Una jueza del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla encontró causa probable para juicio contra el Hogar Mi Pequeño Paraíso, el administrador de dicha institución y una funcionaria del Departamento de la Familia (DF), a quienes se les imputa haber perpetrado un esquema fraudulento mediante el cual se apropiaron del dinero correspondiente a tres personas de edad avanzada residentes del Hogar.

Johnny Pitre Acevedo, administrador del Hogar de cuidado prolongado, enfrenta 29 cargos, que incluyen explotación financiera, negligencia en el cuidado de personas, apropiación ilegal de fondos públicos, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos falsos.

Mientras, contra la institución pesan cargos de intervención indebida y apropiación ilegal de fondos, tanto públicos como privados. También se encontró causa por perjurio contra Nereida Rivera Feliciano, supervisora local de Isabela del DF.

La pesquisa se originó a través de un referido del Departamento de la Familia a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia, dirigida por el licenciado Luis Freire Borges. La investigación estuvo a cargo de las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, junto a los agentes Gricel García Gregory del MFCU y Aneudi Mercado Cortés de la División de Propiedad del CIC de Aguadilla del Negociado de la Policía.

Según la investigación, mientras Pitre Acevedo fungía como administrador del Hogar, utilizó su posición para manejar y apropiarse ilegalmente y de manera fraudulenta de $108,588.20 perteneciente a tres envejecientes que tenía bajo su cuidado y protección. Como consecuencia de los actos de explotación financiera y maltrato institucional, las víctimas quedaron desprovistas de su dinero proveniente de distintas fuentes, estatales y federales.

Surge de la prueba presentada por el Ministerio Público en la vista preliminar que, durante 39 meses, tanto Pitre como la corporación Mi Pequeño Paraíso, reclamaron y se apropiaron fraudulentamente de los fondos que les correspondían a adultos mayores por virtud del programa para incentivos para mitigar el impacto de la pandemia del Covid 19, creado mediante legislación federal conocida como Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (Cares Act).

De igual forma, Pitre se apropió fraudulentamente del dinero perteneciente a una adulta mayor que era producto de la pensión de la Junta de Retiro de Maestros, el cual el imputado manejó a través de la cuenta de la corporación Mi Pequeño Paraíso. Asimismo, manejó ilegalmente y se apropió de los beneficios de Seguro Social de otra residente del Hogar.

La jueza Sandra Segarra Vázquez no encontró causa para juicio contra Ernesto Tavárez Ramos, director regional Aguadilla del DF, por su participación en el esquema. El Ministerio Público evaluará si presentará una petición de vista preliminar en alzada para presentar nuevamente los cargos en su contra.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico, recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza $980,092 para el año fiscal 2023-2024, el restante 25 por ciento, que totaliza $326,693.79 es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.