El club nocturno ubicado en Santurce, y orientado hacia la música de género urbano, violentó acuerdos que presentó al tribunal el viernes pasado.

Para la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, desde hace más de un año el negocio Ocean Club es un “colmado, restaurante, barra” que opera entre las 10:00 am y 8:00 pm y que “no podrá ser utilizado en ningún momento como salón de entretenimiento (o) club nocturno”.

Pero si alguien de esa oficina hubiera buscado el perfil del negocio en la plataforma Instagram, hubiera encontrado evidencia de que Ocean Club no cumplía con esa descripción ni siquiera cuando pidieron el permiso porque, desde antes, aparecen operando como un club nocturno que regularmente presenta conciertos de exponentes del género urbano y que ofrecen “entrada gratis toda la noche”.

De hecho, una forma de promoción que usan desde hace más de dos años es cargar videos a esa plataforma en la que muestran el ambiente de fiesta en el negocio a distintas horas de la noche y hasta casi el amanecer. Las fotos del interior del local que se sometieron como parte de la solicitud de permiso no muestran un colmado ni un restaurante, sino inmobiliario asociado a barra y club nocturno.

Los datos están en el expediente que el Municipio de San Juan sometió al tribunal en agosto pasado después de que en junio sometieran una demanda para revocar el permiso otorgado a la empresa A & G, LLC para operar el club.

A pesar de que la propia promoción del negocio evidenciaba el incumplimiento desde el día uno con el uso que cubría el permiso, el municipio no se movió contra el negocio por esta falla sino que solo acudió al tribunal, en junio de 2023, después de que el asesinato de dos jóvenes turistas en la barra Emo-Y en la Calle Loíza levantara revuelo sobre la violencia en locales que operan hasta tarde en la noche. El expediente de ambos casos, Emo-Y y Ocean Club, refleja que la Oficina de Permisos conocía o podía conocer, de incumplimiento con las condiciones del permiso desde mucho antes de que recurrieran al tribunal para pedir los cierres.

La demanda del municipio por Ocean Club ocurrió específicamente después de que se registraran allí dos operativos en el que se ocuparon armas de fuegos ilegales y se expidieran multas por violaciones a su permiso y por violaciones al código que administra el Negociado de Bomberos sobre el cupo del lugar, las salidas, peligro de colapso en infraestructura y fuentes potenciales de incendio en la cocina.

La multa de la Oficina de Permisos no fue por incumplir la prohibición de funcionar como club nocturno, sino porque tenía dos niveles abiertos para el público cuando en el permiso solo se le aprobaba un nivel.

“[E]xiste un peligro claro y presente en el local Ocean Club”, dijo el municipio al tribunal en junio, a lo que la representación legal de la empresa contestó en una moción que habían hecho ajustes para atender los señalamientos en las multas y que “lo importante es mantener seguros a los clientes y visitantes del negocio”.

Una vista evidenciaria que había señalado el juez Anthony Cuevas Ramos nunca se celebró porque Ocean Club pidió la suspensión y luego, el viernes pasado, 20 de octubre, el tribunal cerró el caso cuando las partes aseguraron haber llegado a un acuerdo.

Mediante el mismo, A & G LLC se comprometía a “operar el establecimiento conforme al Permiso Único expedido y vigente”, a no utilizar el segundo piso, a instalar detectores de metales o personal que impida la entrada de armas, a instalar cámaras de seguridad con “grabación continua”, pagar las multas por $3,500 y operar dentro del horario del Nuevo Código de Orden Público (hasta la 1:00 am de lunes a viernes y hasta las 2:00 am sábado y domingo).

Con el acuerdo, el municipio parece haberle concedido a Ocean Club una modificación al permiso porque estaban autorizados a operar solo hasta las 8:00 pm, pero ahora puede ser hasta la 1:00 am o las 2:00 am. También, el municipio los liberó de pagar los costos del litigio que hubieran tenido que asumir si ocurría una sentencia en contra del club.

Según el expediente del caso y el del registro de corporaciones, los dueños de A & G LLC son Teobaldo A. Castillo Espiritusantos y Grisania Ramos de la Cruz, residentes de Guaynabo. El perfil de la mujer en Instagram la identifica como una decoradora de nacionalidad dominicana que también administra el negocio La Terraza en la Avenida Borinquen de Santurce. En 2018, a Castillo Espiritusantos se le presentaron denuncias por portar ilegalmente arma de fuego en una discoteca.

A & G LLC tiene control del local mediante un contrato de alquiler de cinco años a razón de $3,800 mensuales que suscribieron en marzo de 2022 con Roberto Rafael Fuertes Romeu en representación de sus hijas. Parte de los términos del contrato es que “no se permiten ruidos innecesarios” y que puede quedar cancelado “si cualquiera de los inquilinos tuviese problemas con la Ley, problemas de mala conducta en los predios”, o se atrasaran en la renta.

El mismo día que sometieron la transacción al tribunal, Ocean Club anunció en su Instagram que ese viernes habría “VIP gratis” hasta las 12:00 am..

Tras someter el acuerdo el viernes, el municipio tuvo que acudir al tribunal el lunes para pedirle que encontrara a la empresa incursa en desacato por violar el acuerdo. Esto porque la Policía reportó que el domingo a las 3:54 am hubo una balacera con el resultado de cinco heridos en el interior del local, que ubica en la Avenida Ponce de León cerca de la sede de LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Por el “problema de seguridad y reincidencia que presenta este establecimiento”, pidieron al juez Cuevas Ramos que encuentre a la empresa incursa en desacato, le imponga multa de $10,000, ordene el cierre “inmediato” e imponga el pago de honorarios de abogados por temeridad.

El juez celebrará una vista sobre la solicitud de cierre este viernes, 27 de octubre, día para el que Ocean Club anuncia una presentación del exponente C-dobleta.

Vea:

Municipio de San Juan pudo haber cerrado Emo-Y hace dos años