Pasadas las diez de la mañana de un martes, el juez Rafael E. Taboas Dávila --del Tribunal de San Juan-- tenía ante sí el caso de Tyrone Torres Betancourt, imputado con una instancia de escalamiento agravado, una violación a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y tres casos apropiación ilegal agravada.

Lo particular del caso yace en sus detalles: el joven Kelvin Carrasco Ramos, es yerno de la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y dueño de la vivienda escalada y el auto robado. Mientras, las instancias de apropiación ilegal corresponden al hurto de un telefono y una computadora, propiedad pública de la agencia y la Oficina de Emergencias Estatales, respectivamente.

La dosis adicional de singularidad recae en el hecho de que el Departamento de Justicia se esmeraba por mantener el asunto privado, pese a que se trataba de un proceso público.

Por eso llegaron preguntas como '¿esperas un caso particular?', '¿Cómo te enteraste?' y la confirmación 'hemos tratado de mantener esto confidencial' ante la presencia en sala de quien escribe.

Las preguntas provinieron de la Asistente Tecnica de Víctimas en el Departamento de Justicia.

'No se le está dando ningún trato preferencial. Es un caso donde hay huellas digitales, es un caso donde hay una confesión, es un caso donde hay testigos oculares, es un testado donde hay fotografías. Es lo que llamamos un burrito amarrao', aseguró el fiscal Francisco González Muñiz a su salida de la sala el 3 de abril pasado.

El fiscal no quiso especificar la relación marital entre Carrasco y la hija de Vázquez Garced, pues solo mencionó que eran 'pareja'. Este medio supo que contrajeron nupcias durante el año en curso.

Ambos se encontraban en su hogar al momento de los hechos, según González Muñiz.

'Al joven Kelvin [Carrasco Ramos] se le llevó un vehículo. Es la pareja de la hija de la Secretaria. Cuando [el imputado] fue allí, le llevó el carro. Ese carro se recupera en la casa del acusado. De hecho, es el nene que entrega la llave a la Policía. La víctima es primo hermano del acusado, de Tyrone', añadió el fiscal.

Carrasco Ramos tambien es empleado del Departamento de Justicia en la Oficina de Prensa y Comunicaciones, lo cual levanta dudas tambien sobre de que forma llegó a estar empleado en la agencia que dirige su suegra.

Aunque tampoco detalló sobre el móvil del delito, el fiscal, cauteloso con sus respuestas, apuntó a que podría tratarse de necesidad de dinero por parte del imputado.

En sala, se encontraban las personas vinculadas estrictamente al suceso: víctimas y sus familiares, testigos y abogados, así como la Asistente Tecnica de Víctimas que cuestionó la presencia de NotiCel.

El imputado recibió una oferta por parte de fiscalía, por lo que renunció a su derecho de vista preliminar e irá directo a juicio.

'Son 15 años por hurto y escalamiento. Son delitos que no tienen violencia, pero aún así eso es lo que le están ofreciendo', reveló, por su parte, Samaris Benítez Santiago, quien representa al imputado.

La abogada, parte del grupo Sociedad para la Asistencia Legal, aludió a que las ofertas que se han 'estado hablando' desembocaron en esa.

En su corto tiempo con este medio, el fiscal estableció que desde un principio requirió que el imputado cumpliera 15 años de cárcel, tiempo consecutivo a la sentencia existente de Torres Betancourt. El trato incluye cero reincidencia y cero agravante.

'Si el Departamento de Justicia le ha dado trato distinto, eso pregúntaselo al fiscal, pero yo no lo he tratado a el con trato distinto. El caso no tiene nada de especial, lo especial se lo dan los fiscales. Yo no veo que sea un caso más especial que otro, pero tú pregúntale al fiscal si le dio tratamiento distinto por ser la hija de la Secretaria de Justicia a ver que te dice', indicó Benítez Santiago.

En sala, Torres Betancourt debía confirmar que se encontraba en las condiciones mentales apropiadas para solicitar un juicio inmediato. Fue allí donde relató que contaba con 27 años y una educación hasta noveno grado.

Su record muestra antecedentes penales que datan desde el 2012. En sala, y al escucharlo, su madre se ahogó en llanto.

Por el lugar de los hechos, Gurabo, el Tribunal de Caguas tendría jurisdicción en el caso pero una especulación ligada al cambio de sede es que el Departamento de Justicia buscaba evitar el conflicto de intereses, ya que el esposo de Vázquez Garced, y padre de la esposa de la víctima en este caso, es juez en esa localización.

Esta y otras preguntas fueron cursadas a la oficial de prensa de la Secretaria, Mariana Cobián Rodríguez, quien, tras varios días de insistencia, refirió el sábado pasado estas expresiones de la jefa de fiscales, Olga Castellón:

'El incidente donde la hija de la Secretaria fue víctima de un escalamiento se atendió como cualquier otro incidente, tanto por la Policía como por los fiscales del Departamento de Justicia. La Secretaria nunca intervino con la investigación ni el procesamiento del caso. El caso fue atendido como cualquier otro asunto, como dicta la ley. La propiedad pública robada (una computadora portátil) estaba bloqueada y se recuperó, por lo que no se afectaron labores ni se perdió información. Por tratarse de un asunto familiar y personal, la Secretaria no va a emitir comentarios'.

El Departamento todavía no ha contestado sobre cómo Carrasco llegó a tener el puesto en la Oficina de Prensa de la dependencia donde, por lo menos del 8 al 17 de enero pasado, sirvió como director interino de la Oficina mientras Cobián estuvo fuera.