Reclaman, entre otras cosas, que la Cámara de Representantes, que ha retado el mecanismo en ley para otorgar el aumento, carece de legitimación activa.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) ha solicitado, a través de su representación legal, que el Tribunal Supremo de una vez resuelva la controversia legal en torno al aumento salarial a los jueces y juezas y lo haga desestimando el recurso de apelación presentado por la Cámara de Representantes.

Se trata de una recurso legal discrecional, lo que significa que el Alto Foro puede o no aceptar atender la controversia antes de que lo haga el Tribunal de Apelaciones.

El pasado viernes, la Cámara presentó la apelación al fallo del juez Anthony Cuevas Ramos, quien resolvió que la aprobación del presupuesto del país en junio fue suficiente para dar paso al incremento salarial.

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Recientemente también el juez Ricardo Marrero presentó un recurso para que se desestimara la apelación de la Cámara.

En el caso de la APJ, se argumenta en el recursos de Certificación que la apelación de la Cámara debe ser desestimada debido a que el cuerpo legislativo no tiene lo que se conoce como legitimación activa y también cumplió con las normas sobre notificaciones, en concreto el no notificar a la Oficina de la Administración de los Tribunales, que es parte demandada.

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Según los abogados del bufete Aldarondo & López Bras, el Tribunal Supremo debe intervenir en el caso ya que está sobre la mesa una controversia novel de derecho constitucional. La representación legal de la APJ también señala que la aprobación del presupuesto constituye un mandato claro para que se conceda el aumento salarial y que el mecanismo utilizado para crear el presupuesto, la Resolución Conjunta, “tiene fuerza de ley”.

También señalan que no aprobar el aumento salarial trastocaría la autonomía y buen funcionamiento del poder judicial y tendría el efecto de violar la Constitución al infringir en la separación de poderes.