UTIER y su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, no comparecieron a la vista del tribunal que tendrá una segunda parte para determinar si la prohibición se convierte en permanente.

El juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti determinó emitir una orden de emergencia en contra de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, para garantizar por 10 días el acceso a todas las instalaciones y plantas relacionadas al sistema eléctrico de Puerto Rico.

A la vista, promovida por el demandante LUMA Energy LLC, no comparecieron el sindicato ni su presidente, elemento que tomó en cuenta el juez al emitir una orden oral que estará seguida hoy mismo con una orden escrita. El juez impuso a LUMA fianza de $5,000 que debe prestar hoy y señaló vista el 11 de junio en la que el interdicto se podría convertir en permanente. La Policía debe comparecer a esa vista.

El juez Martínez Piovanetti decidió que la orden no incluiría a los codemandados Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) porque las alegaciones de la demanda ni las declaraciones juradas sometidas para sostenerlas contienen alegaciones en contra de esa entidad.

La orden, anticipó el juez, no es exactamente como la pidió LUMA, está “cuidadosamente diseñada” para proteger “lo que para mí es el derecho más fundamental, que es la libertad de expresión” y, aunque no está dirigida contra la Policía, cuenta con que la Uniformada siga y ponga en vigor la Orden General 625 sobre manejo de multitudes.

LUMA había alegado que dicha orden no era un remedio adecuado porque la experiencia probaba que era un proceso que podía tardar horas en producir acceso a las instalaciones. Para ilustrar, LUMA sostuvo que el bloqueo que la UTIER realizó el miércoles en las instalaciones de LUMA en la Base Aérea Muñiz resultó en que las brigadas no pudieran salir por cerca de 5 horas quedando sin atender 9,600 querellas por falta de servicio.

La orden emitida oficialmente con fecha de las 11:35 am hoy, y duración hasta el 14 de junio, está dirigida a la UTIER y Jaramillo, pero también contra “aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente… y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación”.

Las acciones prohibidas en la orden son: 1) “bloquear o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros, los accesos a las instalaciones de la AEE, a cualquier componente del Sistema de Transmisión y Distribución y a aquellos locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a través de todo Puerto Rico”, 2) “bloquear ni limitar el acceso a las carreteras, caminos y vías públicas que conduzcan a dichas instalaciones” y 3) “incurrir en actos de violencia, vandalismo o perturbación que de algún modo concreto impidan que los empleados y contratistas de LUMA puedan realizar sus labores y acudir a las instalaciones… y aquellos locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a través de todo Puerto Rico”.

Al subrayar que la orden “no se debe interpretar de forma alguna en menoscabo del derecho constitucional a la libertad de expresión de los referidos codemandados”, el juez ordenó a LUMA y a cualquier agente del orden público a “salvaguardar el derecho a la libertad de expresión de los codemandados y de cualquier persona que actúe en concierto con estos, ya sea estableciendo perímetros o lugares adecuados en los cuales se pueda canalizar efectivamente cualquier manifestación o protesta, en coordinación y/o diálogo con los propios codemandados y manifestantes relacionados”. Específicamente, a la Policía se le instruye cumplir con la orden 625 sobre manejo de manifestaciones públicas.

LUMA reforzó su solicitud con dos declaraciones juradas nuevas de su directora de Seguridad, la exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández de Frahley, y de su ingeniero “senior” asignado al Centro de Control Energético en Monacillos, Herminio Ramos Meléndez.

Hernández de Frahley detalló incidentes en la Central de Palo Seco y las técnicas de Utuado y de Caguas en los que LUMA no tuvo acceso a las instalaciones. Según evidencia sometida, Palo Seco tiene un almacén con $80 de los $125 millones en equipo de mantenimiento que ubican en siete almacenes alrededor de la isla y que ahora son de LUMA después de que el 1 de junio asumieran la operación de la red eléctrica y saliera la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ramos Meléndez declaró sobre la importancia neurálgica que tiene el Centro en Monacillos para controlar en tiempo real todo el sistema eléctrico de la isla y sobre cómo el equipo de seis ingenieros de turno y ocho operadores del centro pernoctan allí por las amenazas de la UTIER de impedir el acceso (no habla de incidentes específicos donde se haya bloqueado el acceso). Relató también que el 2 de junio, cuando se supone que ya todas las personas trabajando en el sistema fueran empleados de LUMA y no de la AEE ni estén representados por la UTIER, el sindicato supuestamente dio instrucciones al operador de la Central Hidroeléctrica Toro Negro I “para que sacara de servicio las tres unidades que se encontraban en ese momento generando energía hacia la red de transmisión” para que fuera a una reunión del sindicato. Aunque el centro de Monacillos no se lo autorizó, el operador desconectó los generadores en horas de la mañana cuando había demanda baja de energía y la salida de servicio de los generadores no afectó el resto de la red, dijo Ramos Meléndez.

Para ver la orden, pulse aquí.

Reacciona manifestante de la Utier

Uno de los portavoces del grupo que mantiene un campamento en la entrada del local conocido antes como Moisty Park en Caguas dijo que le sorprende la determinación porque el lugar donde están manifestándose no son facilidades de LUMA Energy.

“Ellos alegan que no se les está permitiendo acceso a las facilidades. A nosotros nos sorprende porque estas no son facilidades de LUMA como pueden ver. Para nosotros esos vehículos (al interior del local) estaban aptos para hacer trabajos, pero aparentemente para esta compañía estos vehículos están inservibles”, comentó Alexis Rosado.

Aclaró que en esa manifestación no solamente hay integrantes de la UTIER sino también ciudadanos, de organizaciones políticas y ambientalistas.

“Esto se ha convertido en algo de pueblo. Discutiremos la acción a seguir, pero han querido desviar la atención. Esto no se trata de una lucha entre la UTIER y LUMA. Esto se trata de que el pueblo se dio cuenta de que ese contrato nada le conviene al pueblo y por eso es que estamos saliendo a la calle a denunciarlo”, indicó.

A la pregunta de si ya tenían nuevas instrucciones del presidente de Figueroa Jaramillo, Rosado manifestó que “Figueroa Jaramillo no fue emplazado. Desconocía que esa vista se iba a estar dando hoy. Para sorpresa nuestra cuando llegan aquí los medios nos indican que hay una vista preliminar y por eso Figueroa Jaramillo no asiste a la misma al igual que nuestros abogados”.

Rosado envió un mensaje a sus compañeros al exhortar que “no pierdan la fe. Nosotros queremos trabajar. Hemos trabajado en una empresa que por muchos años nos quitaron los recursos y ahora nos desecharon”.