Uno de los argumentos que levanta el Departamento de Justicia es que no representa una doble exposición.

Ante la avalancha de críticas y cuestionamientos dirigidos al Departamento de Justicia por demandar a unos 30 convictos a quienes quiere reclamarle tres veces el dinero malhabido por sus actos de corrupción ya probados la agencia divulgó un breve comunicado en que defendió la determinación.

“La pena de restitución en un proceso criminal federal no impide de ninguna forma que el Departamento de Justicia de Puerto Rico reclame una indemnización, mediante acciones civiles en los tribunales de la Isla, por el daño causado al pueblo puertorriqueño por parte de convictos por corrupción. Los casos presentados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico son acciones civiles remediales y diferentes a las acciones criminales presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos en el foro federal. Las penas impuestas a nivel federal en nada indemnizan el daño económico al Gobierno de Puerto Rico”, indicó la secretaria auxiliar de lo Civil en la agencia, Susan Peñagarícano Brown.

Según indicó la funcionaria, no aplica la docrtrina de doble exposición porque no se trata de un nuevo encausamiento criminal en un foro distinto. Describió las acciones de Justicia como de carácter civil y remedial y sostuvo que el Código Anticorrupción, bajo su artículo 5.2, faculta a la agencia a “reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico”.

Peñagarícano Brown aseguró que Justicia no contratará bufetes externos para litigar los casos, aunque ella no puede hacer esa aseveración ya que nada garantiza que ella o su jefe estarán en la dependencia a partir de enero.

“(Los casos) Son manejados por los abogados y abogadas adscritos a la Secretaría Auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia, los cuales son empleados de la agencia”, dijo.