Una querella planteó que la senadora utilizó recursos del Senado para fines políticos y en violación a la Ley y el Reglamento.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) coincidió con el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en cuanto a su recomendación de no nombrar un FEI a la senadora Migdalia González Arroyo.

Este caso surge con una querella en la que se planteó que la senadora utilizó recursos del Senado para fines políticos y en violación a la Ley y el Reglamento.

"Nuevamente el Panel del Fiscal Especial Independiente utiliza su oficina para perseguir a los líderes del PPD. Hace semanas el Departamento de Justicia al igual que el Contralor Electoral me notificaron por escrito y personalmente que no había causa para investigar a esta servidora tras una querella frívola del senador Thomas Rivera. Estaba confiada que así sería, pues mi carrera política se ha caracterizado por trabajar en ley y orden.   Para hacerme daño a mí y al PPD hoy envían un comunicado de prensa innecesario para informar un asunto que me pudieron notificar en privado. Hoy, utilizan mi nombre para poder decir que no es una persecución en contra de los populares, se les ve la costura.  Tratan de silenciar nuestra voz pero no lo van a lograr. Seguiré enfocada en defender los postulados de mi partido y de mi distrito", sostuvo González en declaraciones escritas.

Las alegaciones consistieron, en particular, en el uso del número telefónico del cuadro del Senado en un anuncio político-partidista publicado en la red social de la senadora de referencia.

El secretario de Justicia refirió el asunto a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) para que realizara una investigación preliminar al respecto.

Como parte de su pesquisa, la DIPAC entrevistó a varios testigos, tomó declaraciones juradas y se expidieron requerimientos legales a diferentes entidades públicas y privadas.

La senadora González Arroyo respondió a la querella que el uso del teléfono del senado, en un anuncio político, fue un error de inadvertencia de la persona que maneja sus redes sociales.

Durante la pesquisa, se entrevistó al señor Jiovannie Rodríguez Soto, empleado de la oficina de la senadora González Arroyo, quien pagó y publicó este anuncio político-partidista, supuestamente durante horas laborables del Senado. Sin embargo, esto quedó desmentido cuando se corroboró en la hoja de asistencia, que este empleado se encontraba de vacaciones entre el 6 y el 12 de febrero de 2023.

Sobre el contenido del video en cuestión, indicó que ni en su ubicación ni en el texto que subió a fan page no contenían ningún número de teléfono. “Luego de solicitarle a Facebook que se hiciera un anuncio sobre el post [sicl que yo subí a la cuenta de fan page, estos hicieron una configuración al anuncio que desconozco”.

Agregó que posterior a finalizar el video, varios segundos después, aparecía el número de teléfono 787-724-2030 que es el cuadro telefónico del Senado de Puerto Rico.

Expuso, además, que el 6 de febrero de 2023 la senadora González Arroyo se comunicó por teléfono con él para informarle que el número del cuadro telefónico del Senado aparecía en la promoción de Facebook. A renglón seguido le impartió instrucciones para que eliminara dicho número en el anuncio en Facebook.

Dijo que canceló el anuncio y que automáticamente quedó como originalmente se había “posteado”, es decir, sin la configuración que había añadido Facebook como parte de la promoción.

Otro de los entrevistados fue el agente Luis Antonio F. Maldonado Miranda, actual director de la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Éste indicó, que Facebook conserva únicamente la información que se encuentra en la página al momento de solicitar la preservación. Es decir, si la publicación se eliminó antes de solicitar la preservación de la página de Facebook ésta no se puede recuperar.

Por su parte, el agente Luis Antonio Lassalle Vargas —quien cuenta con una vasta experiencia, conocimientos y adiestramientos en el área de tecnología y sistemas de información— aseveró, que la red social Facebook provee la opción automática para la empresa seleccionar los objetivos de la promoción. Por consiguiente, automáticamente pudiera publicar un número telefónico dentro de la promoción de un anuncio; que Facebook adquiere de la información que aparece registrada en la sección de contacto de la página.

A base de la prueba recopilada por la DIPAC —parte de la cual se mencionó anteriorrnente— ésta concluye en su Informe Preliminar que no existe causa suficiente para creer que la senadora González Arroyo ni su director de Asesores y Servicios Operacionales, Sr. Jiovannie Rodríguez Soto, hayan incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento jurídico, por los hechos investigados.

“La querellada no ordenó ni avalo la publicación del número del cuadro telefónico en el mencionados anuncio”, puntualiza la DIPAC.

Por ello, le propusieron al secretario Emanuelli, que no se designara un FEI en este caso, quien acogió dicho consejo y asimismo se lo recomendó al Panel.

Por su parte, el Panel expresa, en su resolución, que luego de evaluar el referido del DJPR, acoge la recomendación del Secretario de Justicia, por considerar que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI.