Al final del desfile de prueba de LUMA, el tribunal relevó del interdicto a Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

LUMA Energy LLC, operador privado de la red eléctrica de Puerto Rico, intentó introducir testimonio sobre el fuego en el Centro de Distribución de Monacillos que causó un apagón general el jueves pasado para sustentar su solicitud de que se le prohíba permanentemente a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (UTIER) bloquear sus instalaciones, pero el tribunal no lo permitió.

Los abogados de LUMA intentaron introducir el evento del jueves pasado con el testimonio del vicepresidente de operaciones de la empresa, Todd McLaren, en la vista que hoy celebra su tercer día de desfile de prueba por la solicitud del operador privado de que al sindicato y a su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, se le prohíban permanentemente bloquear acceso a sus instalaciones.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti de inmediato aceptó una objeción del sindicato y consignó para el récord que ninguna de las alegaciones en ninguno de los documentos que ha sometido el operador al tribunal, y ninguna declaración jurada o testimonio, plantea que ese incidente sea resultado de que el sindicato violentó la orden de emergencia.

El hecho de que a este momento LUMA no haya complementado su solicitud con alegaciones y evidencia de que el fuego fue resultado de una violación de la orden por parte del sindicato, o alguna otra persona, es importante porque la empresa insiste en dejar sobre la mesa la posibilidad de que el incidente fuera resultado de sabotaje, aún cuando el Departamento de Seguridad Pública ya ha dicho que descarta mano criminal porque todo apunta a una “falla técnica”. A la fecha del fuego el jueves 10 de junio, LUMA tenía control exclusivo del centro de Monacillos y estaba en pleno vigor la orden de emergencia del juez en contra de manifestaciones que bloquearan accesos.

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La solicitud de LUMA también es para que la prohibición cubra a la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el juez ya decidió relevar del caso a esta asociación porque no hay alegaciones ni prueba suficiente de parte de LUMA que los coloque realizando los actos que se buscan prohibir.

El 4 de junio pasado, Martínez Piovanetti accedió a la solicitud de LUMA de emitir una orden de emergencia con duración de 10 días que prohibía a los demandados bloquear acceso a las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ahora están bajo el control del operador privado. Pero la orden está sujeta a presentación de prueba para determinar si a la prohibición se le da carácter de preliminar, el cual se puede convertir en permanente sujeto a otros trámites.

La vista de hoy es para que el juez decida si emite la prohibición de manera preliminar y, aunque no comparecieron para la vista de la orden de emergencia, ya la UTIER y Jaramillo han comparecido con representación legal y tienen pendiente una solicitud de desestimación.

La representación legal del sindicato y Jaramillo se ha concentrado en resaltar que ninguno de los testigos de LUMA tiene conocimiento personal de los eventos entre el 31 de mayo y el 1 de junio que dieron pie a la solicitud de interdicto, particularmente en Utuado, Caguas y Palo Seco, que son los lugares en los que el operador privado enfocó sus alegaciones. Hasta ahora, han testificado McLaren, la jefa de Seguridad de LUMA, y exsuperintendente, Michelle Hernández, y Herminio Ramos Meléndez, quien está a cargo del Centro de Control de Monacillos. Los testimonios se basan en informes de otros empleados, en videos noticiosos y en mensajes de redes sociales, lo cual el juez está permitiendo debido a que las reglas de Evidencia aplican con flexibilidad en un proceso de interdicto. No se ha introducido evidencia de que ocurrieran bloqueos en violación a la orden del 4 de julio.

LUMA no presentó videos que indicó tener sobre incidentes en las localidades ni el testimonio del teniente coronel Manuel De Jesús Fresco; el Comisionado Auxiliar de Operaciones de Campo, Juan Cáceres; y Orlando Rivera Negrón, Comandante del Área de San Juan; todos oficiales de la Policía con conocimiento directo de los incidentes.

El que testificó fue el asesor legal de la Policía, licenciado Pedro Santiago Soto, quien indicó que la orden de emergencia había ayudado a la coordinación de las manifestaciones, de un modo que garantizó acceso a las instalaciones a la vez que mantuvo el derecho de expresión de los manifestantes.

Martínez Piovanetti dijo que emitiría su decisión por escrito, no antes del viernes, y emitió una nueva orden, con los mismos criterios, que dura hasta el 21 de junio.

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Justo antes de tomar control de la red eléctrica, LUMA estaba buscando oficinas todavía