“Esta resolución es una clara victoria para la transparencia y la rendición de cuentas. La decisión fortalece nuestro compromiso con la integridad en el servicio público”, indicó el representante Héctor Ferrer Santiago.

El Tribunal de Apelaciones ha ordenado a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) entregar el expediente investigativo de Rafael Machargo a la Comisión Anti-Corrupción de la Cámara de Representantes, dirigida por el representante popular Héctor Ferrer Santiago.

Previamente, el juez superior Alfonso Martínez Piovanetti había determinado que la OEG había incurrido en desacato por no entregar a la Cámara de Representantes el expediente de una investigación y estableció el 10 de mayo como un último plazo antes de emitir orden de arresto contra el director ejecutivo de la entidad o imponer multa indefinida.

Ya el juez había ordenado la entrega del expediente sobre la investigación, cerrada sin querella, contra Machargo. Si la OEG tenía objeción de entregar algún documento particular dentro del expediente, se supone que lo detallara en una bitácora para elevarlo a la atención del juez y había descartado argumentos de la OEG, como que el expediente estaba fuera del alcance de la resolución que autorizó a la Comisión Anti-Corrupción e Integridad Pública a investigar a agencias como la OEG.

“Esta resolución es una clara victoria para la transparencia y la rendición de cuentas. La decisión fortalece nuestro compromiso con la integridad en el servicio público”, indicó Ferrer Santiago.

El Tribunal de Apelaciones reafirmó la posición de la Cámara de Representantes, adjudicando que tienen la facultad legislativa y constitucional de acceder a documentos esenciales para llevar a cabo las funciones de fiscalización. El tribunal destacó que, conforme a los artículos I, Sec. 2 y Art. IV, Secs. 1 y 4 de la Constitución de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de investigar y acceder a la información necesaria para legislar de manera informada y efectiva.

Sin embargo, por otra parte, Ferrer catalogó como lamentable y paradójico que la Oficina de Ética Gubernamental, liderada por Luis Pérez, haya intentado torpedear la función legislativa al negarse a entregar información crucial y acudir al Tribunal de Apelaciones en un intento de ocultar la verdad. La negativa inicial de la OEG y su subsecuente desacato al mandato del tribunal subrayan la importancia de esta resolución, que impide cualquier intento de esconder información y reafirma que nadie está por encima de la ley.

“Con esta decisión, continuaremos nuestro trabajo para asegurar que todas las entidades gubernamentales operen bajo el principio de transparencia y que los funcionarios públicos rindan cuentas a los ciudadanos de Puerto Rico”, concluyó Ferrer Santiago.