La demanda fue radicada a nombre de los periodistas investigativos, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, quienes temen que las leyes sirvan para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico radicaron, a nombre de los periodistas investigativos Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, una demanda por violación a la Primera Enmienda mediante las dos leyes más recientes que penalizarían a los informantes de lo que el gobierno considere como "noticias falsas".

Una de estas leyes fue aprobada durante la cobertura mediática sobre el mal manejo de la emergencia de salud que ha traído el COVID-19.

La otra, la Ley Núm. 20 de 2017 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, establece que se puede dar penas que van desde cumplir hasta tres años en prisión y multas de hasta $5,000 a cualquier persona que "de una falsa alarma en relación con la inminente ocurrencia de una catástrofe en Puerto Rico o, si existiendo ya un estado de emergencia o desastre, disemine rumores o de falsas alarmas sobre anormalidades no existentes".

La demanda, que se radicó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, busca que ambas leyes se declaren inconstitucionales de su faz porque atentan contra el derecho a la libertad de prensa, indicó William Ramírez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, en entrevista con NotiCel.

Apuntó también que esta demanda podría servir de precedente para leyes similares aprobadas en otros estados, que buscan criminalizar lo que el Estado define como información falsa o incorrecta.

En la demanda se afirma que las disposiciones son vagas, tienen un alcance amplio y violan los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

"El peligro evidente... es que las disposiciones impugnadas se utilicen para procesar selectivamente a quienes critican al gobierno y a sus funcionarios", escribió la ACLU.

Tanto Rodríguez Cotto como González Cotto temen que estas leyes se usarán para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19, puesto que su material ha implicado directamente a miembros del gobierno en turno.

Además, los periodistas han expuesto que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicación de las leyes.

También añadieron que algunas fuentes se han negado a compartir información en las últimas semanas, declarando que les preocupaba que pudieran ser procesados bajo la vigencia de estas leyes.

“Durante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir más información sobre cómo su gobierno está operando”, dijo la demandante Sandra Rodríguez Cotto en declaraciones escritas de la ACLU.

“La prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la información de interés público y al debate que debe poder llevarse a cabo”, añadió.

ACLU argumenta que las leyes de Puerto Rico contra “fake news”, las cuales no le requieren al gobierno que demuestre que el hablante sabía que su expresión era falsa, viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda por su terminología imprecisa y alcance tan amplio. Las leyes les proveen a las personas muy pocas guías sobre qué puede constituir un crimen y le dan demasiada discreción al gobierno en cuanto a decidir a quién enjuiciar. Como consecuencia, las leyes enfrían una porción importante de los reportajes sobre la crisis de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas corren el riesgo de ser enjuiciados si el gobierno reclama la precisión de sus reportajes.

“Una sociedad libre y democrática depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia” dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresión, privacidad y tecnología de ACLU, en declaraciones escritas. “Estas leyes contra ‘fake news’ violan el principio cardenal de la Primera Enmienda, el cual establece que no puede confiársele al gobierno la regulación del diálogo sobre asuntos de interés público”.

Aunque las leyes aparentemente solo aplican a “información falsa”, ACLU advierte que inevitablemente suprimirán una porción importante de información verdadera sobre asuntos de inmenso interés público. ACLU añade que la transparencia de gobierno, no la censura, sería una manera más efectiva de combatir la desinformación, si efectivamente ese fuera el fin del gobierno.

El gobierno podría comenzar por celebrar ruedas de prensa frecuentes sobre la crisis de COVID-19 en Puerto Rico, publicando récords pertinentes y explicándole al público su plan de acción.

“Por demasiado tiempo la gente de Puerto Rico ha tenido que tolerar administraciones que legislan en la oscuridad de la noche, sin rendir cuentas al pueblo por sus acciones, ni responder a cualquier forma de supervisión”, señaló Ramírez.

“Estas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y un gobierno limpio. Deben ser tildadas como ofensivas a la primera enmienda y al gobierno democrático”, sostuvo.

Sandra Rodríguez Cotto es la anfitriona el programa de radio unionado “En blanco y negro con Sandra” y publicó las primeras 11 páginas de la conversación de Telegram entre el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, y sus asesores, revelando el uso de lenguaje misógino y descripciones de violencia en contra de mujeres, entre otras expresiones despectivas contra la comunidad LGBTTQIA+ y otras figuras públicas.

La cobertura mediática de las conversaciones del entonces gobernador desembocaron en protestas en toda la isla en contra del gobierno, que eventualmente terminaron en la renuncia del gobernador. Sus reportajes también expusieron la realidad sobre la severidad en números sub-reportados de las muertes como resultado del Huracán María y su fracaso en la distribución de ayuda para las víctimas de los terremotos.

Rafelli González Cotto, por su parte, ha publicado numerosos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante el brote de COVID-19. Su reportaje reveló, por ejemplo, que el porcentaje de muertes por casos publicado por el Departamento de Salud estaba significativamente subreportado con respecto al porcentaje real de muertes por casos.

Poco después de publicado el artículo, el Departamento de Salud quitó la información de su página web. Como resultado de las leyes, teme que sea enjuiciado injustamente por reportajes certeros que el gobierno reclame como falsos. Sus fuentes han parado de compartirle información como de costumbre por miedo a que el gobierno aplique estas leyes para enjuiciarlos.

Mira la demanda aquí.