Pese a que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se mostró sorprendido al ser cuestionado sobre la poca disposición de su administración para suministrar información sobre las muertes ocurridas en la isla a consecuencia del paso del huracán María, ya en los tribunales hay dos demandas contra su administración precisamente por negarse a proveer información sobre los muertos que dejó el fenómeno atmosferico.

Una de las demandas fue presentada hoy por el Instituto de Estadísticas contra el Registro Demográfico de Puerto Rico y el Departamento de Salud (DS) por no ofrecer información pública requerida por este ente para realizar una metodología estadística que llevara a analizar si una muerte está o no relacionada a un desastre. Pero. además, en el mes de febrero el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tambien había demandado luego de que el Registro Demográfico tampoco le suministrara información requerida sobre el número de muertos.

Particularmente, la demanda del CPI establece que se solicitó 'información pública y de alto interes público para el Pueblo de Puerto Rico' mientras el Gobierno de Puerto Rico mantenía un discurso que establecía que el número de fallecidos era 64.

A finales de febrero y tras cuestionamientos que continuaban en la palestra pública, Rosselló Nevares anunció un acuerdo con la Universidad George Washington (GWU) para revisar la metodología y estimados que llevaron a que su gobierno fijara el número de víctimas en sólo 64. Sin embargo, ese acuerdo ha sido utilizado como excusa para no presentar la información del Registro que solicitaron tanto la Universidad de Harvard como el CPI.

'El gobierno dejó de compartir estos datos una vez que tomaron la decisión de reevaluar el número de defunciones. Nuestro estudio estaba en marcha cuando se hizo el anuncio. Nuestros metodos son diferentes del recuento detallado que llevará a cabo GWU y complementará el suyo y otras aproximaciones', dijeron los autores del estudio de la Universidad de Harvard que proyecta que las víctimas mortales del huracán serían 4,645.

En el caso del CPI, los abogados del gobierno tambien han esbozado en una vista en el tribunal que el hecho de que el gobierno está compartiendo con la GWU los mismos datos que otras entidades están solicitando no quiere decir que lo van a compartir con otras entidades. El argumento del gobierno ante el tribunal ha sido que el acuerdo con GWU es aparte y no varía su negativa a entregar esa información.

Todo esto choca con expresiones del Gobernador en medios de Estados Unidos en los que se muestra sorprendido con las alegaciones de que su administración ha ocultado información llegando al punto de que el Mandatario aseguró que 'si es cierto, habrá un infierno que pagar (there will be hell to pay)'.

Al momento, Rosselló Nevares solo permanece diciendo que firmó una orden ejecutiva para suministrar la información y que el estudio de GWU estará disponible próximamente, pese a que hace semanas sostuvo que hay que esperar hasta noviembre para conocer cuántas personas fallecieron en Puerto Rico tras el paso del huracán María, ya que esas estadísticas no 'serían finales' hasta que sean validadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta.

Hoy, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, confirmó que su agencia ha compartido los datos sólo con la GWU aunque otras entidades los han solicitado.

'El 22 de enero, Caroline Buckee de la Universidad de Harvard solicitó información oficial sobre las fatalidades e interesaba una reunión. El 25 de enero se le envió comunicación oficial a la señora Buckee en la que se le expresó que la información de fatalidades en el 2017 se estaba analizando y revisando para poder proveerla de forma oficial y final. Se le informó además que este proceso de revisión es uno regular de la oficina gubernamental que se hace en coordinación con el National Center for Health Statistics. Se le informó la disponibilidad de los datos una vez terminara el proceso de revisión. Nunca se le negó acceso a los mismos', sostuvo Llovet Díaz en declaraciones escritas.

Sin embargo, confesó que se ha provisto los datos a la Universidad de George Washington que realiza una investigación sobre las fatalidades tras el paso del huracán María a petición del gobernador Rosselló Nevares. 'Hemos brindado la información pública aun cuando se encuentra en el proceso de revisión junto al CDC. Por ley y en protección del derecho de intimidad, no todos los datos son públicos', indicó la funcionaria.

En cuanto al requerimiento del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre los certificados de defunción de cada persona, la Ley del Registro Demográfico define quienes se consideran partes interesadas para recibir un certificado de defunción que significará el inscrito, si es de dieciocho (18) años de edad o mayor, su padre, su madre, su representante legal, custodio legal o tutor, o los herederos del inscrito. Será además, cualquier menor que a su vez sea padre o madre de un menor para lo cual se autoriza la expedición de actas relacionadas tanto para su persona como para su hijo(a) o una parte interesada será además la señalada mediante orden del Tribunal. La Ley no permite compartir los certificados de defunción con una persona que no demuestre cumplir con los requisitos en Ley.

Puedes ver la demanda del Instituto de Estadísticas pulsando aquí.