Documentos judiciales revelan que casi la mitad del dinero pagado por las pruebas fue a parar a la cuenta de una entidad hasta ahora desconocida.

De los poco más de $3 millones que el Departamento de Salud pagó en marzo a la empresa 313 LLC por pruebas de coronavirus que no fueron entregadas completas y que no servían, casi la mitad fue transferido, en cuestión de días, a una empresa de la que se conoce poco. La persona que controla ambas cuentas bancarias, la de 313 y la de la empresa que recibió la transferencia de $1,262,267.41, es la misma: el cabildero y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Francisco Suárez Lemus.

Lo que se conoce de la repartición de esos $3 millones viene del expediente judicial de la demanda que sometió Salud contra 313 para recuperar el dinero. El 2 de julio pasado, Oriental tuvo la iniciativa de intervenir en el pleito para consignar los $1,382,008.95 que quedaban de los fondos públicos pagados por las pruebas ya que entendía que debía ser el tribunal el que decidiera si el dinero se quedaba en las cuentas privadas o iba a Salud. De ese dinero, solo $119,741.55 están en la cuenta de 313 y el resto, $1.2 millones, están en la cuenta de la hasta ahora desconocida Roads, Water & Energy LLC (RWE). Los $1,685,491.05 que completarían la suma que pagó Salud fueron gastados en varias transferencias que hizo 313 y que se desconocen. De no haber ocurrido la consignación por parte de Oriental, Salud hubiera seguido la demanda solo contra 313 la cual, de los $3.6 millones que recibió, solo tenía en su cuenta unos $120 mil.

RWE intentó que el tribunal declarara nula la consignación para que Oriental le devolviera el dinero depositado en su cuenta pero, tras meses de mociones entre Oriental, RWE y el Departamento de Justicia, el juez Arnaldo Castro Callejo decidió el 9 de octubre que el dinero se iba a quedar consignado en el tribunal y que RWE se iba a mantener en el pleito como una parte interesada. Al final del pleito, el dinero podría ser devuelto a Salud o se podría declarar que Salud no tiene derecho a la devolución, por lo que el dinero se queda en manos de las dos empresas privadas. El gobierno de Puerto Rico contestó la demanda y contrademandó a 313. En una vista el 21 de octubre surgió que “hay una posibilidad de transacción”, según la minuta de la vista, por lo que el juez señaló vista transaccional para el 23 de noviembre.

Si Salud prevalece en la demanda, hay pocas posibilidades de recuperar lo que no está consignado en el tribunal, por lo que los contribuyentes se exponen a perder casi $1.7 millones en esta transacción, lo cual es distinto a lo que sucedió con la controvertible compra de pruebas a la constructora Apex General Contractors LLC, en cuya transacción de $19 millones no hubo pérdida de fondos públicos porque el pago fue devuelto después de que, también el banco Oriental, detuviera la transacción.

RWE combatió fuertemente a Oriental para que les devolviera el dinero e, incluso, intentó mantener sus argumentos bajo confidencialidad de manera que se conociera lo menos posible su relación con 313.

Pero los documentos judiciales proveen un cuadro que, aunque no está completo, ofrecen un bosquejo de qué estaba pasando tras bastidores mientras el país discutía las transacciones fallidas del gobierno por conseguir pruebas de coronavirus.

El tracto político de Suárez Lemus

Al centro de todo está Suárez Lemus, quien es donante de la comisionada residente, Jenniffer González, el comité de acción política Estadidad 2020, el PNP, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el representante José Enrique Meléndez Ortiz, los senadores Eric Correa, Héctor Martínez Maldonado, Thomas Rivera Schatz y el popular José Nadal Power y el excomisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia. Los donativos al senador Martínez Maldonado repiten también por parte del gerente de 313, Ricardo Javier Vázquez Hernández, y de otro socio de la empresa, Wilfredo Rodríguez Moreno.

La participación de 313 fue uno de los aspectos que quedó menos expuesto en la investigación que el representante Juan Oscar Morales realizó este verano sobre la actividad de compras gubernamentales cuestionables durante la pandemia. De hecho, las vistas públicas terminaron cuando se supone comparecieran Vázquez Hernández de parte de 313 y el asesor de Rivera Schatz, José “Willie” Vega García. Ante los desafíos de 313, la Cámara de Representantes acudió al tribunal para lograr la comparecencia de Vázquez Hernández, quien compareció pero no terminó su testimonio ni entrega de documentos. Hasta hoy, la Cámara no ha tomado ninguna otra acción pública contra 313. El trámite de las compras es objeto también de una pesquisa por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

La dirección postal que el gobierno tiene para Grupo Lemus LLC, la empresa de Suárez Lemus, es la misma que el banco Oriental tiene para RWE. Mientras, la dirección postal que el gobierno tiene para Suárez Lemus en su capacidad personal, es la misma que tiene 313 en sus documentos corporativos. Los documentos corporativos de 313 indican que Suárez Lemus entró formalmente como administrador el 18 de marzo, dos días antes de que la entonces secretaria auxiliar de Administración de Salud, Adil Rosa Rivera, contactara a la empresa para comprarle las pruebas.

Lo que dice el expediente judicial

En las mociones disputando la consignación del dinero en el tribunal intervienen RWE, 313, Oriental y Justicia. De los intercambios, y de lo que RWE llama una “inusual faena investigativa” por parte de Oriental, se desprende:

RWE fue incorporada en abril de 2017 y el 1 de noviembre de ese año, tras el paso del huracán María, abren cuenta en Oriental con Suárez Lemus como único firmante y se dice que el propósito del negocio es la “venta de equipo de plomería a la Autoridad de Energía Eléctrica”. En el registro de contratos de la Oficina del Contralor, sin embargo, no hay contratos de RWE.

313 fue incorporada el 1 de octubre de 2018, inicialmente solo por Vázquez Hernández y abre cuenta en Oriental el 20 de marzo de 2020 con Suárez Lemus como único firmante. Ese mismo día es que Salud hace el acercamiento a la empresa para la compra de las pruebas. Dos días antes, 313 había enmendado sus documentos corporativos para añadir como administradores a Suárez Lemus, Rodríguez Moreno y Miguel García Robles.

El 24 de marzo de 2020, Salud hace un depósito inicial por $67,500 y el 27 de marzo hace otro depósito por $3.6 millones. El 1 de abril, 313 transfiere los $1,262,267.41 a RWE. Inicialmente, RWE no quería divulgar detalles de la transacción entre ambas empresas por constituir “secreto de negocio”, pero luego indica en sus escritos que fue un “préstamo”.

La transferencia de 313 a RWE ocurrió un día después de que NotiCel publicara que ya las transacciones con las pruebas eran objeto de pesquisa en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Para el 1 de abril, 313 todavía no había entregado las pruebas a Salud y, de hecho, la propia comparecencia de Justicia en el caso plantea que esa transferencia de $3.6 millones de Salud a 313 fue un error, porque se supone que solo se le transfiriera el 60% del precio porque el restante se depositaría cuando se entregaran todas las pruebas. A la fecha, 313 ha entregado poco más de 1,000 de las 101,500 que se supone entregara. En junio, la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) retiró su autorización al tipo de pruebas que prometió 313 en su contrato con Salud.

Después de la transferencia del 1 de abril, Oriental congeló la cuenta de RWE en la que, antes de la transferencia de los $1.2 millones, solo habían $11.15, según el tracto en los documentos.

En una moción, 313 defendió que “de más está decir que 313 tiene capacidad jurídica para llevar a cabo cualquier negocio lícito en la jurisdicción”. “El préstamo realizado a tercero así lo es”, añaden en defensa de la transferencia a RWE.

Además de deponer a Rosa Rivera, 313 expresó su intención de deponer a Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud, y a Lilliam Sánchez, subsecretaria de la Gobernación, mano derecha de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y una de las protagonistas de la investigación de las pruebas por su involucración en los procesos de Salud tras la pandemia.

La transacción de 313 es una de las que incluyó el senador republicano Charles Grassley en una carta con lenguaje condenatorio de la forma en que la Administración Vázquez Garced había manejado la pandemia.