Paraliza el trámite ante el Tribunal de Apelaciones, ordena a las partes a expresarse y reclama la entrega del expediente.

El Tribunal Supremo ha decidido expedir el auto de certificación con que paraliza todos los procedimientos judiciales relacionados al aumento de salario de los jueces para finalmente decidir la controversia.

En una resolución firmada por el secretario del Tribunal Supremo, Javier Sepúlveda, se acoge la petición de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ). Acto seguido, ordena al Tribunal de Apelaciones detener el trámite que tenía ante sí, como la apelación presentada por la Cámara de Representantes.

Además de ordenar a dicho foro entregar el expediente, le otorga cinco días laborables a las partes para se expresen sobre la controversia.

Más temprano hoy, la APJ había radicado el auto de certificación al solicitar la desestimación de la apelación de la Cámara.

El pasado viernes, la Cámara presentó la apelación al fallo del juez Anthony Cuevas Ramos, quien resolvió que la aprobación del presupuesto del país en junio fue suficiente para dar paso al incremento salarial.

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Recientemente también el juez Ricardo Marrero presentó un recurso para que se desestimara la apelación de la Cámara.

En el caso de la APJ, se argumenta en el recursos de Certificación que la apelación de la Cámara debe ser desestimada debido a que el cuerpo legislativo no tiene lo que se conoce como legitimación activa y también cumplió con las normas sobre notificaciones, en concreto el no notificar a la Oficina de la Administración de los Tribunales, que es parte demandada.

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Según los abogados del bufete Aldarondo & López Bras, el Tribunal Supremo debe intervenir en el caso ya que está sobre la mesa una controversia novel de derecho constitucional. La representación legal de la APJ también señala que la aprobación del presupuesto constituye un mandato claro para que se conceda el aumento salarial y que el mecanismo utilizado para crear el presupuesto, la Resolución Conjunta, “tiene fuerza de ley”.

También señalan que no aprobar el aumento salarial trastocaría la autonomía y buen funcionamiento del poder judicial y tendría el efecto de violar la Constitución al infringir en la separación de poderes.