La secretaria del Departamento de Justicia cuestiona enmiendas y cataloga de ''draconiana'' la medida.

La aprobación del Proyecto de la Cámara 2476 hoy se dio con tanta prisa que los comentarios del Departamento de Justicia llegaron tarde: ni siquiera hubo tiempo de que la agencia hiciera análisis y enviara sus expresiones antes de enterarse de la que la medida ya estaba lista para ir al Senado.

En estos comentarios, la titular de la agencia, Denise Longo Quiñones, se dirigió a la representante María Milagros "Tata" Charbonier Laureano, autora del documento, en la que, entre otras cosas, le recuerda que hay partes del mismo que apelan a aspectos que aún no han sido decididos ni siquiera por el Tribunal Supremo federal.

Y es que el PC 2476 buscaría enmendar las reglas 112 y 192.1 del Procedimiento Criminal de 1963, lo que permitiría, según Charbonier Laureano, que “el tribunal pueda revisar a través de las mociones bien fundamentadas, presentadas a tenor con las Reglas de Procedimiento Criminal, los planteamientos de todas las personas encarceladas por veredictos de mayoría, independientemente si su caso en proceso apelativo o si ya ha agotado los procesos apelativos”.

A esto, Longo Quiñones destacó que el dictamen de Ramos v. Louisiana en el Alto Foro, caso matriz del que se desprende este proyecto de la autoría de la representante, específicamente hace referencia a la aplicabilidad de la norma pautada a aquellos casos exclusivos que se encuentren pendientes de revisión y, por tanto, no sean finales y firmes.

Esto es contrario a lo que establecería el PC 2476, que plantearía que el requisito de unanimidad del veredicto sea de aplicación retroactiva a procedimientos que ya han culminado.

Aparte de resaltar la falta de postura del Supremo federal en cuanto a la aplicación de dicha protección procesal a los casos con sentencias finales y firmes, Longo Quiñones también citó partes de casos locales, como en el de Pueblo v. González Cardona, para enfatizar el desacuerdo ante las enmiendas que busca el proyecto.

"Es forzoso concluir que el estado de derecho vigente no apoya la propuesta en la pieza legislativa de incluir un inciso en la Regla 192.1 que permita solicitar los remedios que provee esta Regla y su jurisprudencia interpretativa a los casos en que la persona ha agotado los recursos para apelar su caso; es decir, en aquellos casos en que la sentencia ya es final y firme".

Asimismo, otro de los puntos en los que Justicia se ampara, es que, al reconocer la finalidad de los casos criminales, se promovería la estabilidad judicial y la prevalencia de los derechos de las víctimas de delito.

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Estas, según reza el documento, verían vulnerado su derecho a recibir un trato digno y compasivo durante todas las etapas de investigación, procesamiento, sentencia y disposición posterior de los casos criminales contra el acusado si se aprobaran las enmiendas que trae el proyecto.

Longo Quiñones fue más lejos y catalogó esta como una medida "draconiana".

"El aplicar una nueva norma procesal en casos finales y firmes, completados en cumplimiento con las reglas procesales aplicables al momento de la convicción, es una medida draconiana que de ninguna forma abona al balance de la justicia. Solicitamos al legislador que acoja la primacía de estos valores en su proyecto, denegando la retroactividad propuesta a sentencias que ya han advenidos finales y firmes, y salvaguarde la finalidad de los procesos penales que protege los derechos de las víctimas de delito" sostuvo.

Antes de firmar el documento, Quiñones Longo expresó que la agencia se veía impedida de "favorecerlo (el PC 2476) en su totalidad", puesto que lo que se propone "no abona al balance de la justicia".

"Ni el estado de derecho vigente ni la política pública establecida por el legislador y reconocida jurisprudencialmente apoyan la propuesta de esta pieza legislativa para incluir un inciso en la Regla 192.1 que permita solicitar los remedios que provee dicha Regla en aquellos casos en que la sentencia ya es final y firme. Por el contrario, adoptar dicha norma violenta fundamentalmente el trato digno y compasivo de las víctimas exigido por nuestro legislador en la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos.

Esperamos que las recomendaciones y comentarios expuestos le sean de utilidad para la evaluación de la medida y para salvaguardar los derechos de todos los puertorriqueños, incluyendo marcadamente los intereses de las víctimas de delito", concluyó.

El Senado aprobó ayer una medida parecida a esta, bajo la autoría del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

Igual que la medida de Charbonier Laureano, que espera aprobación del Senado, el proyecto de Rivera Schatz va en camino a la Cámara para su aprobación.

Lee la reacción del Departamento de Justicia aquí: