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Tribunales

Cuatro individuos sentenciados a prisión por delitos de pornografía infantil

La sentencia más larga fue de 17 años y seis meses.
Sede del Tribunal Federal.
Foto: CyberNews

El juez jefe del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl Arias Marxuach, sentenció a cuatro individuos en casos separados de producción y distribución de pornografía infantil, como parte de la iniciativa Proyecto Niñez Segura.

Las condenas resultaron en largas sentencias de prisión para los acusados, quienes fueron declarados culpables de explotar a menores a través de plataformas en línea.

Noah Spearman, de 23 años, fue sentenciado el 4 de septiembre de 2024 a 327 meses (27 años y tres meses) de prisión, seguido de libertad supervisada de por vida. Spearman se declaró culpable de cuatro cargos de producción de pornografía infantil, que involucraban a cuatro víctimas de entre nueve y once años, entre agosto de 2021 y julio de 2022. Spearman utilizó aplicaciones de redes sociales como Snapchat y WhatsApp para explotar a las víctimas.

Christopher Joel Rabell-Piñeiro, de 26 años, fue sentenciado el 29 de agosto de 2024 a 210 meses (17 años y seis meses) de prisión y 15 años de libertad supervisada. Se le acusó de coaccionar a una niña de 12 años para que participara en conductas sexualmente explícitas entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, utilizando servicios de mensajería instantánea.

Eric Torres-Nieves fue sentenciado el 3 de septiembre de 2024 a 66 meses (cinco años y seis meses) de prisión, seguido de 20 años de libertad supervisada, tras ser declarado culpable de posesión de pornografía infantil en sus dispositivos electrónicos.

Bladimir López-Sanes fue sentenciado el 5 de septiembre de 2024 a 72 meses (seis años) de prisión, seguido de seis años de libertad supervisada, por transferir pornografía infantil a través de internet.

Estos casos fueron procesados bajo el Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual infantil y el abuso. La iniciativa moviliza recursos federales, estatales y locales para enjuiciar a los responsables y rescatar a las víctimas.