Expedientes legales contradicen reclamos del Alcalde sobre su cuidado en el manejo de propiedades municipales.

Documentos notariales, deposiciones, correos electrónicos y expedientes de casos federales y locales plantean una involucración directa del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, en las transacciones de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) y que el riesgo y arrojo que se reflejan en la inversión de $9 millones que esta semana produjo una acusación criminal federal no es un evento aislado.

Los documentos a los que NotiCel tuvo acceso, todos en el foro judicial y sometidos bajo penalidad de perjurio, sobre transacciones de MEDI contradicen las expresiones que Rodríguez Rodríguez hizo ayer mismo al reaccionar a la acusación federal de allegados suyos. El alcalde acudió a una emisora de su pueblo para hacer las expresiones, pero no ha respondido a solicitudes de entrevista de NotiCel.

El cuadro que pintan los expedientes es el de un alcalde que crea una corporación municipal, sobre la cual el municipio renuncia de cualquier responsabilidad legal pero a la que, a la vez, le pasó por lo menos $300 millones en propiedades municipales para que las moviera en el mercado privado. Cuando las cosas no salían como se esperaba, entonces echaba para atrás y argumentaba que esas transacciones no estaban autorizadas. Esto, a pesar de que la corporación municipal independiente estuvo bajo el mismo control férreo que ejercía el alcalde en el gobierno municipal y de que, formalmente, la junta de directores de la entidad está compuesta enteramente por funcionarios municipales y nombramientos del alcalde, con el propio alcalde como su presidente.

El Hospital San Antonio, que opera como entidad pública en Mayagüez desde 1865, es un ejemplo de esto.

El tracto particular de estos eventos comienza a mediados de 2017, cuando MEDI decide adquirir generadores eléctricos para el Centro Médico de Mayagüez a un costo de $13,750,000. El negocio tenía nombre y apellido: el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, hijo del exgobernador Rafael Hernández Colón, quien representaba en Puerto Rico a la empresa californiana EcoGen y ganaría comisión por cada generador de esa empresa que se vendieran aquí.

Hernández Mayoral proveyó todos los elementos de la transacción. Fue el que llevó a MEDI al suplidor de California y el suplidor, a su vez, le recomendó a MEDI que contactara a Trevor Federkiewicz para que, a través de él, se consiguiera el financiamiento con los prestamistas canadienses Know Limits Private Lending, Inc. (KLPL). La alternativa canadiense era la sexta que trataban porque cinco entidades habían declinado hacer el financiamiento para los generadores. Estos aparatos serían descritos en un artículo de 2019 del Center for Investigative Reporting como una estafa.

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Aunque no tenía ninguna posición en MEDI, en todo momento Hernández Mayoral fue el interlocutor entre MEDI y los prestamistas canadienses, llevando y trayendo mensajes entre las partes. Y es en esa capacidad que, en un correo electrónico de septiembre de 2018 le dice a Federkiewicz que "el alcalde de Mayagüez lo está presionando (al director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández)" para conseguir el financiamiento de los generadores.

MEDI y KLPL suscribieron una carta de intención para el financiamiento de los 25 generadores de EcoGen a $550,000 por unidad que requería que MEDI diera un depósito de $1,375,000. Pero, en el trámite, EcoGen reclama un pronto pago de 50% para procesar la orden lo que hace que el prestamista vaya a donde MEDI y le planteara que iba a necesitar algún tipo de colateral adicional al depósito para cubrir el pronto porque el colateral no podían ser los mismos generadores que EcoGen le iba a dar a MEDI.

Hernández Mayoral presenta a los prestamistas la alternativa de usar el Hospital San Antonio como colateral. Cuando los canadienses expresaron resistencia a aceptar un hospital público activo y en servicio como colateral, Hernández Mayoral les aseguró que la instalación estaba arrendada a un operador pero que, "cualquier cosa que se necesite hacer sobre eso, se puede hacer bien rápido".

Lo que no aparece en los correos es que meses antes, en junio de 2018, y en medio del trámite para el financiamiento de los generadores, el alcalde Rodríguez Rodríguez había suscrito una escritura para transferir los terrenos y edificios del Hospital San Antonio a MEDI cediéndole "todo título, derecho e interés que tiene en la propiedad". El traspaso fue sin ninguna restricción sobre las transacciones que MEDI podía hacer como nuevo dueño y sin ninguna advertencia sobre la naturaleza pública de la propiedad.

Pero no fue solamente el Hospital San Antonio. El propio Riera Fernández dijo a los prestamistas que MEDI tenía $300 millones en propiedades públicas que podían ser usadas de colateral en transacciones, incluyendo el Teatro Yagüez, el Palacio de Recreación y Deportes, la antigüa sede del Westernbank, y el Pabellón de Boxeo El Maní.

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Hernández Mayoral, político del mismo Partido Popular Democrático (PPD) que controla el ayuntamiento mayagüezano, dijo en un correo electrónico a los canadienses que Riera Fernández era la persona de autoridad en MEDI pero que "va a consultar con los asesores legales del alcalde todas las cosas grandes". Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, otro de los arrestados el martes, era asesor legal del municipio al momento de este intercambio.

El negocio de financiamiento se cayó, MEDI decidió cancelarlo aprovechando que había pasado el tiempo que disponía la carta de intención. La información de la transacción quedó preservada para el récord público cuando MEDI demandó a los canadienses en el Tribunal Federal alegando que éstos habían cometido malversación y que tenían que devolverle el depósito original de $1,375,000. El tribunal no aceptó los argumentos de MEDI de que había sido víctima de malversación de fondos pero sí adjudicó que los canadienses tenían que devolver el depósito. La abogada de MEDI fue la esposa de Hernández Mayoral.

Ese caso no fue el único en el que el Hospital San Antonio fue un balón financiero.

En noviembre de 2019, un año después de la demanda de los generadores y cuando el Tribunal Federal todavía no había resuelto ese caso, PMJ Capital PR Corp. demandó a MEDI en el Tribunal de Primera Instancia reclamando la ejecución hipotecaria del Hospital San Antonio como resultado de un pagaré al portador que le extendió MEDI y que, tras varios modificaciones e incumplimientos, se había convertido en una deuda de $1,430,000.

Sucedió que, en junio de 2018, mientras negociaba el financiamiento de los generadores, Riera Fernández emitió un pagaré hipotecario al portador por $1,200,000 cuyo colateral era el hospital. Ese pagaré lo notarizó Irizarry Irizarry, el asesor legal del alcalde, cinco días después de que el alcalde le cediera el hospital a MEDI mediante escritura. El pagaré se negoció con PMJ y, en marzo de 2019, cuando incumplió los términos, MEDI entró en un acuerdo para prorrogar la ejecución a cambio de más dinero para PMJ. En ese nuevo acuerdo, MEDI aceptó que, si ocurría un incumplimiento de la prórroga, PMJ podía ir al tribunal a pedir una sentencia de ejecución de hipoteca sin ningún otro trámite.

A pesar de que Irizarry Irizarry notarizó el pagaré, de que el alcalde es presidente de la Junta de Directores de MEDI y de que Riera Fernández juró que había consultado el negocio con los "respectivos asesores y consultores", el municipio intervino en la demanda de PMJ para argumentar que era por la demanda de PMJ que se habían enterado que habían gravado con una hipoteca el hospital, el que enfatizaron es "una propiedad pública municipal".

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De manera sorprendente, y a pesar de que le traspasó a MEDI "todo título, derecho e interés que tiene en (el hospital)", el municipio le dijo al tribunal que ese traspaso no le daba autorización "a gravar o hipotecar el terreno, edificios y activos que componen el Hospital San Antonio", que fue lo que Riera Fernández hizo con PMJ y lo que Hernández Mayoral había ofrecido hacer para el financiamiento de los generadores.

"Por información y creencia, la Junta de Directores de MEDI tampoco fue informada, ni mucho menos autorizó, la transacción entre MEDI y PMJ", remató el municipio en aparente confesión de que Riera Fernández e Irizarry Irizarry realizaron actos formales y oficiales sin que se enterara el alcalde Rodríguez Rodríguez, quien era su jefe en el municipio y en MEDI.

Sobre la premisa de que no podía "tomar livianamente el hecho de que el inmueble cuya ejecución solicita la parte demandante en pago de su acreencia es uno que alberga las facilidades médico-hospitalarias que brindan servicio a la población de Mayagüez y otras áreas de la región oeste", la jueza Carmen Montalvo Laracuente desestimó la solicitud de PMJ sin cerrar la puerta a que se presentara algún otro tipo de recurso sobre la controversia. Que se sepa, no se ha radicado más ningún recurso.

En su reacción al caso criminal por el fraude con la inversión de $9 millones en MEDI, el alcalde Rodríguez Rodríguez dijo ayer que estaba dolido con el arresto de Irizarry Irizarry porque hizo "muchas gestiones positivas por el municipio de Mayagüez". "Es uno de los abogados más capacitados e inteligentes de Puerto Rico y lo puedo decir porque lo vi en ese proceso de trabajo”, añadió. Sobre Riera Fernández, dijo que "se le está separando la confianza al director ejecutivo". El retiro de confianza ocurrió tres años después de estos eventos cuestionables con el Hospital San Antonio. Rodríguez Rodríguez dijo que no había sacado antes a su funcionario de confianza porque "no puedes despedir una persona sin tener evidencia para despedirla".

"Los fondos del municipio los defiendo yo más que los propios recursos míos. No va haber un alcalde más honesto que este alcalde en la ciudad de Mayagüez”, afirmó.

Para ver testimonio de Hernández Mayoral en el caso federal, pulse aquí.

Para ver testimonio de Riera Fernández en el caso federal, pulse aquí.

Para ver sentencia del caso federal, pulse aquí.

Para ver intervención del Municipio de Mayagüez en caso de ejecución de hipoteca contra Hospital San Antonio, pulse aquí.

Para ver sentencia en caso de ejecución de hipoteca contra Hospital San Antonio, pulse aquí.