráfico contra José M. Guzmán de los Santos había pasado por un primer juicio, que terminó anulado porque los jurados no alcanzaron la unanimidad necesaria en el foro federal, y por un segundo juicio en el que fue condenado. Pero cuando Márquez Marín revisó el caso para defender a la oficina de la apelación que sometió el convicto, “los fiscales a cargo del caso, y sus supervisores, decidieron no presentar a ciertos testigos cuyo testimonio mostraría que no había evidencia para realizar el arresto, los fiscales escondieron evidencia del jurado, y los fiscales pidieron una sentencia mayor (para Guzmán de los Santos) que para otros acusados en el caso”.

Su opinión era que estas acciones habían sido antiéticas y que no podía defenderlas (en la apelación)”, según la orden de Woodcock. La misma fiscalía federal pidió la desestimación de la acusación contra Guzmán de los Santos aún teniendo un veredicto de culpabilidad debido a los hallazgos de Márquez Marín.

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Ante esto, López Mulero planteó en su programa de WKAQ 580 que Longo Quiñones y otros fiscales que incurrieran en este tipo de conducta no tendrían “estatura moral para ser defensores de víctimas”.

“El peso de la prueba es el que va a demostrar la verdad, no se trata de manipular la prueba, no se tratar de martillar la prueba, no se trata de incurrir en conducta antiética, no se trata de hacer trampa, no se trata de fabricar testimonios, no se trata de esconder prueba exculpatoria... así no se le hace justicia a las víctimas de delito, así lo que se hace es engañar a las víctimas de delito, se le da la impresión de que se le está haciendo justicia”, planteó la exfiscal López Mulero.

Longo Quiñones compareció este martes ante la Cámara de Representantes para oponerse a los proyectos, uno de Senado y otro de la Cámara, que concedería retroactividad al mandato del Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitido el 20 de abril pasado en el caso de Ramos v. Louisiana a los efectos de que, de esa fecha en adelante, los veredictos de casos criminales graves deben ser unánimes. Ya la unanimidad era regla en la jurisdicción federal, pero en la jurisdicción de Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado permitía el veredicto mediante mayoría de al menos 9 a 3.

Tras conocer la orden del juez Woodcock, la Secretaria de Justicia indicó que contenía “alegaciones que categóricamente denegamos” y que “nunca había escuchado una explicación por parte de ella (Márquez Marín) con relación a porque ella había hecho esa recomendación”.