La demanda del gobierno contra empresa de Texas vuelve al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El juez federal Pedro A. Delgado devolvió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan la demanda con la que el Gobierno de Puerto Rico busca que la empresa Texas Armoring Corporation (TAC) responda por la guagua blindada que se le ordenó para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares poco después del huracán María y que todavía no han entregado.

TAC se había llevado el pleito al Tribunal Federal alegando que había diversidad de ciudadanía entre la empresa, su principal ejecutivo, también demandado, Ronald Trent Kimball, y los demandantes Departamento de Seguridad Pública (DSP) y Administración de Servicios Generales (ASG). Pero el juez Delgado subrayó que ambas dependencias son brazos del gobierno de Puerto Rico y los gobiernos no son “ciudadanos” para la doctrina de diversidad de ciudadanía que es la que activaría la jurisdicción.

Para el juez, es tan evidente la falta de diversidad, y tan improcedente la solicitud de remover el caso a la esfera federal, que aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de imponer el pago de costas y honorarios a TAC y Kimball.

El gobierno radicó la demanda el 1 de marzo pasado pero, entre intentos de emplazamiento y la solicitud incorrecta de auxilio al Tribunal Federal, no se ha entrado en ninguna materia sustancial de las reclamaciones, que son que el tribunal debe declarar nulo el contrato con TAC o, si no lo declara nulo, que encuentre que está en incumplimiento y le ordene devolver los $224,100 que se le han pagado.

Hasta ahora, TAC ni Kimball han presentado al tribunal sus defensas para los argumentos del gobierno.

La orden era para una guagua Chevy Suburban blindada cuya compra totalizaba $245,000 que incluyen costos especiales por el blindaje y por un paquete de accesorios de lujo.

Vea:

Se llevan al Tribunal Federal pleito por la guagua blindada