La vista de sentencia de hoy debe traer la oportunidad para que la exsecretaria de Educación se exprese por primera vez sobre los casos en su contra, que estuvieron limitados por una orden de mordaza.

Casi todos los elementos de la vista de sentencia de la exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, que el juez federal Pedro A. Delgado celebrará hoy están preacordados, excepto las expresiones que pueda hacer la funcionaria al tribunal oficialmente por primera vez en un proceso que lleva más de dos años restringido por una orden de mordaza.

Después de que un gran jurado la acusara en dos casos distintos, -uno por manejos en el departamento y otro por supuestamente aprovecharse de su posición como secretaria para tener trato favorable en la compra de un apartamento en Ciudadela-, de que una de esas acusaciones fuera rehecha con elementos totalmente nuevos, y de que el Tribunal Supremo federal cambiara las reglas de juegos sobre la jurisdicción de fiscales federales para acusar a funcionarios estatales, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y Keleher suscribieron un acuerdo de culpabilidad por dos cargos de conspiración, cada uno de los cuales recoge un elemento de los dos casos originalmente presentados.

El acuerdo, que también incluyó el repago de $21,000, tiene el distintivo de que, si un juez federal lo acepta, se está obligando a imponer una sentencia específica. En este caso, son seis meses de cárcel y 12 meses de libertad supervisada con confinamiento domiciliario.

El arresto de Keleher el 10 de julio de 2019 coronó una de las jefaturas más controversiales del Departamento de Educación (DE). Hubo confrontación con los maestros y con comunidades, particularmente por el plan de cierre de escuelas que había comenzado en la Administración García Padilla, pero se puso en marcha con fuerza bajo Keleher y el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Aunque los cargos eran distintos, particularmente porque ninguno de los que se le presentó a Keleher implicaban robo de fondos públicos para beneficio propio o de un partido político, el arresto de la exfuncionaria fue un eco al escándalo que protagonizó, 17 años antes, el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo.

Y, a pesar de que Keleher pareció salir de la nada cuando Rosselló Nevares la designó, la realidad es que llevaba 10 años vinculada con el DE, precisamente desde que el Departamento de Educación federal la designó para proveer ayuda técnica con el propósito de implantar el acuerdo de cumplimiento al que la agencia local había llegado con la agencia federal para poder salirse de todas las restricciones y congelamiento de fondos federales impuestos después del arresto de Fajardo.

Para muchos, la exfuncionaria encarnó un estilo de administración tecnocrático, frío e implacable, que solo sabía seguir adelante para cumplir metas sin detenerse a velar por los efectos que la ejecución de esos planes tenían sobre individuos reales, de carne y hueso, así como sobre la cohesión de comunidades que se veían fragmentadas por el cierre de sus escuelas. Todo esta ejecución bajo el cuestionamiento constante sobre su salario de $250,000 anuales, y sobre el hecho de que tenía el puesto de secretaria, pero realmente era una contratista de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAAF) con la misión de reestructurar financiera y administrativamente el departamento que dirigía.

Keleher también enfrentó ataques xenofóbicos enfocados en que nació fuera de Puerto Rico (Filadelfia), los cuales también estaban apuntalados en sus dificultades en comunicarse en español, su segundo idioma, y en un estilo de proyección pública en el que no parecía haber filtros entre pensamiento y expresión.

Otros secretarios y secretarias apechaban estos retos con el respaldo político del gobernador y su partido. Pero Keleher no contó con esto porque también había buscado aislarse de los elementos partidistas dentro del departamento reclutando a consultores externos, o externos que se convertían en personal de confianza, con los que le quitaba autoridad a los agentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) dentro de la dependencia.

Sin embargo, al renunciar el 1 de abril de 2019, la exsecretaria también había llenado sus últimos meses en el cargo con el anuncio de múltiples reformas dentro de la agencia, algunas impulsadas por fondos federales disponibles después del paso del huracán María y otras por imposiciones del Plan Fiscal.

Entre las reformas están un reglamento de compras, cambios en el registro de horas y asistencia de maestros, reorganización de la oficina central para bajarle los puestos asignados, reconfiguración de las regiones educativas para darles más independencia, darle permanencia a maestros e imponer métricas para atar más el presupuesto de la agencia necesidades reales y métricas de desempeño.

Vea:

Dos cargos de conspiración, y ninguna cooperación, es el acuerdo bajo el cual Keleher se declararía culpable hoy