Si el juez federal Francisco A. Besosa acepta el acuerdo, la recomendación de fiscalía y defensa es de un máximo de seis meses de cárcel.

De contar con la aprobación del juez federal Francisco A. Besosa, la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia B. Keleher, se declararía culpable hoy de dos cargos de conspiración, terminando así las dos acusaciones de Gran Jurado que enfrentaba y que seguirán vigentes para sus coacusados.

NotiCel supo que uno de los cargos de conspiración es por el trámite de un contrato para la empresa Colón & Ponce, entidad propiedad de la hermana de una ayudante suya, y otro cargo de conspiración es por la aceptación de un bono en la compraventa de un apartamento en Ciudadela que se vincula con la emisión de una carta oficial en la que endosa un proyecto que realizaría el mismo desarrollador de Ciudadela.

El desenlace que se dirige a tener el procesamiento criminal en contra de la exfuncionaria de la Administración Rosselló tiene todos los indicios de ser un arreglo promovido por la fiscalía, que está viendo cómo los fundamentos legales de sus casos están cambiando bajo sus pies, sin excluir que también tiene elementos favorables para la acusada.

Lo que se sometió confidencialmente a Besosa, y que sería develado hoy, es un acuerdo conocido como “Tipo C”, cuya diferencia principal con otros tipos de acuerdos es que, si el juez lo acepta, se está atando también a emitir sentencia tal y como estipulada en el acuerdo. En este caso, la recomendación conjunta de la fiscalía y la defensa es de seis meses de cárcel. Esa característica le elimina al acusado la incertidumbre porque, en otros tipos de acuerdo, el juez no está atado. El acuerdo “Tipo C” también dispone que, si el juez no lo acepta, el acusado puede retirarse y someterse otra vez al proceso de juicio.

El mecanismo para tramitar el acuerdo es la presentación de una denuncia en la que a Keleher se le imputan cargos nuevos por los cuales se declara culpable. A la vez, las acusaciones que enfrentaba son retiradas.

Sería la cuarta ocasión en la que la fiscalía le presenta cargos a Keleher.

El 10 de julio de 2019, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico sometió una acusación contra Keleher con siete cargos de conspiración, fraude electrónico, y robo de fondos públicos por dos esquemas: uno relacionado a la contratación de Colón & Ponce y otro por el trámite de unos $13 millones en contrato de la firma de consultoría y contabilidad BDO.

Pero poco más de un año después, y con mociones de desestimación todavía pendientes, la fiscalía federal emitió una acusación enmendada que cambió los esquemas delictivos y resultó para Keleher en que ahora tenía 24 cargos por uso ilegal de información confidencial del Departamento de Educación, robo de identidad agravado, proceso de contratación corrupto, subcontratación ilegal y soborno. Esta enmienda ya no ataba a Keleher a algún con esquema con BDO, pero le mantenía las imputaciones sobre la contratación de Colón & Ponce y le añadía haber entregado listas con información de los maestros del sistema público a una entidad fuera del departamento propiedad de una persona que Keleher conocía y que sabía que estaba buscando contratos con la agencia, por lo que la información entregada le representaba beneficiosa.

En una segunda acusación, que la fiscalía presentó en enero de 2020, Keleher enfrenta nueve cargos de conspiración, fraude en servicios honestos, fraude electrónico y soborno con programas federales por un supuesto esquema en el que la funcionaria habría emitido una comunicación oficial para favorecer la solicitud del desarrollador del complejo santurcino Ciudadela para la construcción de un parque detrás de la escuela Juan Rulfo, a la vez que la exfuncionaria recibía trato privilegiado en la compra venta de un apartamento en dicho complejo. En este caso, hay mociones de desestimación pendientes.

Los esfuerzos de la fiscalía enfrentaron varios desarrollos judiciales, fuera de este distrito, que constituyeron escollos que redujeron las posibilidades legales de prevalecer. Primero, una decisión del Tribunal Supremo federal que limitó la interpretación de cuáles son los actos por los cuales fiscales federales van a poder procesar a funcionarios estatales bajo el “fraude electrónico”. Luego, tan reciente como hace unas semanas el Procurador General federal emitió nueva orientación que limita la capacidad del gobierno para procesar también por “fraude electrónico” en casos en que se alega, como el de Keleher, que se le proveyó información de la agencia a una tercera persona. La nueva directriz especifica que la información tiene que representar un valor económico para la agencia, una vara alta de cumplir.

Esa erosión del caso de la fiscalía se enfrentó con dos limitaciones básicas con las que carga Keleher, y casi cualquier acusado de corrupción en un caso de alto perfil en Puerto Rico. Primero, los costos de sus abogados, que puden llegar rápidamente a los cientos de miles hasta entrar en el millón de dólares, y la forma en que estos casos acaparan la atención pública, que es algo que ya la acusada planteó al tribunal y que afecta sus posibilidades de conseguir un jurado con capacidad para juzgar poniendo a un lado sus preconcepciones de los hechos y los acusados.

Eso lleva a la conveniencia, para ambas partes, de un acuerdo como el tramitado. La fiscalía consigue procesarla por algunos cargos que, posiblemente, hubiera tenido que retirar o un juez podría desestimar debido al nuevo escenario legal alrededor de ellos. Obtiene también algún tiempo de cárcel y el peso de una declaración de culpa en el historial de la acusada. Por su parte, la acusada consigue eliminar la acumulación de costos y el alto riesgo de que, con solo un cargo que sobreviva podría enfrentar mucho más tiempo de cárcel que los seis meses que tiene en el acuerdo.

En una vista de aceptación de culpa el acusado no se dirige al tribunal para hacer una alocución. Eso ocurre en la vista de sentencia, por lo que hoy no se espera que Keleher haga expresiones más allá de contestar si acepta el acuerdo. La acusada comparecerá a la vista mediante videoconferencia.

Para cumplir con la exigencia de otro de los coacusados, la fiscalía ya afirmó al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que va a proseguir el procesamiento contra todos los coacusados de Keleher en ambos casos.