NotiCel tuvo en primicia acceso a la demanda presentada por la ex secretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez.

Wanda Vázquez Garced enfrenta una demanda civil por actuaciones y expresiones suyas como secretaria de Justicia y gobernadora contra la exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza Marie García Rodríguez, en eventos desatados después de que una ciudadana llegara a La Fortaleza a quejarse contra Vázquez Garced, hechos que precisamente fueron publicados en primicia por NotiCel.

La demanda de García Rodríguez fue radicada el 1 de mayo con solicitud de que se mantuviera confidencial, pero eso depende de la autorización del tribunal. El Centro de Periodismo Investigativo divulgó primero ayer la radicación del pleito, pero no el contenido.

NotiCel obtuvo copia del recurso sometido por el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca en el que la también expresidenta del Plan para Puerto Rico (plataforma política del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares) reclama compensación de $5 millones y una “rectificación pública” de parte de la gobernadora.

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Los actos supuestamente ilegales de Vázquez Garced comenzaron cuando, como secretaria de Justicia, hizo una conferencia en mayo de 2018 en la que dijo que García Rodríguez intentó intimidarla en medio de la investigación por el chat de WhatsApp. Esa investigación le costó renuncia y procesamiento criminal al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Rafael Ramos Sáenz.

El 6 de febrero de 2018, el senador popular Aníbal José Torres reveló partes de un chat de la aplicación WhatsApp que, como se confirmó luego, eran conversaciones pertenecientes a dos grupos de comunicación del Plan para Puerto Rico. En estos mensajes, Ramos Sáenz, entonces juez de Primera Instancia, aparece involucrándose en discusiones partidistas, incluso sobre una controversia electoral que tenía formalmente ante su consideración.

El escándalo provocó una investigación del Departamento de Justicia que todavía estaba en curso cuando, en abril de 2018, NotiCel llegó hasta una sala del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que se ventilaba un caso de escalamiento, hasta entonces desconocido, en el que las víctimas eran la hija de Vázquez Garced y su entonces novio, quien también es contratista del Departamento de Justicia. Parte de la propiedad involucrada en el caso eran una computadora y un teléfono oficiales de la agencia.

Como se conoció después, la madre de uno de los acusados, Nayda Betancourt, llegó hasta La Fortaleza el 3 de abril para quejarse de que Vázquez Garced estaba interviniendo ilegalmente en el caso y provocando que su hijo no tuviera un trato justo dentro del proceso. Esa queja, como materia rutinaria, fue canalizada a García Rodríguez, quien entendió que el entonces asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona, debía conocer y se la refirió. El día después de que Betancourt fuera a la Mansión Ejecutiva, García Rodríguez fue citada para comparecer ante Olga Castellón, entonces jefa de fiscales, que tenía a su cargo la investigación del chat de WhatsApp.

Es ese cruce de sucesos en el calendario el que la demanda coloca como el detonante de una serie de actuaciones atropellantes y expresiones difamatorias de Vázquez Garced que comenzaron en 2018, y que se alega siguen hasta ahora.

Las experiencias de esos días de abril, “han marcado la vida de la demandante para siempre, causándole grave daño a su imagen, nombre y reputación, y desconfianza en las instituciones de justicia, entre otros daños”, dice el documento.

La base de la demanda para argumentar la ilegalidad de las actuaciones de la entonces Secretaria de Justicia es principalmente el informe final de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sobre su investigación del chat de WhatsApp y en el que establecen que Justicia no entregó prueba alguna para sustentar la alegación que de Vázquez Garced de que García Rodríguez había intentado intimidarla con la queja de Betancourt para obstruir la investigación del chat.

La demanda presenta que esto es evidencia de que las expresiones y actuaciones de Vázquez Garced fueron hechas a drede, con conocimiento de su falsedad y en “represalia” por la secretaria asociada haber referido la queja de Betancourt.

A la vez que la OPFEI determinó que no había prueba contra García Rodríguez, desarrolló una “investigación colateral” contra Vázquez Garced basada en la queja de Betancourt que provocó que se le sometieran cargos, la primera vez que ocurre contra un jefe de Justicia, por todas las instancias en las que intervino con fiscales del Departamento en la investigación relacionada con su hija y las maneras en que influenció el proceso a pesar de que decía estar inhibida del procesamiento de ese escalamiento. En diciembre de 2018, los cargos contra Vázquez Garced no prosperaron a nivel de causa para arresto y la OPFEI decidió no pedir una revisión.

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“Los codemandados imputaron a la demandante haber cometido los siguientes delitos: influencia indebida en la adjudicación, perjurio, influencia indebida con relación al nombramiento del exjuez Ramos Sáenz, obstrucción a la justicia, intervención indebida e intento de intimidación a la entonces Secretaria de Justicia, aquí codemandada Vázquez Garced. Las expresiones incluyen imputaciones falsas, persecución maliciosa y la instigación de que se presentaran investigaciones criminales por seis delitos contra la demandante. Además, se hicieron imputaciones falsas ante la prensa de que la demandante fue la testigo más hostil y que se había negado a cooperar en la investigación”, se indica en el pliego.

“Al revisar el Informe del OPFEI, la parte demandante advino en conocimiento de que cuando los codemandados Departamento de Justicia y Vázquez Garced expresaron públicamente que la referían al OPFEI lo hicieron a sabiendas de la improcedencia de las imputaciones y basándose en hechos que les constaban que eran falsos”, añade.

En su exposición, la representación de García Rodríguez establece que desde mediados del mes de febrero de 2018 había entregado “la totalidad del chat que se encontraba en su poder” a los fiscales Mibari Rivera, Obdulio Meléndez y Yanira Liceaga y que, “[e]n ninguna de las cuatro (4) ocasiones en las que la demandante tuvo que comparecer al Departamento de Justicia mostró oposición o resistencia en colaborar con la investigación”.

Esto, a pesar de que una de las citaciones fue para que “se presentara en menos de una hora al Departamento de Justicia, donde la ubicaron en una oficina con tres fiscales y dos agentes de la Policía, se le intentó confiscar su celular sin una orden judicial, no se le permitió salir de las inmediaciones del Departamento, hasta que no entregara su celular, le gritaron, intimidaron y mintieron, la coaccionaron para que aceptara firmar un documento para darle acceso y copiar todo su celular personal, entre otros sucesos que tuvieron lugar ese día”.

El informe de la OPFEI contiene una declaración jurada de la fiscal Liceaga en la que esta indica que:

“El ambiente de trabajo en el (DJ) durante Ia investigación fue uno hostil, poco profesional y en ocasiones maltratante. Directamente recibí mucha presión como fiscal investigadora por parte de Ia Secretaria de Justicia y Castellón...Por ejemplo, cuando en las reuniones con las personas antes mencionadas indicaba que Ia investigación estaba centrada en el exjuez, Ia reacción de Ia Jefa de Fiscales y Ia Secretaria de Justicia era visceral en cuanto tenía que incluir Ia participación de otros funcionarios, tales como, Ia Lcda. Itza García y el Lcdo. William Villafañe. Estas personas daban puños en Ia mesa durante Ia reunión, nos gritaban, usaban un tono de voces agresivas, y se ponían bien agresivas. Otro ejemplo, antes de tomar Ia declaración de (Villafañe) fui citada por Ia Secretaria de Justicia y Ia Lcda. Mibari Rivera (jefa de Integridad Pública), el trato fue igual bastante agresivo y la Secretaria de Justicia me indicó personalmente las preguntas que tenía que hacerle (a Villafañe). Se me indicó que antes de juramentar Ia declaración tenía que ensenársela a ella. Posteriormente, por este trato que no es profesional y ese ambiente tan hostil contínuo, presente mi renuncia (a Justicia). Ningún profesional debería exponerse a pasar por las cosas que se pasan y se viven en (Justicia) y el ambiente laboral hostil que permite Ia (Secretaria) y la Jefa de Fiscales. Sobre todo cuando uno hace las cosas de forma vertical”.

Liceaga también reveló que fue “unos minutos antes de salir a Ia conferencia de prensa” sobre el caso de WhatsApp que Vázquez Garced les informó que iba a anunciar que García Rodríguez “la había intimidado y amenazado y que ese mismo día iba a referir a la OPFEI el asunto”. Esto, a pesar de que la fiscal investigadora no tenía datos sobre esas alegaciones ni conocimiento de en qué consistía la supuesta intimidación.

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Sobre las citaciones de García Rodríguez, la demanda subraya que nunca le advirtieron de sus derechos aunque, luego de las comparecencias, dijeron públicamente que ella era objeto de la investigación.

Además de la compensación en daños por $5 millones, García Rodríguez pide “una rectificación pública por parte de la codemandada Vázquez Garced en igual magnitud y relevancia como la conferencia de prensa llevada a cabo” el 2 de mayo de 2018 para anunciar la investigación de Justicia del chat de WhatsApp.

Las alegaciones de García Rodríguez se suman a un historial público de investigaciones y procesamientos que ha iniciado Vázquez Garced contra funcionarios que la han retado públicamente.

Para ver la demanda, pulse aquí.