National Association of Criminal Defense Lawyers compareció en uno de los casos contra la exsecretaria de Educación, para apoyar la desestimación del pliego acusatorio a la luz del dictamen del Supremo de Estados Unidos limitando el alcance de los fiscales federales en casos de corrupción.

La National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), que agrupa abogados, profesores, jueces y otros profesionales del derecho orientados hacia la representación de acusados de delito, compareció en uno de los casos federales que enfrenta la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher, para apoyar la desestimación del pliego acusatorio a la luz del dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos limitando el alcance de los fiscales federales en casos de corrupción.

La comparecencia ocurre en calidad de “amigo de la corte” y el juez federal Pedro Delgado le pidió a la fiscalía federal que se exprese sobre la misma. La radicación es una de varias que han sometido los acusados en los dos procesos que se siguen contra Keleher y en las que se pide la desestimación de los pliegos acusatorios por distintas razones pero principalmente por la línea de determinaciones que ha hecho el Supremo federal en años recientes limitando el alcance de los fiscales federales para procesar corrupción a nivel estatal.

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Sobre Keleher, la moción de la NACDL enfatiza que no se alega que hubiera obtenido beneficio para sí al otorgar un contrato de consultoría sin cumplir las reglas de contratación y sobre el presidente de la firma de auditoría BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet, indican que contra los contratos de BDO que son objeto de la acusación no hay prueba de que no se rindieran los servicios, o que se hicieran a sobreprecio y que los pagos que BDO hizo al consultor gubernamental Alberto Velázquez Piñol son el tipo de “comisión” que permite la ley.

“Endosar las teorías del gobierno (en la acusación) politizarían las leyes de fraude al punto de hacerlas irreconocibles al potencialmente criminalizar cada decisión gubernamental hecha con un componente político o personal, sin importar si al gobierno se le privó de propiedad. De esta manera, cualquier contrato concedido por la ‘razón incorrecta’ sería vulnerable. Por ejemplo, si un contrato fue concedido porque la compañía que lo recibe tenía un grupo de electores grande y valioso que un gobierno quería aplacar, eso sería un delito. Si un contrato se concede a un negocio operado o propiedad de minorías para propósito de tener diversidad, eso también sería un crimen. Incluso si un contrato fuera concedido a una empresa legítima para castigar a otra empresa por razones políticas, eso, también, constituiría un crimen según la construcción de las leyes que hace la fiscalía”, sostuvo la organización en su escrito.

Los argumentos de la NACDL se alinean con lo que han sido los principales dardos de los abogados de defensa en sus ataques de esta semana a los pliegos acusatorios en los que figura Keleher, que el delito principal presentado, fraude por mecanismos electrónicos (“wire fraud”), debe desestimarse porque no cumple con los requisitos del Tribunal Supremo federal ya que no se alegó ganancia para los funcionarios o se presentó evidencia de soborno.

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Además de la moción de la NACDL, en el primer caso contra Keleher hay mociones de la defensa de la exsecretaria, de la defensa de Scherrer Caillet, de Velázquez Piñol, y, en el segundo caso contra Keleher, hay mociones del desarrollador Ariel Gutiérrez Rodríguez.

La alegación principal en el caso de Keleher y Gutiérrez Rodríguez es que el desarrollador concedió beneficios a la funcionaria en la compra de un apartamento en el complejo santurcino de Ciudadela a cambio de que esta traspasara al desarrollador una franja de terreno perteneciente a la escuela Padre Rulfo para la entrada de un parque. En su moción de desestimación, los abogados de Gutiérrez, Francisco Rebollo y el exjuez federal José A. Fusté, sostienen que el gobierno fue incapaz de presentar en la acusación hechos que sostengan el primer elemento necesario para argumentar un soborno, que es que el funcionario hubiera ejecutado un “acto oficial” a cambio de la regalía, porque el Departamento de Educación no era dueño del terreno de la escuela y no era la agencia que adjudicaría el terreno a favor de los constructores del parque. Keleher dio un visto bueno a la cesión.

También, como se había anticipado, en el primer caso se formalizó el martes la declaración de culpabilidad de las otras dos coacusadas que directamente tenían que ver con el esquema imputado a Keleher, las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza. Esto plantea la posibilidad de que las dos personas a las que se le imputa violar la ley federal junto a Keleher sean procesadas mediante aceptación de culpa mientras que los cargos de Keleher queden desestimados si el tribunal acepta la teoría de que el caso del Supremo obliga a la desestimación.

Al declararse culpables, aceptaron que Glenda y Keleher dieron una ventaja indebida a la empresa de Mayra, Colón & Ponce, en el proceso de licitación de un contrato en el Departamento de Educación en violación de las guías de contrataciones profesionales de la agencia. Bajo los acuerdos con fiscalía, Glenda se expone hasta a 18 meses de cárcel y Mayra a hasta 14 meses de cárcel.

Para ver la moción de NACDL, pulse aquí.

Para ver la moción de Gutiérrez Rodríguez, pulse aquí.