Supuestamente el esquema ilegal no fue ejecutado para afectar el resultado de la elección especial en que Juan Oscar Morales se convirtió en senador por San Juan.

Un gran jurado federal emitió acusaciones contra cuatro empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) asignados a la Oficina Postal 65 de Infantería en San Juan, por un retraso de correo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1703(a), según anunció este jueves la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Cuatro carteros individuales, empleados por el USPS, retrasaron ilegalmente y no entregaron un total de 40 piezas de correo electoral de las Elecciones Especiales de septiembre de 2022 a votantes activos domiciliados en San Juan.

En septiembre de 2022, la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico llevó a cabo una Elección Especial para la vacante del Senado del Distrito 1 de San Juan, Puerto Rico. Como parte de los servicios de la Comisión brindados para la Elección Especial, en agosto de 2022, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (“JAVAA”) envió boletas por correo a ciertos votantes elegibles en Puerto Rico, a través del servicio de correo certificado de USPS.

Las acusaciones fueron las siguientes:

Cada empleado de USPS fue acusado por separado de demora ilegal del correo, pero no ha sido acusado de participar en una conspiración o plan para afectar la Elección Especial. La fiscalía no explicó por qué los empleados retuvieron a propósito esa correspondencia.

La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS-OIG) está investigando el caso con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en consonancia con la misión de garantizar la eficiencia, la responsabilidad y la integridad en el Servicio Postal de los Estados Unidos.

“Votar permite a las personas opinar en las decisiones que afectan sus vidas y comunidades, y es una herramienta poderosa para promover el cambio social. Sin el derecho al voto, los grupos marginados pueden quedar aún más excluidos del proceso político, perpetuando la desigualdad y la injusticia, razón por la cual el acceso igualitario es crucial y por eso tenemos esta opción de recibir la boleta por correo”, dijo Joseph González, agente especial encargado de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.

“Los funcionarios públicos de todas las agencias gubernamentales deben comprender que se les exige un estándar más alto. La gente depende de nosotros, y aquellos que no están dispuestos a cumplir con sus deberes sólo perjudican a las comunidades a las que debemos servir. Quiero agradecer a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico por informar rápidamente esto y a nuestros valiosos colegas de la OIG del Servicio Postal de Estados Unidos, quienes nunca dudan en hacer lo correcto”, agregó.

Los acusados tienen programadas sus comparecencias iniciales ante la corte hoy ante la jueza federal Giselle López Soler del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión.

Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

La fiscal federal adjunta Michele Colón y la fiscal federal adjunta especial Tania Salas De Jesús del USPS-OIG procesan el caso.