Vista preliminar contra Exjefa de Negociado de Telecomunicaciones quedó suspendida por solicitud de la defensa para inspeccionar oficina.

Los fiscales especiales independientes (FEI) que atienden el procesamiento contra la excomisionada del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Sandra Torres López, dijeron no saber todavía cuántas investigaciones adicionales pueden generar tras concederle inmunidad total a la que sería coacusada con Torres López, la exintegrante del Comité de Finanzas de la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, Katherine Erazo García.

Al radicarse el caso contra Torres López el 8 de abril pasado por supuestas violaciones a la Ley de Ética y el Código Penal al usar recursos públicos para recaudar fondos a favor de Rosselló Nevares, la presidente de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, reveló que se disponían a acusar a Erazo García también. Pero añadió que un acuerdo de inmunidad total tramitado en tres días cambió su status de acusada a testigo y que la inmunidad le proveyó a la oficina corroboraciones para otros testimonios y añadir un tercer cargo a los dos que planificaban radicar contra Torres López.

El proceso regular para conceder inmunidad a un testigo implica que se le hace un interrogatorio extenso a la persona para conocer la calidad de conocimiento sobre los delitos así como la posibilidad de poder implicar a otras personas en el acto delictivo investigado o en otros.

“Es que eso todavía eso no lo hemos determinado”, dijo la fiscal Leticia Pabón a la pregunta de cuántas otras personas quedan involucradas, o cuántas otras pesquisas pueden iniciarse, con la cooperación de Erazo García.

“El alcance de la investigación, a dónde nos lleva, cuál es la prueba, cuáles son las gestiones, lamentablemente no podemos comentar”, dijo el fiscal principal del caso, Ramón Mendoza a otras preguntas, incluyendo si el testimonio de Erazo García era suficiente para involucrar a Rosselló Nevares, a funcionarios en Fortaleza o a otros jefes de agencia.

La pregunta surge porque en la resolución del 24 de agosto de 2020 con la que inician la investigación, la OPFEI relató que el testimonio del exayudante de Torres López, Exel Joel López Vélez, fue que “Erazo García les comunicó a éste y a la licenciada Torres López, que el exgobernador Rosselló Nevarez (sic) había ordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campaña de reelección”.

Aunque la información está contenida en una resolución oficial de la OPFEI, la fiscal Pabón dijo que “esa no es la prueba” en referencia a si los testimonios implican al exgobernador. “Cuando se vea la vista, ustedes sabrán cuál es la prueba completa”, añadió.

López Vélez fue el informante que detonó la investigación contra Torres López al denunciarla ante varios foros, incluyendo el Tribunal Supremo, donde todavía está pendiente un proceso disciplinario contra la exjefa de la entidad que antes se llamaba Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. López Vélez fue uno de solo tres testigos, de un total de 18, que comparecieron al tribunal este miércoles para el comienzo de la vista preliminar. Las otras dos fueron la licenciada Nimia O. Salabarria, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), y Angélica María Morales Díaz, de la Oficina del Contralor Electoral. No estuvo en sala Erazo García ni otras personas en la lista, como la exsenadora Zoé Laboy.

En la vista preliminar no se requiere presentar a todos los testigos.

El señalamiento de vista quedó suspendido por la jueza Alexandra G. Rivera Sáez ante el pedido de la abogada de Torres López, Carmen Quiñones Núñez, para que se emita una orden que le permita inspeccionar las instalaciones de la sede del NET, específicamente el piso donde estaba la oficina de su clienta, como parte de su preparación de las estrategias de defensa.

Para el 28 de abril, los FEI deben plantear su posición por escrito y comparecer al tribunal con un representante del NET con autoridad para coordinar la inspección. En esa vista del miércoles que viene se señalaría nueva fecha para el inicio de la vista preliminar.

Las reglas de la inmunidad

A la salida de la vista, los fiscales confirmaron el contenido de una resolución de la OPFEI del viernes pasado, divulgada inicialmente por Jay Fonseca, en la que se les otorgan 30 días adicionales para que entrevisten a personas que supuestamente se comunicaron telefónicamente con la dependencia con más información sobre el caso. No se conoce si es información solo sobre la acusada o también sobre Erazo García, López Vélez u otros testigos.

“(A Erazo García) se le está dando inmunidad completa, no voy a entrar en los distintos tipos de inmunidad”, dijo Mendoza al limitarse a indicar que fue concedida según las facultades de la ley habilitadora de la OPFEI. El estatuto se limita a indicar que los FEI tienen autoridad para “otorgar la inmunidad que estime necesaria a los testigos en casos penales, civiles o administrativos para el cumplimiento de su encomienda de acuerdo con la ley”.

La otorgación de inmunidad en Puerto Rico está gobernada por la Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos de 1990, que explica que las inmunidades que se pueden conceder son: 1) administrativa (protección contra acciones administrativas del gobierno); 2) civil (protección contra acciones civiles que pueda iniciar el gobierno) 3) disciplinaria (protección contra acciones disciplinarias ante el Tribunal Supremo o cualquier otra Junta profesional) y 4) transaccional (protección contra cualquier acción de naturaleza penal). En todos los casos, la inmunidad solo cubre los actos por los cuales declare. Si la persona esconde hechos, puede ser procesada por esos hechos que escondió y también por perjurio. Si la persona miente, se le puede retirar la inmunidad y ser procesada por perjurio.

Por tanto, la práctica es que el que recibe la inmunidad debe relatar a las autoridades todos los hechos potencialmente delictivos que conozca o en los que haya participado, sin limitarse solo al caso bajo investigación.

Otras reglas de las inmunidades es que los que la reciben están admitiendo también que cometieron delito y que la concesión de inmunidad por parte del gobierno no cubre acciones que pueda tomar la Legislatura ni tampoco procesamientos que puedan originar las autoridades federales. El caso principal del Tribunal Supremo federal sobre la concesión de inmunidad, Kastigar v. US, indica que esa concesión “refleja la importancia del testimonio y el hecho de que muchos delitos son de tal carácter que las únicas personas capaces de proveer testimonio útil son los implicados en el crimen”.

Otros casos de la OPFEI activos

Además del procesamiento contra Torres López, la OPFEI tenía señalados tres casos el miércoles en distintas salas del Centro Judicial de San Juan.

Una vista de status en su caso contra el exagente de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, Armando Agrón Valentín, por apropiación ilegal de $10,000 de fondos públicos quedó repautada para el 10 de junio. Una vista para declaración de culpabilidad de Xavier González y Glenn Rivera, dos coparticipantes en el caso del expresidente cameral, Jaime Perelló Borrás, quedaron repautadas, respectivamente, para el 13 y 14 de julio. Y el juicio en su fondo contra el exrepresentante Guillermo Miranda, por presionar a una empleada a participar en actividades de recaudación de fondos, quedó reseñalado para el 8 de junio.

Vea: Inmunidad para Erazo se tramitó en tres días y le añadió un cargo a Torres