Acuerdo a la vista sobre reestructuración del BGF
Luego de dos meses de litigios, las partes involucradas en la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sometieron un acuerdo ante la consideración de la jueza a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, que representaría un paso más hacia la meta final.
El convenio, que consiste de tres componentes principales, surge luego de meses de desacuerdo entre la Junta de Control Fiscal (JCF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comite de Acreedores no Asegurados (UCC), que representa los intereses de todos los acreedores no asegurados en el Título III de la Ley PROMESA, excepto los de COFINA.
En referencia al proceso, la magistrada agradeció la cooperación de las partes, al catalogarlo como uno complicado.
'Este ha sido un problema complejo dentro de los problemas bien complejos de la Ley PROMESA y les agradezco que hayan ayudado para resolverlo', exclamó Swain antes de marcharse a revisar el documento.
Según la moción presentada el viernes en la mañana, el monto de la deuda entre el Gobierno y el BGF será reducida a raíz de los fondos federales depositados en el banco --que no sobrepasan los $312 millones--, y serán transferidos al Fideicomiso de Entidad Pública de la entidad, según creado por la Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (Ley 109 de 2017).
El documento establece que las reclamaciones del BGF en contra del Gobierno respecto a dicha deuda seguirán sujetas a la asignación del caso de quiebra bajo el Título III, siempre y cuando ese reclamo no sobrepase los $578 millones.
Del mismo modo, el BGF tiene a su haber la transferencia de $20 millones en efectivo y un agregado de hasta $10 millones retenido en exceso al Fideicomiso de Entidad Pública del banco.
Por otra parte, las sumas de $114,108,631 y $32,948,612 --correspondientes a la Autoridad de Energía Electrica (PREPA, por sus siglas en ingles) y el Sistema de Retiro de Empleados Públicos-- deberán ser depositadas al Fideicomiso y estarán sujetas a reclamaciones.
Como parte del acuerdo, UCC renunciaría a someter reclamos futuros de acuerdo a la Ley 109 de 2017.
A preguntas de Swain, los abogados afirmaron que el acuerdo no atrasará el calendario de reestructuración del BGF, cuya deuda sobrepasa los $4,000 millones.
Este es solo un trato dentro del largo proceso de reestructuración del BGF, uno que según un reporte de Hedge Clippers, podría beneficiar a los banqueros que estuvieron involucrados con la inflación de la deuda de la agencia.