El joven Tyrone Torres Betancourt, quien escaló y robó en la vivienda en que se encontraba el yerno de la Secretaria del Departamento de Justicia, fue sentenciado hoy a 15 años de cárcel bajo un acuerdo en el que no se le tomaron en cuenta reincidencia ni agravantes.

La víctima, Kelvin Carrasco Ramos, labora en el Departamento de Justicia en la Oficina de Prensa y Comunicaciones, es esposo de la hija de Wanda Vázquez Garced, la titular de la agencia, y, tambien, primo del sentenciado.

Durante la vista de hoy, Torres Betancourt miraba con frecuencia hacia el público pues allí se encontraba su esposa así como su madre, Nayda Betancourt Colón, quien salió disgustada con el sistema judicial de la Isla, convencida de que la Secretaria personalmente fue la que estableció a sus fiscales el acuerdo estricto que ahora lleva a su hijo al Complejo Correccional de Bayamón por robarle a la hija de la mandataria y a su yerno.

En la lista de infracciones se encuentra el hurto de un celular y una computadora que, según el fiscal Francisco González Muñiz, pertenecen al Departamento de Justicia y de la Oficina de Emergencias Estatales.

No obstante, la abogada del acusado, Samaris Benítez Santiago, mostró que se trataba de un celular del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al salir de la sala.

'La alegación que hace fiscalía es que el celular es del Departamento de Seguridad Pública y la computadora del Departamento de Justicia. Yo hago lo que puedo. Hubiera querido algo mejor para el, pero eso es lo que se pudo conseguir. Yo trate menos, pero no se pudo menos, son 15 años para cumplir', expresó Benítez Santiago, en referencia a que el joven no sería elegible para un programa de desvío.

El tiempo a cumplir surgió tras una oferta por parte del Ministerio Público, quien ofreció una condena fija, por lo que Torres Betancourt, de 27 años, renunció a sus derechos, como el proceso de vista peliminar y de juicio por jurado.

En su nombre tambien pesa una instancia de escalamiento agravado, una violación a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, tras robar un automóvil, y tres casos de apropiación ilegal agravada que incluyen robo de un televisor, un abanico, galones de gasolina y prendas.

En un aparte con NotiCel, Betancourt Colón cuestionó la alegada intervención de la Secretaria de Justicia, pues a su juicio, fue Vázquez Garced quien estableció los parámetros del trato. Es decir, por los intercambios que tuvo con el fiscal y la abogada, desde un principio se convenció de que no sería un proceso justo y que la condena sería de 15 años por órdenes de la funcionaria.

'Yo no estoy diciendo que no lo juzguen por lo que hizo, sino que hablen con la verdad porque desde un principio Wanda Vázquez dijo que iban a ser 15 años. Desde un principio me han dicho que Wanda Vázquez dio la instrucción', aseguró.

Betancourt Colón lamentó que no ha tenido la oportunidad de expresarse por miedo a que sus declaraciones sean utilizadas en contra de los mejores intereses de su hijo. En ocasiones, cuando interesaba alzar su voz, relató, le advertían que cualquier expresión podría provocar que el fiscal González Muñiz retirara la oferta o la empeorara.

'Yo no tengo el poder de callar a Wanda Vázquez. Yo no tengo el poder de parármele de frente y decirle que está haciendo las cosas mal. Yo solo quiero que digan la verdad', exclamó frustrada.

A la salida de una de las vistas, el fiscal González Muñiz aseguró que, de su parte, no manejó la situación de manera particular por ser un caso que involucraba a la Secretaria de Justicia, su hija y su yerno.

En ese momento, expresó que habían huellas digitales, una confesión, testigos oculares y fotografías. 'Es lo que llamamos un burrito amarrao', señaló.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 7 de diciembre, cuando Torres Betancourt y su compañero Francisco Soto Velilla, ingresaron a la residencia localizada en Gurabo y recopilaron los objetos.

Al día siguiente, la Policía de Puerto Rico arrestó a Torres Betancourt y a Soto Velilla. Aunque las pertenencias fueron recuperadas, más adelante se les radicaron cargos.

Fue entonces que, según un reporte policiaco, el juez Rafael Pares fijó una fianza de $60,000 contra Torres Betancourt y de $25,000 contra Soto Velilla. El monto de este último fue diferido por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) y quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

Torres Betancourt, en cambio, ingresó a la cárcel.

En el juicio, la magistrada Wanda Cruz Ayala cursó preguntas procesales sobre el estado mental y económico del acusado. La madre no creyó que el Estado no coaccionó a su hijo para renegar de sus derechos y aceptar la oferta, pues recalcó que desde un principio el único panorama que le presentaron era una condena de 15 años y silencio en el transcurso del proceso.

'Llore porque cuando el dijo que nadie lo coaccionó, eso era falso porque estaba repitiendo lo que la abogada le dijo. Porque es pobre y no puede pagar un abogado que de verdad lo defienda. Quince años, eso es como mandarlo al matadero', subrayó.

De acuerdo al Artículo 18 de la Ley 8, la apropiación ilegal de un vehículo de motor tiene una pena mínima de seis años y una máxima de 12 años, pues depende de las circunstancias y agravantes, si alguno.

Mientras, según el Código Penal de Puerto Rico, la condena por escalamiento no debe exceder los seis meses.

En cuanto al cargo de apropiación ilegal, el Código Penal establece que la sanción no debe ser mayor a seis meses, una multa de $500, o ambas, a discreción del tribunal.

No obstante, los casos que conlleven el hurto de propiedad pública o de bienes con un valor mayor a $200 son catalogados como apropiación ilegal agravada y tienen una pena mínima de seis años y una máxima de 12 años.

La determinación fue tomada durante el primer y único día de juicio, llevado a cabo en el Tribunal de San Juan.

Pese a que el Tribunal de Caguas tiene jurisdicción en el caso por el lugar de los hechos, fue en el Tribunal de San Juan en donde se decidió el proceso. El esposo de Vázquez, el juez superior Jorge Díaz Reverón, sirve en la sala de lo criminal de la región judicial de Caguas y allí ha enfrentado sus propios cuestionamientos eticos relacionados a su relación con la Secretaria de Justicia.