Órdenes protectoras en dos casos involucrados en esquema de soborno a Wanda Vázquez
Ambos se declararon culpables.
El juez federal Francisco Besosa emitió órdenes protectoras en los casos contra el contratista del Partido Nuevo Progresista (PNP), John Blakeman, y la exejecutiva Bancrédito, Francés Díaz, quienes se declararon culpables de un esquema de soborno que involucra a la exgobernadora y ahora acusada federal, Wanda Vázquez Garced.
La orden del togado, en ambos casos, establece que los involucrados, entre ellos la defensa legal, no deben discutir con la prensa, en redes sociales o en público, ningún asunto relacionado al proceso legal que no sea discutido abiertamente en corte.
Una movida parecida ocurrió en el caso contra Vázquez Garced. En esa línea, el también juez federal Raúl M. Arias Marxuach impuso las mismas restricciones al caso para asegurar un proceso judicial justo.
Ayer, en declaraciones escritas, la Fiscalía federal apoyó la movida de Arias Marxuach indicando que apoyan la orden de protección en el caso.
Te puede interesar: Prueba involucra a Vázquez Garced en el "esto por aquello" de donativo de banquero
“El gobierno solicita respetuosamente que se emita una orden de protección que rija el uso que se puede hacer de todo el material de descubrimiento que el gobierno proporciona a los acusados en este caso”, reza el documento que sometieron al togado ayer.
La exmandataria está acusada de percibir un soborno para su infructuosa campaña por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, y fraude electrónico. Se le acusa de aceptar miles de dólares en consultores y una encuesta sufragada por el fundador de Bancrédito, Julio Herrera Velutini, que estuvo acompañada de la exigencia específica de que sacara de su cargo al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Richard Joyner Kelly.
El ejecutivo de Bancrédito consideraba a Joyner Kelly un obstáculo para su intención de que ese banco, que opera bajo las regulaciones aplicables a bancos extranjeros, pudiera ampliar sus negocios en Puerto Rico.
Blakeman y Díaz, involucrados en la trama, se declararon culpables.