Equipo especializado del gobierno federal produce acusación después de carta de congresistas puertorriqueños.

Los recursos más especializados en crímenes contributivos del gobierno federal están detrás del arresto el miércoles del socio de BDO Puerto Rico, Gabriel Federico Hernández Colón, confirmando el protagonismo que ha adquirido esa firma de consultoría en la discusión sobre los programas de incentivos bajo las leyes 20 y 22. Hasta dónde llegue ese empuje del aparato federal, está por verse.

Con mayor fuerza durante este cuatrienio, BDO adquirió una dualidad sin paralelo: fue, a la misma vez, la firma de contabilidad y consultoría de mayor entrada en los asuntos de gobierno y una de las de mayor penetración en la comunidad de empresas e individuos acogidos a las leyes 20 y 22. Con Hernández Colón, por tanto, el gobierno federal puede tener simplemente un caso más de fraude contributivo o un cooperador con amplio conocimiento en los movimientos del gobierno y del sector privado durante los últimos años.

Cuando presentó la acusación, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, dijo que el caso “debe servir de advertencia a cualquier que esté considerando evadir impuestos mediante explotar ilegalmente las leyes contributivas federales y de Puerto Rico”. “Se exhorta a todas las personas que están involucradas en cometer fraude a que se acerquen a las autoridades, eso incluye a individuos que están usando fraudulentamente las leyes contributivas de Puerto Rico para evadir impuestos federales”, subrayó.

Ayer, mientras Hernández Colón acudía al Tribunal Federal para una cita rutinaria tras su arresto, agentes del IRS volvían a allanar las oficinas de BDO.

Con el arresto de Hernández Colón, ya los dos socios fundadores de la firma son fichados como acusados federales en un año y medio, y los hechos que se imputan en el pliego acusatorio revelado esta semana ilustran cómo, mientras procesaban públicamente al expresidente Fernando Scherrer Caillet, un agente encubierto del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) tendía la trampa al otro socio.

Distinto a Scherrer Caillet, quien tenía detrás de sus pasos al Negociado de Investigaciones Federales (FBI), la pesquisa contra Hernández Colón la tejía la División de Investigaciones Criminales del IRS y la supervisó la División de Impuestos del Departamento de Justicia central en Washington DC. Estos equipos están detrás de investigaciones como la que se conduce actualmente contra Microsoft precisamente por la forma en que consigue reducir sus impuestos federales mediante su filial en Puerto Rico. Específicamente, el fiscal Gregory E. Tortella, con unos 30 años de experiencia en esta división, procesó exitosamente en 2003 al empresario Marc Harris, vinculado extraoficialmente en Panamá con funcionarios de la administración del exgobernador Pedro Rosselló González.

La activación de este equipo del Departamento del Tesoro federal es cónsona con reclamos que se han hecho en el Congreso para que el Tesoro investigue el funcionamiento en Puerto Rico de las leyes 20 (crédito contributivo a empresas que desde Puerto Rico exportan servicios) y 22 (crédito contributivo a individuos de alto ingreso que escogen convertir a la isla en su residencia para efectos de impuestos).

En diciembre de 2019 los congresistas demócratas puertorriqueños José E. Serrano, Nydia M. Velázquez, y Alexandria Ocasio Cortez, así como Raúl M. Grijalva, pidieron al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin que realice más fiscalización de la operación de esas leyes. “Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal”, declararon los congresistas a la vez que consignaron que “tenemos entendido que el IRS está conciente de casos en los que negocios en los estados canalizan sus servicios a través ‘frentes’ corporativos en Puerto Rico que no hacen ningún trabajo real”.

El pliego acusatorio permite concluir que ese esquema que delinearon los congresistas en diciembre de 2019 estaba en marcha desde por lo menos seis meses antes, ya que el documento precisa que, desde mayo de 2018 un agente encubierto del IRS posando como una persona de altos ingresos ya estaba en contacto con Hernández Colón para perpetrar el supuesto esquema ilegal que da base a la acusación. La teoría del gobierno es que el encubierto contacta al socio de BDO para crear una empresa en Puerto Rico que le permita reducir los impuestos sobre sus ganancias mediante hacer que la empresa local tenga el beneficio de la Ley 20 (exportaciones). La local entonces recibiría el dinero que el individuo se “ganó” en los estados y, mediante la representación de un nivel mínimo de actividades en Puerto Rico, ese ingreso se tributaría de forma más favorable a como tributaría si el individuo lo reportara en los estados.

En una presentación que publicó el propio BDO sobre la operación de las leyes 20 y 22, detallaron que, de 328 empresas que tenían decretos de exportación al momento de la presentación, 114 (34.7%) se dedicaban a la “consultoría”, un concepto amplio en el mundo empresarial. Le siguieron “publicidad y relaciones públicas” con 43 decretos y “servicios financieros” con 30 decretos.

La edición de 2019 del informe annual del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre la operación de las leyes 20 y 22 indica que hay 1,680 decretos autorizados bajo la Ley 20 (exportación) y que el total de decretos bajo la Ley 22 (individuos) es 2,202. El informe proyecta que, para 2029, los decretos bajo Ley 20 deben llegar a 5,026 y bajo Ley 22 deben llegar a 6,392. Distinto a los decretos para individuos, los decretos por exportación pueden beneficiar a empresas locales y el informe dice que 35% de los decretos son de empresas locales. El gobierno, por ejemplo, ha publicitado la extensión de decretos bajo Ley 20 a figuras como cantantes de reguetón cuya exportación es la música que producen y los espectáculos que realizan internacionalmente.

Además de la carta de los congresistas demócratas en diciembre de 2019, el senador republicano Chuck Grassley dirigió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced con lenguaje condenatorio por la corrupción en la isla en la que menciona también el rol de BDO específicamente en el caso de Scherrer Caillet por las imputaciones que enfrenta sobre cómo pagó comisiones a un consultor del gobierno para obtener contratos públicos.

También, esta misma semana el diario The New York Times expuso que la primera investigación de fraude bancario internacional que tiene a cargo un grupo de agentes que representan a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá y los Países Bajos se centra en Euro Pacific Intl. Bank, Inc., una entidad financiera internacional fundada en Puerto Rico por Peter Schiff, un beneficiario de la Ley 22.

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados, el Departamento de Hacienda y el DDEC no estuvieron disponibles para esta historia. En particular, Hacienda y DDEC tendrían que explicar qué procesos de auditoría o de verificación realizan sobre la concesión de los decretos bajo las leyes 20 y 22. En junio de este año, un grupo de beneficiarios de la Ley 22 agrupados bajo la Act 20/22 Society demandaron al Gobierno de Puerto Rico porque entienden que los cambios que se han hecho a esta ley inciden sobre los compromisos que se hicieron con ellos mediante los decretos.

Sobre la transición de clientes que se supone Hernández Colón haga ya que una de sus condiciones de fianza es que no tenga contacto con ningún cliente, la relacionista Damarisse Martínez indicó que “la firma continúa operando bajo la estructura existente liderada por sus 12 socios y más de 140 empleados”.

Vea: Hasta dónde llegaron los tentáculos de BDO

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