Insisten en el desembolso de $8.1 millones para aumentos y también solicitan reunión con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica.

Los empleados judiciales reclamaron, hoy lunes, trato igual por parte del gobierno en el otorgamiento de un aumento salarial que cumpla con el Principio de Mérito de la Rama Judicial.

Según denunciaron, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cuenta con $8.1 millones destinados al aumento salarial de los empleados que se desconoce si la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) solicitó.

La denuncia la realizan posterior a la aprobación de un aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2023, a los jueces y juezas del Sistema Judicial en la isla.

“El gobierno debe atender el aumento a los empleados del poder judicial con el mismo carácter de urgencia en que atendieron el reclamo de aumento por parte de los jueces y juezas. La realidad es que el Plan de Retribución y Clasificación para los empleados del Poder Judicial recientemente aprobado eliminó los pasos por mérito, que incluyen pasos por años de servicio, a los empleados. Dicho plan benefició a los empleados nuevos mientras que aquellos que llevan años en el sistema recibieron desde cero hasta una cantidad ínfima de dinero. Entendemos que el aplicar los $8.1 millones para el Principio de Méritos finalmente permitirá a los empleados ver un aumento en sus salarios”, denunció Amircal Gerena Román, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ).

Gerena Román dijo además que el Plan de Retribución y Clasificación impactó de manera adversa al 60% de los empleados al omitir considerar la antigüedad de su servicio. Fue frente a las Oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal hasta donde los empleados llevaron su reclamo.

“Llegamos hasta aquí, para que tanto la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz así como la Junta de Supervisión Fiscal hagan justicia a los empleados judiciales y restituyan nuestros derechos y el reconocimiento al mérito y la antigüedad del servicio. Por ello, nuestro llamado es que instruyan a la OGP a asignar los $8.1 millones para que con ello se devuelvan los fondos a los empleados y el reconocimiento de los derechos ganados por años de servicio”.

El reclamo se extenderá más allá de la denuncia realizada ya que Gerena Román adelantó que enviaron una misiva al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la cual solicitan una reunión. “Continuaremos nuestra lucha hasta obtener una respuesta favorable y resultados que hagan justicia a todos los empleados judiciales”, afirmó el también alguacil.