Federales aseguraron una acusación un día después de las elecciones y hacen llamado a cooperadores.

El día después de las elecciones generales, un grupo de puertorriqueños constituidos en un gran jurado federal, algunos de ellos presumiblemente electores que habían emitido votos el día anterior, se reunieron a emitir otro voto, esta vez para presentar una acusación por corrupción contra uno de los representantes que resultó reelecto el martes. Dos días después de las elecciones generales, con votos todavía contándose, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) advirtió que “la corrupción pública es la prioridad número uno del FBI en San Juan”.

Estos eventos ocurridos las últimas 48 horas vuelven a colocar la malversación de fondos públicos y la corrupción como el lente por el cual se miran los resultados de las elecciones y por el cual se mirará al gobierno entrante.

La expresión de Rafael Riviere Vázquez, agente especial a cargo del FBI en San Juan, se registró ayer en la conferencia de prensa en la que se anunció la acusación contra el representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, la cual un gran jurado emitió el 4 de enero, día después de las elecciones.

El esquema que se le imputa a Alonso Vega es similar al que se imputó a los exlegisladores, también del PNP, María Milagros Charbonier Laureano y Nelson del Valle Colón, infló el salario de un empleado a cambio de que el empleado le devolviera en pagos ilegales por lo menos la mitad del aumento.

Pero el jefe de la oficina de Puerto Rico de los fiscales federales, W. Stephen Muldrow, planteó que “si algo está ahí que refleje un posible delito, nosotros vamos a investigarlo”. Esto, como respuesta a una pregunta de NotiCel sobre si la investigación de la oficina de Alonso Vega se extendería a la aprobación de la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, la legislación de mayor envergadura que manejó personalmente el legislador de entre las 153 piezas de su autoría o coautoría, que se le adjudican este cuatrienio. La Ley 81 de 2019 fue una de las piezas que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares unos días antes de renunciar al cargo en verano del año pasado.

La Ley 81 fue el mecanismo que usó la Administración Rosselló Nevares para atender las apuestas electrónicas y resolver la pugna por las máquinas de entretenimiento para adultos, videoloterías, un tema que ha provocado cabildeo económico en la Legislatura por años, que impulsó una actividad en la que se recaudaron $25,000 en efectivo para la campaña primarista de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y que todavía es objeto de reclamaciones judiciales contra el gobierno.

Muldrow y Riviere Vázquez, como es usual, evitaron entrar en detalles de investigaciones pendientes durante su conferencia, pero reanudaron el llamado a los cooperadores y a que los mismos funcionarios que puedan estar cometiendo actos ilegales se entreguen antes de que los agentes vayan a buscarlos.

“Si la gente tiene información de esos delitos es mejor que nos llame ahora… nosotros sabemos quiénes son esas personas, eso quiere decir que este no va a ser el único caso que nosotros tenemos”, dijo Muldrow sobre la modalidad de acusaciones por empleados que le devuelven ilegalmente a legisladores parte de sus sueldos. Muldrow específicamente declinó confirmar si, como le planteó una periodista, hay un gran jurado activo por esquemas de corrupción en la Superintendencia del Capitolio, la dependencia legislativa que, junto con la Oficina de Servicios Legislativos, son las dos que todavía no han divulgado al público los salarios de sus empleados.

“A riesgo de sonar como un disco rayado”, planteó Riviere Vázquez, “la corrupción pública destruye la fe del pueblo en sus instituciones de gobierno [y] esto es inaceptable”. Al reafirmar que ese tipo de delito es prioridad para sus agentes, recordó que pueden ir detrás de “funcionarios electos y no electos” y que “no vamos a descansar, no vamos a perder el interés, no vamos a parar de investigar querellas de corrupción hasta sus últimas consecuencias”.

Específicamente pidió al público que no se limite a reportar posibles actos de corrupción sino que acudan a presentar querellas. “Si es testigo de un acto de corrupción, lo exhortamos a que lo reporte cuanto antes”, dijo.

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