El proceso de selección del jurado comienza mañana, pero hoy está pautada una vista de estado de los procedimientos.

El inicio del proceso de selección de jurado en el caso por asesinato contra Pablo Casellas arrancará mañana con el inicio del proceso de selección del jurado ante la magistrado Nerisvel Durán, del Tribunal de Bayamón.

Hoy está pautada a las 2:00 p.m. una vista de estado de los procedimientos.

Ese proceso de desinsaculación del jurado se espera que sea arduo y lento precisamente por la extensa cobertura mediática que ha recibido todos los procedimientos relacionados al caso, desde el momento del crimen de Carmen Paredes, el tiempo que tomó la investigación policial, el juicio celebrado en el 2014 y el proceso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Boston ordenó un nuevo juicio contra Casellas, a quien se le imputa la muerte de su esposa Carmen Paredes en hechos ocurridos en el 2012. Se declaró ha lugar la petición de nuevo juicio ya que en el primero, celebrado entre octubre del 2013 y enero del 2014, se logró una convicción que no fue unánime.

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Caselllas, quien está en la libre comunidad, enfrenta cargos por asesinato, violaciones a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y emitir declaraciones falsas sobre un delito. La muerte de Paredes ocurrió el 14 de julio del 2012 y tras el primer veredicto, Casellas fue sentenciado a 109 años de prisión.

El hijo del fenecido exjuez federal Salvador Casellas, clamó por su inocencia el día en que fue sentenciado y su defensa planteó que el primero juicio dirigido por el juez José Ramírez Lluch estuvo plagado de errores. Tras la decisión del Tribunal Supremo federal en agosto del 2015 en Pueblo vs. Sánchez Valle, cuando el Alto Foro determinó que Puerto Rico no era soberano y que todo caso grave a nivel estatal necesitaba un veredicto de unanimidad para lograr una convicción, el 24 de noviembre de 2015, el Tribunal Apelativo concedió un segundo juicio al concurrir con los argumentos presentados por los abogados del acusado.

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La Fiscalía de Bayamón busco el auxilio del Tribunal Supremo, que revocó al Apelativo en abril del 2017 y devolvió el caso al Apelativo para atender otras controversias de derecho más allá de la unanimidad.

En mayo del 2020, el Tribunal Apelativo nuevamente tomó la determinación de conceder un nuevo juicio a Casellas.

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La teoría de la fiscalía, presentada en el primer juicio, apuntaba a que Casellas mató a Paredes ya que ella se quería divorciar. Para probarlo, sentaron en el banquillo de los testigos a la madre de Paredes, Aracelis Cintrón, quien indicó en sala que el propio Casellas le había confirmado que su hija quería el divorcio.

También prestó testimonio en el primer juicio Ricardo Antonio Saldarriaga, quien fue empleado de Paredes y señaló que había constantes discusiones entre Paredes y Casellas y que, en un momento dado, el entonces acusado lo llevó a un cuarto donde guardaba sus armas

En el juicio desfiló prueba que apuntó a que los proyectiles encontrados en el cuerpo de Paredes fueron disparados desde un arma de fuego que Casellas había reportado como robada en medio de un carjacking ocurrido en junio de 2012.

El 7 de enero de 2014 Luis Alberto Guzmán, vecino de la barriada Los Filtros y paciente de metadona, cerca a la escena del crimen en Guaynabo, testificó que el día del crimen observó a una persona de tez blanca lanzar un objeto, que luego identificó como una pistola, desde un Mercedes Benz gris hacia la acera del Supermercado Amigo de la Avenida Santa Ana.

El hombre recuperó el arma y luego la vendería en un punto de drogas por su casa a un individuo identificado como Joselito Rivera. Supuestamente le dijeron que la pistola valía $3,000 en la calle, pidió $1,000 a Rivera y recibió $100 y marihuana.

A cambio de su declaración, el Ministerio Público ofreció al testigo inmunidad y no le radicó cargos de posesión y venta de un arma ilegal. Por estos cargos, se exponía a una pena de 35 años de cárcel.

Durante el juicio, el abogado de Casellas, Harry Padilla, minó su credibilidad al hacerlo reconocer que había mentido en varias ocasiones sobre el hallazgo del arma de fuego y que finalmente admitió haberla encontrado por miedo a ser delatado por el hombre a quien le vendió el arma.

También reconoció que recibió $400 y no $100 por el arma ilegal.

Hoy, al salir de la vista de estado de los procedimientos, Padilla se negó a contestar si en algún momento la defensa se acercó al Estado para proponer algún tipo de acuerdo en el que su cliente se declarara culpable.

En julio de 2017, NotiCel publicó que los abogados Harry Rodríguez, Juan Ramón Acevedo y Arturo Negrón García, al presentar una solicitud de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, señalaron que Joselito Rivera Seda declaró bajo juramento el 4 de febrero de 2016 en el estado de Pensilvania, que la fiscal Janet Parra le indicó que si cooperaba y testificaba en el caso contra Casellas, hablaría con las autoridades en el estado de Nueva Jersey para que no prosiguieran en su contra por narcotráfico.

A Rivera Seda se le ofreció un acuerdo de inmunidad que se le hizo público a la defensa aunque no por completo, según los representantes legales de Casellas. En dicho acuerdo con la fiscalía, se acordó archivársele un cargo criminal a Rivera Seda en Puerto Rico, pero dos años después la defensa advino que el hombre también transó un acuerdo para que se le archivara un caso en su contra en el estado de Nueva Jersey.

A nivel federal, Casellas fue convicto también y sentenciado a un años y nueve meses de prisión por mentirle a agentes del FBI. Sin embargo, esa convicción fue anulada cuando un panel concluyó que Casellas no tuvo un juicio justo e imparcial.

Casellas es representado por el abogado Harry Padilla. Mientras, Iván Rivera, Edwin Ortiz, Gabriel Redondo y Lis López Rivera representan al Ministerio Público.

Ha trascendido que la fiscalía ha podido contactar a cerca de 50 testigos que presentaron algún tipo de testimonio en el primer juicio.