El magistrado consolidó la demanda del juez de apelaciones Ricardo Marrero Guerrero y un recurso legal de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.

El juez Anthony Cuevas Ramos ha pautado para el 15 de noviembre una vista en que atenderá la demanda presentada hoy por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) con que se busca declarar que el hecho de que no se haya honrado, con la aprobación del presupuesto que entró el vigor 1 de julio se le causó daño a la independencia judicial.

Además, reclaman que la negativa de la Legislatura en aprobar el proyecto de ley que incrementa el salario de los jueces viola la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.

Figuran como demandados la Cámara de Representantes, representada por Rafael “Tatito” Hernández Montañez; el Senado, representado por José Luis Dalmau Santiago, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Justicia.

Más temprano hoy trascendió que el juez de apelaciones Ricardo Marrero Guerrero, también demandó al gobierno y la Legislatura buscando un remedio similar.

Según se indicó en un comunicado de prensa de la APJ. la Constitución de Estados Unidos establece que la compensación de los jueces federales "no podrá ser disminuida durante su permanencia en el cargo", subrayando la importancia de proteger la independencia judicial de influencias políticas. La APJ sostiene que la falta de aumento salarial, a pesar de ser aprobado por la Resolución Conjunta Núm. 39-2023, afecta la independencia judicial al no garantizar una compensación justa y competitiva para atraer y retener a jueces calificados.

La APJ señala que la Ley de la Judicatura de 2003 estableció los sueldos de los jueces, y desde entonces, la compensación judicial en Puerto Rico ha quedado rezagada en comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos de América.

Según el "Survey of Judicial Salaries" del National Center for State Courts, la Judicatura de Puerto Rico es la segunda peor compensada, solo superada por el territorio de Samoa Americana. El estudio también revela que la falta de ajuste salarial ha afectado la capacidad del Poder Judicial para atraer a abogados calificados, lo que pone en riesgo la calidad de la judicatura en la isla.

La APJ destaca la importancia de un salario competitivo para garantizar que los mejores profesionales del derecho estén dispuestos a servir en el Poder Judicial.

El Juez Carlos G. Salgado Schwarz, en sus declaraciones, enfatiza la necesidad de una interpretación constitucional clara sobre la independencia judicial, señalando que la remuneración judicial es parte integral de la separación de poderes en Puerto Rico. La APJ espera que este Honorable Tribunal tome en consideración estos argumentos en la resolución de la controversia constitucional, reafirmando la importancia de la independencia judicial y la necesidad de garantizar una compensación justa para los jueces en el ejercicio de su función crucial en el sistema democrático.