En un escrito sellado sometido al tribunal y que todavía está pendiente, reclama que no se hubieran podido desarrollar casos contra Anaudi Hernández ni expresidente cameral Jaime Perelló si no fuera por él.

Aunque se prepara para salir en libertad tras cumplir una condena de nueve años de cárcel por su participación en el primer caso criminal federal por corrupción judicial que se tramitó en Puerto Rico, el contador Lutgardo Acevedo López tiene pendiente de resolver desde 2019 una reclamación en la que alega que su abogada y la fiscalía federal lo engañaron y, después de cooperar extensamente con las autoridades, no le tuvieron consideración en la etapa de sentencia.

Las alegaciones están hechas en un documento sellado sometido el 8 de abril de 2019 a la jueza federal Aida Delgado Colón al que NotiCel tuvo acceso y en el que pide que se deje sin efecto su declaración de culpabilidad y se le resentencie o se lleve a cabo una vista evidenciaria para dirimir las alegaciones que levanta.

Al día de hoy, el caso sigue pendiente de resolución por parte de la jueza aun cuando Acevedo López ya está fuera de la cárcel en un hogar de adaptación como parte de su proceso de reinserción social para extinguir su pena en enero de 2022.

Los argumentos de Acevedo López contra su exabogada, Rachel Brill, se concentran en su supuesta falta de diligencia para prepararse y tramitar correctamente su acuerdo de cooperación y los procesos de sentencia. Sostiene que, para la sentencia por el caso de corrupción judicial que protagonizó con el convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández, Delgado Colón tomó en cuenta relatos de otros eventos en los que se involucró el contable a nivel estatal que no fueron corregidos por su abogada.

También sostiene que el exjefe de la Oficina de Probatoria federal para el Distrito de Puerto Rico, Eustaquio Babilonia, es pariente de Félix Babilonia, el guardia de seguridad a quien Acevedo López mató en 2012 tras chocar con su vehículo mientras conducía en estado de embriaguez. Sin embargo, Babilonia manejó su informe presentencia y su abogada no hizo gestiones para recusarlo y pedir que el informe lo hiciera personal de otro distrito, acusó el contable.

Los intentos de Acevedo López de zafarse de los cargos que le presentaron por la muerte de Babilonia mediante hacerle pagos y otros favores al juez Acevedo Hernández son la base de su acusación federal.

El documento relata que Acevedo López estuvo cooperando con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) desde meses antes de su arresto en junio de 2014 y que iba voluntariamente a una oficina satélite de la agencia en Aguadilla sin estar acompañado de abogado para proveer “acceso irrestricto a sus documentos, calendarios y récords, para que las autoridades investigadoras corroboraran sus declaraciones”. Incluso, entregó su teléfono para examen de las autoridades.

“Retamos al gobierno (federal) a negar si los casos de Anaudi Hernández y (el expresidente cameral) Jaime Perelló se hubieran descubierto y elaborado si no fuera por la información e inteligencia inicial que proveyó el Sr. Acevedo López. El tribunal no debe perder de vista que estos actos de corrupción gubernamental y venta de influencias de los que el Sr. Acevedo conocía no se conocían públicamente, excepto por los participantes y beneficiarios del esquema. Distinto a las grandes conspiraciones de narcotráfico, en las que es más fácil para el gobierno identificar a cooperadores potenciales y manipular las circunstancias para ponerlos bajo su custodia, los crímenes de cuello blanco se llevan a cabo en hogares, campos de golf y oficinas fuera del alcance de las capacidades tradicionales de las autoridades de ley y orden, excepto hasta que llega alguien como el Sr. Acevedo López”, argumenta el escrito sometido en 2019.

La celebración de actividades de recaudación de fondos para figuras del Partido Popular Democrático (PPD) en una mansión millonaria que Hernández tenía en Aguadilla es uno de los elementos de los casos de corrupción federal y local en los que el contratista figuró como acusado y testigo.

El documento no entra en los detalles de lo que Acevedo López delató, pero sí que la cooperación está consignada en una bitácora que el hombre mantuvo, así como en las notas que los agentes hacían después de las entrevistas. Consigna que también cooperó con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Por años, la exjefa de fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, aseguró que, tras el caso de corrupción que protagonizó el donante y contratista del Partido Popular Democrático (PPD, vendrían más acusaciones relacionadas. Pero eso nunca se materializó antes de su retiro y ahora su sucesor, W. Stephen Muldrow, ni menciona esa pesquisa a la que se nombró públicamente como “Anaudi Parte 2”. La reclamación de Acevedo López para que se le redujera su sentencia constituye una de las pocas indicaciones formales de que las autoridades recibieron más evidencia de la que usaron en el caso de Hernández y sus coacusados.

Toda esta cooperación, sostiene Acevedo López, brilló por su ausencia en los documentos que la jueza consideró para su sentencia porque su abogada no los preparó bien y porque los fiscales incumplieron su promesa de informar al tribunal sobre esa relación de cooperación.

“La confianza de la abogada en las representaciones de los fiscales de que la colaboración del Sr. Acevedo se tomaría en consideración y eventualmente recibiría algún beneficio de la información provista a lo largo de numerosos interrogatorios no le permitieron prepararse adecuadamente para la sentencia”, acusa el documento que presentó el contable.

Acevedo López se lamenta que Brill no realizara una recopilación completa de circunstancias mitigantes que se pudieron haber sometido para la etapa de su sentencia, tales como su trasfondo social y personal, así como sus padecimientos siquiátricos y adicciones. De hecho, durante su vista de sentencia, Acevedo López le contestó a la jueza que no estaba bajo tratamiento siquiátrico cuando, en realidad, lo estaba, y su abogada no intervino para aclarar el récord.

Tampoco se tomó en cuenta que, en el caso de la muerte de Babilonia, hizo arreglos para que su seguro de vida le pagara un total de $525,000 a los hijos y familiares del hombre, así como que cubrió sus gastos funerarios y otras cuentas personales y educativas de una de sus hijas.

“(Acevedo López) se convirtió en el niño símbolo de la corrupción gubernamental y, al final, recibió una sentencia mucho más alta en comparación con otros que enfrentaban cargos por la misma conducta”, se dice en el documento.

La sentencia de nueve años de cárcel que recibió el contador después de declararse culpable casi inmediatamente tras su arresto contrastan con que el juez Acevedo Hernández, después de ir a juicio, fue condenado a 10 años de cárcel.

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