Apretada agenda el PFEI en los últimos meses del año
El Panel ya tiene el informe preliminar relacionado al referido contra la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo, y a finales de octubre recibirá la recomendación de los fiscales especiales que investigan el llamado chat de Telegram.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ha tenido un año agitado. Por primera vez en su historia, recibió un referido de investigación que involucra a una gobernante en funciones, mientras atendía otro referido del primer gobernador que renuncia al cargo en medio de la crisis política que desató la divulgación del contenido de las conversaciones que sostenía con su equipo cercano a través de un sistema de mensajería.
La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives reconoce que los ojos del país siguen de cerca la gestión de su oficina, que esta semana concedió una prórroga de 45 días a los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón que investigan a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por supuestas violaciones de ley en el ejercicio de sus funciones.
Ambos fiscales también tienen a su cargo la pesquisa relacionada al llamado chat de Telegram, que involucra al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, y esperan que el Tribunal Supremo se exprese para retomar el juicio contra el exalcalde Héctor O’Neill por cargos de alegado acoso sexual contra un empleada del ayuntamiento.
“Necesitamos más recursos”, señala Cotto Vives a NotiCel.
El PFEI solo cuenta con siete fiscales especiales independientes para investigar y litigar los casos contra funcionarios públicos. Contrario al Departamento de Justicia, la oficina no cuenta con un procurador general que atienda las apelaciones. Esa tarea también recae sobre los fiscales especiales.
“Realmente es una labor cuesta arriba. A veces, hay personas que dicen que los fiscales están entretenidos y que aguantan los casos para cobrar más. No es así. Cobran por hora. Hay un límite mensual. Los casos se alargan porque no les da el tiempo”, afirma.
Cotto Vives también indica que los fiscales especiales escasean porque se trata de posiciones de difícil reclutamiento. La Ley que creó el PFEI exige que un fiscal especial independiente cuente experiencia en el ámbito penal que exceda los seis años.
“No es que vienen a una escuelita. Es a litigar casos y coger cantazos”, comenta.
Pese a la limitación de recursos, resalta que los fiscales especiales tienen un buen récord. Han ganado el 90% de los casos en los tribunales.
“Estos niveles de convicción hablan de la forma seria y responsable, y la profundidad con que hacen sus investigaciones. Cuando un FEI decide presentar cargos es porque tienen una prueba sólida”, acentuó Cotto Vives.
“Ahora mismo tenemos 69 cargos pendientes antes los tribunales”, agregó.
Estos cargos corresponden a los casos que se encuentran en vista preliminar o juicio.
Los casos radicados son:
1. Juicio contra O’Neill. Paralizado por el Supremo.
2. Juicio contra el exfiscal de Aguadilla, Joseph Esparra, acusado por violaciones a Ley de Ética Gubernamental, cargos de destrucción de pruebas y soborno por supuestamente intervenir de forma ilícita en la investigación de un accidente automovilístico en el cual estaba involucrado su cuñado. Detenido por la pandemia del COVID-19.
3. Juicio contra la exsenadora Maritere González, acusada de perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados relacionados a sus informes financieros como funcionaria pública. Paralizado por el Supremo.
4. Juicio contra el exjefe de la Administración de Servicios Generales, Luis Castro Agis, acusado de malversación de fondos públicos, perjuicio y violación a la Ley de Ética Gubernamental. Detenido por la pandemia.
5. Juicio contra Yanaira Vázquez Cruz, exrectora del Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, acusada por fraude al proyecto Crece 21. Otros rectores acusados por este caso se declararon culpables. Detenido por la pandemia.
6. Juicio contra el exjefe de la Administración de Servicios Generales, Miguel Encarnación, acusado por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y acoso sexual. Paralizado por la pandemia.
7. Pendiente a vista preliminar contra el exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González; el exempleado de la Cámara Glenn Rivera; José Carrión, exasesor legal del expresidente de la Cámara Jaime Perelló; y Ángel Muñoz Nolla, miembro del comité de campaña de Perelló. Los fiscales especiales le imputan delitos relacionados al otorgamiento del contrato del cuadro telefónico de la Cámara de Representantes a la empresa 3 Comn Global del exrecaudador de fondos del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.
Perelló se declaró culpable tras alcanzar acuerdo con los fiscales especiales. A nivel federal, González se declaró culpable y extingue una pena tres años y cuatro meses de cárcel. Un jurado encontró culpable a Rivera, quien espera por su sentencia.
8. Juicio contra el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino, y del expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker, acusados por la supuesta administración irregular del programa de becas presidenciales. Paralizado por pandemia.
9. En etapa de vista preliminar, el expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel, por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y faltas en el ejercicio de cargo por no divulgar información sobre una deuda que mantenía con la dependencia cuando asumió el cargo.
10. En etapa de vista preliminar, el proceso que se sigue contra Yolimar Laureano Martínez, exempleada del Departamento de Justicia imputada por malversación y apropiación ilegal de fondos públicos.
11. Pendiente a la vista preliminar en alzada contra el fiscal Melvin Colón Bonet por intervenir en un caso de caso de tránsito de su esposa.
12. Juicio en contra de Lutgardo Acevedo. Este caso está atado a que el otrora contable sirva de testigo en el juicio de Esparra. Actualmente, Acevedo extingue una pena federal de 15 años de prisión por sobornar al juez que lo absolvió por causar el accidente que provocó la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia. Por ese homicidio negligente, también se declaró culpable. Esa pena de 15 años la cumple de forma concurrente con la pena federal.
Investigaciones preliminares:
En estos casos, el fiscal investigador presenta un informe con una recomendación sobre si procede o no la designación de un fiscal especial. El PFEI no tiene un término para emitir una resolución con su determinación, pero, según Cotto Vives, trata de hacerlo antes de 30 días.
1. El fiscal investigador Rafael Sánchez evalúa el referido del presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló. El representante refirió un informe con señalamientos en contra de la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo. Según su investigación, la funcionaria ocultó información sobre la investigación que Justicia realizaba en torno a los suministros del almacén de Ponce. Como parte de otra investigación sobre el manejo del almacén de Ponce, Justicia concluyó que la gobernadora Vázquez Garced despidió a la secretaria de Familia, Glorimar Andújar en represalias por la suspensión de otra empleada que supuestamente permitía que los suministros se repartieran siguiendo criterios políticos.
Sánchez entregó su informe esta semana. Cotto Vives no reveló el contenido de ese informe, ni cuándo el Panel emitirá una resolución con su decisión.
Los referidos del exsecretario de Estado, Elmer Román, y del comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y recién confirmado juez de primera instancia, Héctor López Sánchez, los investiga el Departamento de Justicia. En dicho caso, Justicia solicitó una prórroga recientemente.
En un primer informe, la Comisión refirió al PFEI a la exsecretaria interina de Salud y madre de Dennise Longo, Concepción Quiñones de Longo; al general José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; a Adil Rosa Rivera, secretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud; a Mariel Rivera Rivera, analista de compras del Departamento de Salud, y a Diana Meléndez Díaz, directora Interina de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud.
El segundo informe de la Comisión contenía referidos para: Iris Santos, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuestos; Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda; Segundo Rodríguez Quilinchini, coordinador del ahora extinto “Task Force” Médico; Antonio Pabón Battle, secretario de la Gobernación; Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, exfuncionaria del Departamento de Salud y exempleada de La Fortaleza; Guarina Delgado García, ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias; Ottmar Chávez, entonces administrador de Servicios Generales; Juan Maldonado De Jesús, representante de Apex General Contractors; Robert Rodríguez, presidente de Apex General Contractors; y Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313, LLC.
El 19 de octubre vence el término para que González Seda presente su informe.
3. El fiscal investigador Rafael Sánchez evalúa un referido del Senado contra el exalcalde de Guánica por supuestamente adquirir obras de arte con fondos públicos. Debe entregar su informe el 27 de octubre.
Investigaciones asignadas a fiscales especiales:
En estos casos, los fiscales especiales rinden un informe informando al PFEI el resultado de su investigación. Si deciden presentar cargos, tienen un término de 30 días para la presentación de las denuncias. Pero de concluir que no existe prueba para sostener la presentación de cargos, deben consignar las razones para el archivo del caso.
1. Los fiscales Leticia Pabón y Miguel Colón investigan a la gobernadora Vázquez Garced por posibles irregularidades relacionadas al despido de la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, en medio del manejo de la entrega de suministros de emergencia en la zona sur luego del terremoto del pasado 7 de enero.
El referido del Departamento de Justicia, que desembocó en el despido fulminante de Dennise Longo, también abarca al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; a la exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones Suárez; al ex subadministrador de esa agencia, José Galarza Vargas; a la ayudante especial de la Oficina de la Administradora de Adsef, María Teresa Zayas Gierbolini, y a la senadora Evelyn Vázquez Nieves.
Esta semana el Panel concedió a los fiscales especiales 45 días adicionales para completar su investigación y decidir si presentan o no cargos. Ese término expira el 3 de diciembre.
2. Los fiscales Leticia Pabón y Miguel Colón investigan al exgobernador Rosselló Nevares el posible incumplimiento del deber a raíz de las expresiones contenidas en el chat de Telegram. La pesquisa también incluye al exrepresentante del Gobernador en la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino Vega, al exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, al exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, al publicista Edwin Miranda Reyes y al cabildero Elías Sánchez Sifonte. Los fiscales deben rendir un informe el 27 de octubre.
3. Los fiscales especiales Ramón Mendoza y Miguel Colon investigan a la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, y a su asesora, Katherine Erazo García, por imputaciones de que recaudaron fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en horario laborable. El término de esta investigación culmina el 24 de noviembre.
4. Los fiscales especiales Zulma Fúster Troche y Manuel Núñez Corrada investigan a la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García, por posibles irregularidades en el otorgamiento de un contrato de relaciones públicas. El término de esa investigación vence el 16 de diciembre.
La pesquisa también se extiende a los siguientes exfuncionarios: el exadministrador de la oficina de Jaime Espinosa en Humacao, Norberto Olmeda Pérez; Grandi Liz López Pagán; Myrna De León Vega, Deborah González Martínez; Elizabeth Reyes Orellano; Alexandro López López; lsmael Mercado Casilla, Loida González Gerena y Lizette Piñero Peña.
Los fiscales deben someter su informe el 26 de octubre.
6. Los fiscales especiales Ramón Mendoza y Zulma Fúster Troche completaron la investigación relacionada al agente de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, Armando Agrón Valentín, por alegadamente cobrar ilícitamente una doble compensación salarial.
Cotto Vives no ofreció detalles de este caso.
7. Los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pabón culminaron su investigación en torno al exrepresentante por Acumulación del Partido Nuevo Progresista, Guillermo Miranda, por imputaciones de que despidió a una empleada por represalias políticas.
Cotto Vives no comentó sobre este caso porque el PFEI tomó una determinación.
8. Los fiscales especiales Emilio Arill y Cándida Sellés investigan a Lillian Cruz Ayala, una taquígrafa del Departamento de Justicia y a su hija, Liza Maldonado Cruz, por alegadamente utilizar información confidencial de otra empleada de la agencia para obtener de forma falsa y fraudulenta un préstamo en una institución bancaria. El término de la investigación culmina el 17 de diciembre.
9. Las fiscales especiales Leticia Pabón y Cándida Sellés investigan al alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, ante imputaciones de que adquirió bienes usando la cuenta del ayuntamiento para evitar el pago de impuestos. El término de la investigación vence el 16 de noviembre.