Bufete que representa a la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura entiende que el procedimiento es claro y que le toca a la Oficina de Gerencia y Presupuesto solicitar la transferencia a la Junta de Supervisión Fiscal.

El bufete Aldarondo & López-Bras, representante legal de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, advirtió hoy al Departamento de Justicia que necesitan obtener una actualización de las gestiones que se están haciendo para hacer valer la Sentencia que viabilizó el aumento salarial a los jueces o acudirá al tribunal para notificar el incumplimiento.

“Le recuerdo respetuosamente que, por tratarse de un remedio extraordinario, la transferencia de los fondos en cuestión constituye una gestión que es de ejecución inmediata. En ese sentido, agradeceremos, muy encarecidamente, que nos informe, por escrito, el estatus de las gestiones que está llevando a cabo la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) ante la JSF (Junta de Supervisión Fiscal). De no recibir su comunicación con la información aquí solicitada en los próximos dos día, acudiremos ante el TPI (Tribunal de Primera Instancia) para salvaguardar los derechos de nuestro cliente y solicitar la ejecución de la Sentencia”, lee la carta firmada por Eliezer Aldarondo Ortiz y dirigida al secretario de Justicia, Domingo Emanuellli.

Justicia representa en el pleito a la OGP.

El 17 de noviembre el juez Anthony Cuevas Ramos le dio la razón a los demandantes en el pleito en torno al aumento salarial de los jueces y determinó, en su Sentencia, que la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) tenía que hacer las gestiones necesarias ante la JSF para que se hiciera la correspondiente transferencia de fondos para cumplir con el incremento salarial.

El lunes, el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, circuló un memo interno en que indicó que se había realizado una reunión con representantes de la JSF, incluyendo su director ejecutivo Robert Mujica.

“La JSF nos expresó que, procesalmente, la OGP debía ser la entidad que formulara a la Junta la petición para la transferencia de los fondos, por considerar que estos se encuentran bajo custodia de dicha agencia”, indicó Steidel Figueroa en el memo.

“Siendo la JSF la entidad que autoriza el traspaso o transferencia de los fondos, no puede haber duda alguna, ante las expresiones categóricas del Director Ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, y su equipo de trabajo, de cuál es el trámite procesal a seguirse. Su representado, el Gobierno de Puerto Rico, a través de la OGP, es la entidad “que [debe] formular a la Junta la petición para la transferencia de los fondos”, indicó Aldaronto Ortiz en su carta a Emanuelli.

El lunes, la OAT envió una carta a la OGP para notificar la postura de la JSF y solicitar a la OGP que haga la petición a la JSF.

El director de la OGP, Juan Carlos Blanco, confirmó a NotiCel que recibió la carta de la OAT.

“Nos informa sobre una reunión que sostuvo con funcionarios de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) y en la cual, alegadamente, la JSAF solicitó que procesalmente la OGP fuese la entidad que formulara la petición de la liberación de los fondos para efectuar la revisión salarial a la judicatura. Sin embargo, la OGP no fue parte de la conversación entre la OAT y la Junta, y dado a que la petición de la OAT no es cónsona con el proceso ordinario para este tipo transacción, nos encontramos evaluando la misma para determinar el curso de acción apropiado”, indicó Blanco en declaraciones escritas.

Los salarios judiciales no se revisaban desde 2003 y las escalas nuevas implican 24% de aumento para llevar el salario del juez presidente a $154,556; 20% para llevar el de los jueces asociados a $144,480; 24% para llevar el de los jueces apelativos a $130,579; 32% para llevar el de los jueces superiores a $118,133 y 32% para llevar el de los jueces municipales a $91,764.