Demandantes elogian orden judicial para reabrir comedores escolares
Uno de los abogados del caso manifestó que el pleito se trataba de reivindicar algo tan básico como el derecho al alimento
Los demandantes contra el Departamento de Educación (DE) elogiaron el sábado la determinación del juez superior de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, para que abran operaciones todos los comedores escolares.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó ayer al DE reabrir todos los comedores escolares del país para alimentar a la población estudiantil en medio de la pandemia por coronavirus y ordenó cumplir con la determinación "inmediatamente".
“Las personas que están pasando hambre en medio de estas circunstancias extraordinarias, que no tienen acceso a un plato de comida y las familias puertorriqueñas en general, salieron victoriosas con la decisión emitida por el juez superior Anthony Cuevas que ordena la reapertura de todos los comedores escolares como siempre debió haber sido”, dijo la abogada Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Según Pagán Jiménez, aunque han pasado más de dos meses desde que se decretó la cuarentena general que limitó el acceso a las escuelas, a los comercios, y a fuentes de ingreso de una gran parte de la población, esta es una decisión necesaria que se tiene que implementar ya. “Urge que el Gobierno rinda cuentas y que diga qué día abren los comedores”.
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“Esta sentencia llegó en un momento oportuno. Precisamente hoy (ayer viernes) estábamos recibiendo las llamadas de madres y padres de toda la Isla preocupados por la falta de alimentos. Esta noticia nos llena de alegría y al compartirla con esas familias sus expresiones son de profundo agradecimiento. Esta es una victoria para el pueblo”, dijo, por su parte, Carmen Warren del Comité Timón Padres y Madres de Educación Especial.
El grupo de demandantes incluyó a las organizaciones Proyecto Matria, Casa Juan Colón, Solidaridad Humanitaria, Comedores Sociales, el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial y personas de varios pueblos alrededor de la isla.
“En esta demanda se habló por aquellas personas que han sufrido, una vez más, la falta de sensibilidad y acción del Estado. Casa Juana Colón y otras organizaciones hermanas fuimos parte de algo histórico y vital para garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Como bien dijera el juez en la vista del viernes 15 de mayo en la que el DE debió ir preparado para demostrar que estaba cumpliendo con su deber de alimentar, “el enemigo es el COVID-19, no el pueblo”. Cuando se cree en la justicia social hay que dar la batalla, el pueblo nos necesita, nos necesitamos”, expresó Janice Soliván Roig, de Casa Juana Colón.
Por su parte, Giovanni Roberto, de Comedores Sociales, expresó que “hay que celebrar que más gente comerá gracias a esta decisión mientras nos aseguramos que se implemente con la urgencia que amerita. El estado tiene recursos para hacer incluso más, si enfrentara las situaciones con responsabilidad y sensibilidad. Pero es lo contrario, deciden reabrir la economía de manera apresurada mientras han puesto excusas tras excusas durante los pasados dos meses”. Este fue el líder comunitario que fue arrestado hace dos semanas durante una manifestación en Hato Rey.
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“Esta victoria será parte del historial de nuestro residencial. En nuestro residencial hay una población de más de 2,000 niños y entre las tres extensiones hay alrededor de más 4,000 personas. Este logro quedará para la historia como el único Residencial, que fue parte de esta demanda y con la cual mis niños, jóvenes y adultos de la tercera edad han ganado. Porque su salud mental, y su hambruna van a ser cubiertas por esta maravillosa sentencia. No más niños pasando hambre. Lo más maravilloso es que otros niños que no viven en nuestro residencial también van a beneficiarse de esta sentencia que ordena abrir los comedores escolares. Los buenos somos más. Mis lágrimas son de alegría”, reaccionó Lucía Santana, de Solidaridad Humanitaria del Residencial Manuel A. Pérez.
El licenciado Osvaldo Burgos Pérez, uno de los abogados del caso, manifestó que el pleito se trataba de reivindicar algo tan básico como el derecho al alimento en Puerto Rico.