Defensa plantea que se le acusó por ejercer su discreción y no porque se haya enriquecido, o enriquecido a otros, con sus actos.

En un trío de mociones radicadas hoy, la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher, ataca los fundamentos legales de la acusación federal por la cual fue arrestada el 10 de julio del año pasado de una manera que puede resultar en que el pliego acusatorio sea desestimado.

En los argumentos de sus abogados de defensa pesa considerablemente la decisión que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió hace menos de dos semanas (Kelly v. United States), en el que ese foro limitó la capacidad de los fiscales federales para procesar a funcionarios por el estatuto de fraude electrónico (“wire fraud”). Específicamente, el Supremo dijo que ese estatuto no se puede usar para procesar a nivel federal cualquier acto de corrupción o mala administración sino que se requiere que se pruebe que los actos de los funcionarios se hicieron para que estos se apropiaran de bienes o recursos públicos.

“El pliego acusatorio guarda entero silencio sobre las cosas de valor que Keleher pensaba obtener de cualquier víctima mediante fraude… no contiene alegaciones de que Keleher obtuvo, o de que tuvo la intención de recibir, un soborno o regalía o ningún beneficio pecuniario”, indica la moción de desestimación sometida por los abogados de Keleher, María Domínguez Victoriano (exfiscal federal), Javier Micheo Marcial y Carlos Andreu Collazo.

“Este caso presenta un pliego acusatorio legalmente insuficiente y fatalmente defectuoso que no puede ser subsanado en juicio o de ninguna otra manera”, añadieron al enfatizar en la “injusticia” que representa el que la exfuncionaria enfrente un pliego “conceptualmente abstracto” y con una “cantidad exagerada de verborrea” para “impactar al público” pero no tiene precisión sobre los elementos de los delitos. Específicamente, subrayan que el pliego no plantea que Keleher haya aceptado sobornos o se haya apropiado de fondos públicos con sus acciones.

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La impugnación de Keleher por tres vías podría tener distintos resultados: mediante una moción de desestimación podría quedarse fuera del caso totalmente, mediante una moción de supresión de evidencia los fiscales se podrían quedar sin poder utilizar cierta evidencia en su contra y, mediante una moción de separación, la exfuncionaria podría acabar con un juicio separado del de otros coacusados en el pliego.

En relación al argumento de cómo le aplica a Keleher el nuevo precedente del Supremo federal, la fiscalía federal podría responder tratando de diferenciar las circunstancias de su caso o directamente aceptando que la jurisprudencia cambió y allanarse a la desestimación. El Departamento de Justicia federal no ha emitido una directriz pública sobre cómo se aplicará la nueva postura del Supremo pero su oficina en New Jersey, en donde se originó el caso de Kelly v. United States, reaccionó a la determinación de esta manera: “La decisión del Tribunal Supremo habla por sí misma, y estamos obligados por esa decisión”.

Los argumentos de Keleher para desestimar la acusación

La defensa de Keleher plantea en su moción de desestimación que el Supremo federal ha limitado la capacidad de la fiscalía de ejercer jurisdicción federal para procesar corrupción de los funcionarios estatales de dos maneras: o tienen que probar que ocurrió un soborno o el pago de alguna regalía, o tienen que probar que los actos del funcionario estaban dirigidos a apropiarse de fondos y recursos públicos.

En el caso del 10 de julio, a Keleher se le vinculó con la otorgación indebida de contratos a dos suplidores. Primero, un contrato a la empresa Colón & Ponce, propiedad de Mayra Ponce Mendoza, quien es hermana de la exayudante de Keleher, Glenda Ponce Mendoza. Ese contrato aumentó hasta llegar a los $95,000. Segundo, contratos y enmiendas a la firma de contabilidad y auditoría BDO Puerto Rico. Las enmiendas llevaron el contrato de $199,500 a $1,079,580 y, el año fiscal siguiente, Keleher le aprobó un contrato de $4,770,330.

Por un lado, los abogados plantean que contra Keleher no hay cargos o alegaciones de soborno y, por el otro, indican que las alegaciones no incluye el que sus decisiones con esos contratos fueran con el propósito de apropiarse de bienes y recursos públicos.

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Ambas hermanas Ponce Mendoza son las únicas acusadas en este pliego que han notificado al juez federal Pedro Delgado su intención de declararse culpables. En la acusación también están la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, el expresidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet, y el excontratista de amboas, ASES y BDO, Alberto Velázquez Piñol.

“Decisiones por el jefe de agencia para seleccionar contratistas que ella cree son los más capacitados para dar servicios a la agencia, así como decisiones sobre los servicios que la agencia necesita, son regularmente parte de la ‘gobernancia’ que se ejerce como parte la función gerencial de la agencia. Disfavor por parte del gobierno federal sobre la manera en que se toman esas decisiones, aún cuando afecten (como lo deben hacer en todas las decisiones de adjudicación de contratos) de manera incidental los intereses económicos de la agencia no pueden justificar intentos de regular esa conducta mediante asegurar que ocurrió un esquema con el propósito de obtener propiedad del gobierno. En el caso de Kelly, el Tribunal Supremo fue enfático en prohibir esas maniobras de parte del gobierno federal”, se argumenta en la moción de desestimación.

Los cargos cuya desestimación pide Keleher en lo relacionado a ella son el 1, 2, 3, 10, 12, 15 y 16.

La moción de supresión de evidencia fue radicada de manera confidencial, por lo que no se conocen los argumentos específicos ni cuál pieza de evidencia es la que se pretende dejar fuera del caso, pero el documento hace referencia a lo que pueden ser números de caso de órdenes de registro y allanamiento. Se conoce que las autoridades federales habían sometido citaciones y órdenes por lo menos contra una cuenta bancaria de Keleher, pero el pliego acusatorio de este caso no contiene referencias a cuentas bancarias de la exfuncionaria.

En una vista en enero de este año, la fiscalía federal detalló que su evidencia en este caso incluye: documentos corproativos de Keleher & Associates, BDO, HLB Parissi, AZUR LLC y Colón & Ponce; contratos; las propuestas de servicio presentadas por Colon & Ponce a Educación y de sus competidores, incluyendo todos los anejos y correos electrónicos intercambiados; cuentas bancarias de Colón & Ponce, Mayra Ponce, AZUR LLC, Alberto Velázquez Piñol, Keleher y BDO; informes financieros de Keleher ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG); registros de telecomunicaciones de 11 teléfonos celulares; registros de mensajes y documentos de 9 correos electrónicos y todos los correos electrónicos, comunicaciones y documentos provistos por BDO.

La moción de separación de juicio, pide que el caso se divida en tres: 1) los cargos relacionados al contrato de Colón & Ponce, 2) los cargos relacionados a los contratos de BDO en Educación y 3) las alegaciones relacionadas a contratación de BDO en ASES. El juicio en este caso está señalado para el 22 de febrero de 2021.

Las mociones están radicadas en el caso emitido el 10 de julio pasado bajo la jefatura en la fiscalía federal de Rosa Emilia Rodríguez Vélez y que fue uno de los elementos del Verano del 19 que desembocaron en la renuncia al cargo del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Keleher tiene un segundo caso pendiente, radicado bajo el nuevo jefe de la fiscalía, W. Stephen Muldrow, que es separado del primer caso y que no está incluido en las radicaciones de hoy.

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